Huaral

Los casos fueron dados a conocer por el dominical “Panorama”. El primero de ellos, implica directamente a la legisladora Cortez, vinculada al ‘Partido Obrero del Perú’. La legisladora fue captada en enero pasado promoviendo la agrupación e, incluso, su asesor principal, Luis Zea, fue quien separó en diciembre la denominación del nuevo partido ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Por este caso, la Comisión de Ética aprobó iniciar una investigación.

A ello se suma ahora el caso de la congresista Flor Pablo y del legislador Pasión Dávila, respectivamente. Según el dominical, Pablo Medina viajó a Ayacucho en marzo, durante la semana de representación, y habría promovido la organización política ‘Lo Justo’. Además, Dávila Atanacio habría hecho lo propio en abril en Puno, con la agrupación ‘Todo con el Pueblo’, en donde también participó su colega Alfredo Pariona (No Agrupado). Todo ello, presuntamente utilizando los recursos del Estado.

A su juicio de la congresista Flor Pablo, no faltó al reglamento pues la reunión fue en la noche y después de realizar sus actividades “fiscalización” en la región. “No fui a hacer campaña de recolección de firmas, a formar comités (…) No creo que acá hay un error porque todo el día he trabajado y sigo haciendo mis actividades políticas”, acotó.

Mientras Pasión Dávila negó que esto haya sido en la semana de representación, y que el evento ocurrió un día sábado después de realizar una actividad. “No fue en la semana de representación, yo viajé a Puno el día 13 de abril, fue un día sábado (…) En la tarde, a partir del mediodía, sí obviamente participamos en ese evento que habían organizado los autoconvocados que simpatizan con Pedro Castillo y asistí en la tarde”, recalcó.

Una denuncia ante Ética

El parlamentario Alejandro Muñante (Renovación Popular) presentó una denuncia ante la Comisión de Ética Parlamentaria en contra de los dos últimos legisladores, los cuales deberán responder ahora ante el citado grupo de trabajo.

Para Muñante, se habría infringido el Código de Ética Parlamentaria, por lo que corresponde que el grupo de trabajo —que dirige Diego Bazán (Avanza País)— emita una sanción. En diálogo con El Comercio, indicó que, al realizar estas acciones, aprovechando los recursos del Congreso, se “está sacando la vuelta a la norma y cometiendo una práctica antiética, por lo menos”.

Mencionó que las actividades partidarias “no están proscritas”, siempre que sean fuera del horario laboral y con el propio peculio de cada parlamentario. Sin embargo, Muñante remarcó que ello es diferente cuando se trata de una semana de representación en donde no solo se ha recibido el pasaje por parte del Congreso, sino que, además, un bono de S/2.800.

“Están justamente aprovechando este limbo para fomentar su propia agenda, cuando debería ser todo lo contrario. Ahí sí creo que se está faltando a la ética”, dijo Muñante a El Comercio.

Además, en su denuncia postuló que “no entra en debate o discusión si el proselitismo político realizado” por los parlamentarios fue después de su jornada laboral o en la noche, sino que “la conducta antiética radica en que aprovechando su cargo pidió un pasaje aéreo al congreso para ir a promover su partido político en Ayacucho en plena semana de representación”.

El parlamentario Esdras Medina (No Agrupado), integrante de la Comisión de Ética Parlamentaria, indicó que al igual que en el caso de la congresista Cortez, los nuevos casos también tendrían que ser abordados por el grupo de trabajo.

“No podemos medir a una congresista con una determinada medida y a otros con otra, en este caso, va a tener que pasar a Ética y luego pasa a investigación y allí se podrá determinar hasta qué grado de responsabilidad tiene cada uno”, subrayó en comunicación con El Comercio.

Mencionó que, si bien durante estos días se encuentran en semana de representación, en la siguiente sesión ordinaria prevista para el próximo lunes 27 de mayo tendría que darse cuenta y seguir el procedimiento.

Lo que recibe un congresista, y lo que puede o no hacer

En diálogo con El Comercio, el constitucionalista Alejandro Rospigliosi y el exoficial mayor del Congreso José Cevasco explicaron que, a fin de poder realizar sus actividades por semana de representación, todos los congresistas de la República reciben mensualmente un bono de S/2.800.

Además, también cuentan con 48 pasajes de avión anuales, cada uno de los cuales bien pueden utilizar durante la semana de representación como en cualquier otro momento a lo largo de las legislaturas que tiene cada año, lo cual no viene de ahora, sino que está contenido en el Acuerdo N° 059-2012-2013/MESA-CR.

“Disponer que la Administración del Congreso realice las acciones pertinentes para otorgar a los Congresistas de la República, para el mejor desempeño de la función congresal, 48 pasajes anuales vía aérea, a cualquier lugar del país y en cualquier línea aérea, tengan o no convenio con el Congreso”, se indica en el mencionado acuerdo.

Rospigliosi apuntó que, además del bono y los pasajes de avión, el Congreso podría adicionar otro monto si es que se llevará a cabo alguna audiencia o reunión justificada por el parlamentario. En cada viaje por semana de representación, cada congresista bien podría disponer, además, de uno o hasta dos asesores, cuyos viajes y viáticos son cubiertos por parte del Parlamento Nacional.

“La semana de representación es importante porque los congresistas tienen tres funciones: fiscalizar, legislar y representar. (…) Se desvirtúa cuando [los congresistas] no viajan a sus regiones, cuando viajan con una segunda opción, juntar firmas para su partido político personal”, cuestionó Rospigliosi.

Por su parte, Cevasco explicó que “la semana de representación es para dar cuenta ante los votantes del trabajo parlamentario que el congresista ha dado durante el mes y también para recibir demandas ciudadanas a efectos de que los parlamentarios puedan procesarlas”.

“No me parece bien que, en paralelo, se usen los recursos públicos para hacer proselitismo para la creación de nuevos partidos políticos”, remarcó. Así, agregó, que estos eventos estén fuera del horario de trabajo del Congreso.

Por su parte, Martín Cabrera, abogado consultor en asuntos públicos y temas parlamentarios, remarcó que al referirse en el artículo 18 del Reglamento del Congreso que la función del legislador es a tiempo completo, este se refiere a una jornada completa. Esta —mencionó— es fácilmente delimitable durante un día de actividades normal, en una semana ordinaria, pero no durante la semana de representación, en donde es el mismo legislador quien establece la jornada.

“Es bien difícil que, durante la semana de representación, pueda disociar la jornada parlamentaria con el descanso laboral o con la finalización de su jornada. ¿Por qué? Porque la naturaleza lo obliga al congresista a desarrollar actividades durante toda una semana, particularmente, las que están relacionadas a la atención de los ciudadanos”, remarcó.

Por ello, indicó que “por lo menos es un acto inmoral o reñido con el deber de idoneidad que un congresista debería ostentar”, pero que el Congreso tendría que hacer un desarrollo de lo que significa la función exclusiva durante la semana de representación.

“Porque lo que establece el Código de Ética en términos muy generales son conductas o situaciones ideales que no se pueden vulnerar. En la medida que no se establezca qué cosa es y qué cosa no, no se va a poder establecer un tipo de infracción. Hace rato el Congreso debe actualizar sus normas reglamentarias”, puntualizó Cabrera, quien indicó que por ello tendría que analizarse caso por caso.

“¿Qué cosas debería hacer un congresista, en términos muy generales, más allá de la semana de representación? Es transparentar su actuación. Lo que supone no solamente la publicación de las reuniones a las que asiste durante toda la jornada laboral y durante todo el día sino también transparentar sus pedidos de información, los documentos a través de los cuales traslada información a los distintos sectores y hasta incluso las reuniones que llevan a cabo dentro como fuera del Parlamento de lunes a domingo, días naturales y feriados”, subrayó.

El Tribunal de Ética del Consejo de la Prensa Peruana (CPP) se instaló este lunes para el período 2024-2026, tras haber sido renovado.

Esto se dio luego de unas elecciones realizadas por un comité electoral conformado por tres integrantes del directorio del CPP y tres personalidades ajenas al ejercicio del periodismo.

Dicho comité estuvo compuesto por Blanca Rosales, en representación de “La República”; Carlos Salas, de El Comercio; y Susana Vera, de RPP. Los externos fueron el fundador del Grupo Apoyo, Felipe Ortiz de Zevallos; el analista político y experto en temas de seguridad Carlos Basombrío; y la comunicadora Jenny Canales.

En su primera sesión-realizada en la sede de El Comercio, en el Centro de Lima- los integrantes del Tribunal de Ética del CPP eligieron al abogado Erick Iriarte como su nuevo presidente y a la Claudia Izaguirre como su vicepresidenta.

El tribunal es completado por el exprocurador anticorrupción José Ugaz; la expresidenta de Transparencia Luz María Elguero y la comunicadora social Marilú Wiegold. Todos ellos en calidad de vocales. La abogada Jacqueline St. Laurent continuará en sus funciones como secretaria técnica del colegiado.

Como vocales alternos fueron nombrados los periodistas Laura Puertas y Rafo León.

Esta entidad tiene como función “emitir resoluciones definitivas sobre las solicitudes de rectificación y queja” respecto a los contenidos que atenten contra la ética periodística en los medios de comunicación asociados al CPP y aquellos no asociados que acepten su competencia.

También deberá emitir pronunciamientos públicos sobre infracciones flagrantes a la ética cometidos por la prensa en general, sobre situaciones que afecten la libertad de prensa y sobre el tratamiento de las materias periodísticas que contribuyan a promover el respeto a los valores éticos en el periodismo peruano.

Un mayor alcance

En declaraciones a El Comercio, Iriarte remarcó que desde la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se ha mencionado que el Tribunal de Ética del CPP “es un oasis en América Latina”. Agregó que se debe “nutrir” este espacio para que “tenga mayor alcance”.

El letrado refirió que la autorregulación es un instrumento “totalmente válido” y lamentó que en el Congreso exista una serie de proyectos de ley “mordaza” que busquen recordar las libertades informativas.

“Sin duda alguna los proyectos de ley presentados [en el Parlamento] en lugar de buscar fomentar un equilibrio en una sociedad democrática, que requiere tener a la libertad de prensa y de expresión como base, lo que buscan es que precisamente que estas libertades no sean posibles de tener y mantener en cierta oscuridad la información”, indicó.

Iriarte adelantó que, durante su administración, el Tribunal de Ética del CPP invitará a participar a medios de comunicación digitales.

Rendición de cuentas

Al inicio de la sesión, el presidente del CPP, Juan Aurelio Arévalo, subrayó que el tribunal es una entidad independiente del consejo.

El también director periodístico de El Comercio afirmó que la existencia del Tribunal de Ética del Consejo de la Prensa Peruana “es indispensable” en tiempos de “tanta división”. Añadió que es una forma que tienen los medios de comunicación de “rendir cuentas”.

Arévalo adelantó que en las próximas semanas el CPP buscará incluir a las universidades del país, a través de sus facultades de Comunicaciones, a la institución.

Más información

La secretaria técnica del Tribunal de Ética del CPP, Jacqueline St. Laurent, informó que tienen pendiente resolver seis quejas en contra de medios de comunicación.

Iriarte cuenta con un magister en Ciencia Política y Gobierno con mención en Políticas Públicas y Gestión Pública (PUCP). Ha sido delegado por Perú para coordinar el Grupo de Trabajo sobre Marco Regulatorio de Sociedad de la Información y de Internet Governance de la Plataforma eLAC.