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Con el voto dirimente de Jorge Montoya (Renovación Popular), la subcomisión evaluadora del Congreso aprobó la propuesta del Ejecutivo de designar a Pedro Cartolín Pastor como contralor general de la República. Ello pese a que en el debate varios legisladores subrayaron su falta de experiencia e idoneidad para el puesto. La designación queda ahora en manos de la Comisión Permanente del Parlamento, que verá el tema este miércoles a las 10 a.m..

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Inicialmente la candidatura de Cartolín tuvo cuatro votos a favor, cuatro en contra y dos abstenciones, por lo que Montoya, presidente del grupo de trabajo, tuvo la decisión dirimente. Así el candidato del Gobierno de Dina Boluarte obtuvo cinco adhesiones y logró pasar a la siguiente etapa del proceso.

Posteriormente, el grupo de trabajo volvió a sesionar para debatir y votar el informe final que deberá elevar a la Comisión Permanente este 14 de mayo como plazo máximo. El documento obtuvo seis votos a favor, cuatro a favor y ninguna abstención.

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Debate

Previamente, en el debate, los congresistas Portero, Reymundo, Castillo y Palacios cuestionaron la falta de experiencia del candidato y pusieron en duda su idoneidad para el cargo.

Portero alegó que hubo muchas “debilidades en las respuestas” que dio Cartolín en la entrevista que el grupo de trabajo le hizo el viernes pasado en temas relevantes como su plan de trabajo y la detección de casos de corrupción. “Las respuestas demuestran poco conocimiento de las competencias del puesto […] Ha sido muy evasivo y poco seguro al responder”, señaló.

La congresista de Acción Popular opinó que se debería reformular la manera en la que se elige a los candidatos, por ejemplo, que la presidenta seleccione “a los postulantes de una terna, que hayan tenido el más alto puntaje”.

Luego, señaló que Cartolín no está “para aprender”. “El cargo de contralor requiere una vasta experiencia en gestión fiscal, análisis de estado financiero, esto es economía y finanzas […] Es el máximo cargo [de la contraloría], es líder, por lo tanto tiene que tener experiencia específica, [Cartolín] no tiene experiencia”, remarcó.

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Reymundo Mercado tuvo una postura similar. Consideró que “ha sido una ofensa” de la presidenta de la República, Dina Boluarte, enviar al Congreso esa propuesta sin haberla evaluado previamente. “Así lo ha reconocido el propio postulante […] incluso sería causal de una infracción constitucional”, expresó.

A su turno, Castillo aseveró que Cartolín no tuvo una “precisión técnica” al responder las preguntas de la subcomisión sobre reformas en la Contraloría General de la República. “Respuestas cero sólidas y no claras, a pesar de que era un tema técnico […] No es posible lograr establecer que el candidato presente una conducta intachable, pues en la entrevista el señor no fue claro al indicar la relación con César Hinostroza Pariachi [exjuez supremo implicado en el Caso Los Cuellos Blancos del Puerto, que se encuentra prófugo de la justicia]”.

El portavoz de Fuerza Popular recordó que el candidato del Poder Ejecutivo abandonó el proceso para el defensor del Pueblo alegando motivos personales y que “no aclaró” si estos motivos también podrían impedirle estar en el proces para la contraloría.

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En tanto, Margot Palacios mostró su preocupación de que no se elija al contralor para antes del 19 de julio, que es cuando Nelson Shack termina su gestión.

“Si es que no se aprueba a este contralor, probablemente se apruebe en segunda votación la ley de Nelson Shack y con eso continúa su permanencia […] Aquí hay un doble juego, el Ejecutivo aparentemente quiere que Nelson Shack se quede […] Lo cierto es que hay serios cuestionamientos de esta candidatura [de Pedro Cartolín] como los vinculos con César Hinostroza […] Nos están obligando a que lo elijamos a él porque si no se queda Nelson Shack”.

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De otro lado, los legisladores María Acuña, Jorge Montoya y Lucinda Vásquez salieron en defensa de Cartolín Pastor.

Acuña destacó que Cartolín se comprometiera a ver todos los casos en”tiempo real”. Asimismo, afirmó que “no hay ningún problema” con el aspirante a contralor no haya consignado en su hoja de vida que fue gerente legal de Emape hace 20 años. Se trata de una empresa cuestionada por el órgano de control.

A su turno, Montoya dijo que sí hubo una evaluación del Ejecutivo y que eso consta en las 83 páginas que el Gobierno hizo llegar al Congreso. Consideró que Cartolín tiene una trayectoria profesional “impecable” y “experiencia” en el tema judicial y que eso se ve reflejado en “su trabajo profesional”.

Agregó que no “encuentra debilidades” en el postulante. “En el Reniec está registrado, tiene 60 años, en el Colegio de Abogados está hábil, en la Sunedu tiene los títulos de abogado, en la Sunat no tiene ningún registro, en alimentos no se registra sanción, en Servir no registra sanción, en el MTC no se registran papeletas, en el SAT no se registran deudas tributarias, en la OCSE no registra faltas y en el ROP tampoco figura. Todos lo que se ha pedido lo ha cumplido”, remarcó.

El presidente de la subcomisión evaluadora indicó también que la Constitución “no prevé la figura de una terna” de candidatos, como solicitaron Portero y Palacios.

Por su parte, Lucinda Vásquez dijo que, si bien Cartolín careció de precisión en sus respuestas por “la falta de experiencia”, sí cumple con el requisito de “no tener ningún proceso” abierto.

La congresista del Bloque Magisterial aseveró que el candidato podría “ir adquiriendo experiencia” una vez que sea designado como contralor. “Es una apreciación personal que tengo como maestra”, resaltó.

Mira aquí el debate:

Cartolín falló a favor de César Acuña en proceso por alimentos

El pasado 4 de mayo, dos días después de que Dina Boluarte propusiera a Cartolín al cargo de contralor general de la República, se publicó en el diario oficial “El Peruano” la resolución judicial de una demanda de amparo presentada por el gobernador regional de La Libertad, César Acuña.

Se trata de un fallo que la sala que Cartolín Pastor integra dictó a favor del líder de APP para anular la sentencia decretada por el Juzgado de Familia de Lima que elevó de 30 mil a 90 mil soles la pensión alimenticia de su último hijo.

El hoy candidato a la Contraloría General de la República, en su calidad de miembro de la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Lima, fue el ponente de la causa de Acuña Peralta y recomendó que se revoque la sentencia emitida por la Segunda Sala Especializada Civil de Trujillo que declaró infundado el recurso de apelación de la autoridad regional.

“En consecuencia nula la resolución número seis, de fecha diez de julio del dos mil veintitrés, emitida por el Décimo Séptimo Juzgado de Familia de Lima, en el Expediente N° 02974-2023-0-1801-JR-FC-17, debiendo emitirse un nuevo pronunciamiento con arreglo a ley; Dispusieron la publicación de la presente resolución en el diario oficial ‘El Peruano’, conforme a ley; en los seguidos por César Acuña Peralta contra el Procurador Público del Poder Judicial y otros sobre proceso de amparo; y, los devolvieron. Interviene como ponente el señor Juez Supremo Cartolín Pastor”, dice la publicación.

En diálogo con El Comercio, el abogado penalista Andy Carrión explicó que, tras la decisión, el Juzgado de Familia de Lima deberá revisar nuevamente la pensión alimentaria del hijo de Acuña.

Para el abogado, “habría un claro conflicto de intereses y un posible intercambio de favores”.

“Advirtió que antes de la elección deberían tomar medidas preventivas. Si lo eligen contralor con esos antecedentes, sí podrían generar consecuencias penales”, aseveró.

La congresista María Acuña negó conocer sobre esa decisión. “Si como dices ya resolvió a favor o en contra cuál sería el inconveniente”, exclamó.

¿Cómo fue su evaluación?

El pasado viernes 10 de mayo, Cartolín Pastor se presentó ante la subcomisión evaluadora para ser entrevistado por los integrantes del grupo de trabajo.

Entre las interrogantes estuvo la referida a la posibilidad de alguna vinculación a jueces investigados por organización criminal, como César Hinostroza, implicado en el Caso Los Cuellos Blancos del Puerto.

Cartolín descartó haber “tenido relación personal” o “amical” con Hinostroza. “Lo que nos une es que hemos sido magistrados”, acotó.

“Debo señalar que durante mis 21 años de carrera judicial, jamás he tenido vinculación que están involucradas en esos temas de corrupción. Mi trayectoria es pública […] No tengo investigación fiscal por esos temas”, subrayó.

También le preguntaron por qué no consignó en su hoja de vida que fue gerente de asuntos legales de Emape, empresa cuestionada por la contraloría.

El aspirante a contralor señaló que no le dio importancia porque eso ocurrió entre el 2000 y el 2002. Señaló que tampoco mencionó en su currículum haber sido arbitro de la OSCE (Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado).

Cartolín también negó tener vinculación con Podemos Perú, Somos Perú y otros partidos políticos.

Asimismo, le consultaron por su cargo como integrante de la Sala de Derecho Social y Constitucional de la Corte Suprema que tiene en sus manos el recurso de apelación presentado por el Congreso contra la resolución que ordena la reposición de Inés Tello y Aldo Vásquez Ríos en sus cargos de miembros titulares de la Junta Nacional de Justicia.

“Nosotros intervenimos como sala revisora. No tengo conocimiento que esos expedientes ya están en la sala. Desconozco si ya están en la sala suprema esas medidas cautelares. En mi condición de juez no vemos qué casos entran”, indicó.

Finalmente, dijo que fue convocado como postulante a contralor a través de loa Secretaría de la Presidencia. Indicó que le indicaron que la presidenta Boluarte lo había considerado para el puesto y que les facilitara sus documentos. Negó haber sostenido una reunión con la jefa de Estado. De otro lado, señaló conocer a Mateo Castañeda porque es un abogado litigante y rechazó que él haya tenido injerencia en su postulación.

Mira aquí la entrevista a Cartolín Pastor:

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La fiscalía de la Nación citó para este miércoles a las 9:30 de la mañana a la presidenta Dina Boluarte, investigada por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, omisión de consignación de información en su declaración jurada y cohecho pasivo impropio, como parte del llamado Caso Rolex.

Boluarte “debe concurrir en la fecha y hora indicada en compañía del abogado de libre elección a las instalaciones del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales” para que brinde su “declaración ampliatoria”, indica el documento fiscal al que El Comercio tuvo acceso.

Este Diario pudo conocer que, hasta esta hora de la tarde del martes, Boluarte tenía confirmada su asistencia a la citación del Ministerio Público.

Wilfredo Oscorima, gobernador de Ayacucho e investigado junto con Boluarte, está citado para el jueves 16 a las 9:30 a.m.

Durante una reciente audiencia judicial, Eduardo Barriga Bernal, abogado de Boluarte, calificó como “abuso” la incautación de los relojes Rolex que Wilfredo Oscorima habría prestado a Dina Boluarte. “¿Sobre conjeturas podemos limitar derechos fundamentales?”, cuestionó.

El 5 de abril, la mandataria acudió a la fiscalía, donde permaneció por más de cinco horas. Ese día, en un pronunciamiento en Palacio de Gobierno, Boluarte afirmó que los relojes Rolex que lució no son de su propiedad, sino un “préstamo” de su “amigo”, el gobernador de Ayacucho, Wilfredo Oscorima. Incluso, dijo que “debe reconocer” que “fue una equivocación” haber aceptado dichos artículos, pero ya fueron devueltos.

El Comercio reveló que parte de las nuevas líneas de investigación de la fiscalía es que los tres relojes Rolex y las dos joyas (los aretes de oro amarillo con brillantes y pulsera Bangle) “fueron donados a la investigada Dina Ercilia Boluarte Zegarra, con un fin específico”.

El 10 de abril, justamente tras una primera diligencia de exhibición, el Ministerio Público decidió incautar los 3 relojes Rolex que Oscorima entregó a Boluarte y que según la presidenta fueron usados en calidad de préstamo. Esa sesión fue dirigida por el fiscal adjunto supremo Wilfredo Mendoza, del Área de Enriquecimiento Ilícito de la Fiscalía de la Nación.

Más información

Mateo Castañeda, abogado de la jefa de Estado, se encuentra bajo detención preliminar desde el viernes pasado, sindicado como presunto integrante de una organización criminal denominada ‘Los Waykis en la sombra’, que según la tesis fiscal, estaría liderada por Nicanor Boluarte.