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De acuerdo con fuentes cercanas a la Mesa Directiva, Soto dejará la decisión en manos de la Oficialía Mayor, porque, a su consideración, el pedido de Fujimori “no es un tema político, sino estrictamente jurídico y administrativo”.

Las mismas fuentes señalaron que es probable que la Oficialía Mayor, a cargo de Giovanni Forno Flórez, se tome su tiempo para emitir un pronunciamiento.

El primer vicepresidente del Parlamento, Arturo Alegría (Fuerza Popular), dijo a este Diario que la decisión sobre el pedido del exmandatario- quien recuperó su libertad en diciembre último, luego de que el Tribunal Constitucional restituyera el indulto humanitario que recibió en el 2017- “no es de la Mesa Directiva”.

“Aquí, la mesa no tiene poder de decisión, esto se acoge básicamente a toda la parte administrativa, imagino que habrá informes de todas las áreas correspondientes”, manifestó.

Alegría refirió que la Oficialía Mayor debe solicitar informes al Área Legal y de Presupuesto del Congreso.

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No obstante, en febrero de 2017, la Mesa Directiva, entonces presidida por la fujimorista Luz Salgado, decidió, por medio del acuerdo N°146-2016-2017/MESA-CR retirar una serie de beneficios que tenía el expresidente Alejandro Toledo, como un automóvil Kia, 150 galones mensuales de gasolina, y una persona asignada en la modalidad CAS con un sueldo no mayor a S/3.700.

En ese entonces, se reveló que Toledo habría recibido sobornos de Odebrecht a cambio de las obras de la carretera Interoceánica Sur.

Precisamente, Fujimori, además de una pensión vitalicia, ha pedido al Parlamento vales por combustible y la contratación de un trabajador CAS.

Al respecto, Alegría dijo que la actual Mesa Directiva “no está rehuyendo” definir la solicitud de Fujimori.

“No tengo claro si para aprobar el pago de la pensión se necesita un acuerdo de mesa, tal vez sí para la asignación de personal”, acotó.

El portavoz del partido Fuerza Popular, Miguel Torres, negó que su agrupación vaya a ejercer presión sobre la Oficialía Mayor del Congreso para que apruebe la solicitud de pensión de Fujimori. Agregó que, al ser un tema administrativo, es a esta instancia a la que le corresponde resolver.

Torres dijo a El Comercio que no está dentro de la agenda del fujimorismo proponer cambios a la Ley N°26519.

El exmandatario perpetró el 5 de abril de 1992 un golpe de Estado. Ese día cerró inconstitucionalmente el Congreso y ordenó la intervención del sistema de administración de justicia, entre otras medidas.

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Una decisión “nula”

El ex oficial de mayor del Congreso César Delgado Guembes explicó que la respuesta a los oficios remitidos por el expresidente Fujimori le corresponde a la Mesa Directiva. Y advirtió que, si la Oficialía Mayor resuelve, lo que decida será “nulo”.

“La Oficialía Mayor no es el órgano competente para resolver este tipo de situación, sería una usurpación de competencias, le corresponde a la mesa. Este es un asunto parlamentario, no solo administrativo. La Oficialía tiene competencia sobre asuntos internos, un expresidente no es parte del servicio parlamentario. Así la mesa delegara esa facultad, los actos serían nulos”, dijo a El Comercio.

Sobre el fondo, Delgado Guembes remarcó que el indulto a favor de Fujimori no elimina sus condenas ni las acusaciones constitucionales aprobadas en el Parlamento en su contra. Por lo que en base al artículo 2 de la Ley N°26519, no le corresponde recibir una pensión.

El artículo 2 de la Ley N°26519, que creó la pensión vitalicia para los exmandatarios, establece que se suspende este derecho cuando el beneficiario es acusado constitucionalmente, salvo sentencia judicial que declare su inocencia.

“El Poder Judicial lo sentenció, y las condenas en su contra son una señal de falta de honorabilidad y de idoneidad en el ejercicio de la Presidencia, razón por la cual no puede tener acceso [a una pensión]”, finalizó.

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A su turno, el abogado constitucionalista Alejandro Rospigliosi sostuvo que la Mesa Directiva “no puede evadir su responsabilidad” y tiene que ser la entidad que resuelva los pedidos hechos por Fujimori.

“El indulto no habilita al expresidente [para recibir una pensión]. ¿Fue acusado constitucionalmente? Sí. ¿Fue inhabilitado? Sí. ¿La norma dice que si es indultado recupera sus derechos? No. El indulto no lo absuelve de sus delitos, le perdona parte o la totalidad de la pena”, subrayó en comunicación con El Comercio.

Rospigliosi alertó que una eventual decisión del Congreso a favor de Fujimori marcaría “un precedente peligroso” que podría ser utilizado por los expresidentes Pedro Castillo y Martín Vizcarra, quienes no reciben pensión luego de que se aprobaran acusaciones constitucionales en su contra.

Por su parte, el abogado constitucionalista Heber Joel Campos indicó que el indulto otorgado al exmandatario “borra la pena, pero no anula la sentencia que la impuso”. “Por tanto, no puede acceder al beneficio previsto por la Ley N°26519″, expresó.

“La pensión vitalicia solo les corresponde a expresidentes que no han sido acusados constitucionalmente, y que no han sido condenados por la comisión de delitos durante sus respectivos períodos de gobierno”,

Este Diario intentó comunicarse con Forno, oficial mayor del Congreso, pero no respondió a nuestras llamadas ni mensajes.

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Más información

Los expresidentes Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski reciben pensiones del Congreso por S/15.600 cada mes. El primero afronta juicio oral por los presuntos sobornos de Odebrecht por las obras de la carretera Interoceánica Sur.

Humala también afronta juicio oral por presuntamente recibir aportes de Odebrecht para su campaña de 2011. Y PPK es investigado por consultorías que realizó para la firma brasileña, tras haber sido titular del MEF en el gobierno de Toledo.

Los exmandatarios Manuel Merino y Francisco Sagasti no tienen este beneficio, luego de que la Comisión de Constitución, en un informe que interpretó la Ley N°26519, estableciera que la pensión solo les correspondía a los jefes de Estados elegidos en las urnas y no a un titular del Congreso que asume el cargo por sucesión constitucional.

El expresidente Martín Vizcarra tampoco recibe una pensión del Congreso, luego de que este aprobara una denuncia constitucional por el “Vacunagate” que lo inhabilitó por 10 años.

La Comisión de Constitución del Congreso inició este martes el debate de un predictamen que busca reformar la Constitución para eliminar la Junta Nacional de Justicia (JNJ), el ente encargado de nombrar y sancionar a jueces y fiscales y de elegir a los jefes de dos entidades del sistema electoral: la ONPE y el Reniec.

De prosperar, las actuales funciones de la JNJ pasarían a ser cumplidas por dos nuevas instituciones, la Escuela Nacional de la Magistratura y la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial y del Ministerio Público, y por el propio Congreso, a través del Senado que entrará en funciones desde el 2026.

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Por ser un conjunto de reformas a 14 artículos de la Constitución, la reforma requiere ser aprobada primero en la comisión y luego en el pleno, con un mínimo de 87 votos en dos legislaturas. También podría ser aprobada con solo 66 votos y luego ratificada en un referéndum.

Nueva institución para nombrar y ascender a jueces y fiscales

El predictamen -al que tuvo acceso El Comercio- plantea la desactivación de la JNJ y de la Academia de la Magistratura, actual entidad dedicada a la capacitación de jueces y fiscales, pero por la que no es obligatorio pasar para ejercer esos cargos.

Una parte de las funciones de la JNJ, la de los concursos para el nombramiento y ascenso de fiscales y jueces, iría a la Escuela Nacional de la Magistratura (ENM). Sería una institución nueva para formar a jueces y fiscales, así como para evaluar sus ascensos dentro de ambas instituciones (Poder Judicial y Ministerio Público).

La entidad es definida como “el centro superior de alta especialización e investigación académica encargada de la selección y formación de los aspirantes a jueces y fiscales, así como de su nombramiento; de la capacitación con fines de ascenso y de su actualización y perfeccionamiento”.

Con esto, a diferencia de la actual Academia de Magistratura, todo abogado que quiera ser juez o fiscal deberá pasar por la entidad. El ingreso a la ENM sería “mediante concurso público de oposición y méritos”. La formación duraría dos años y, según el texto, sería “del más alto nivel académico, multidisciplinaria y a dedicación exclusiva”.

Durante esos dos años, a los participantes se les daría un “estipendio”, no se precisa cuánto, y luego vendría un “ejercicio provisional y supervisado del cargo” por seis meses. Tampoco se especifica quién haría esa supervisión.

Se alega que esa formación de dos años daría “excelencia, solidez y alta especialización jurisdiccional y fiscal tanto para el ingreso como para el ascenso en la carrera. La capacitación, actualización y perfeccionamiento es continuo”.

La carrera del fiscal inicia como adjunto provincial y termina como fiscal supremo; mientras que la de juez comienza con juez de paz letrado y termina como juez supremo. Adicionalmente, se quiere modificar la Constitución para que los jueces supremos puedan ejercer el cargo hasta los 75 años, cinco más que el límite actual de 70 años.

A la ENM también se le encargaría dar el título que acredite a los “jueces o fiscales en su correspondiente grado” y “su cancelación en los supuestos previstos por la ley”.

La escuela estaría liderada por un Consejo Directivo integrada por tres miembros: un juez supremo titular, en actividad o cesante, elegido por la Corte Suprema de Justicia; un fiscal supremo, en actividad o cesante, elegido por la Junta de Fiscales Supremos; y un exrector de las universidades nacionales públicas y privadas, licenciadas y con más de 50 años de antigüedad, elegido por rectores en ejercicio en un proceso electoral organizado por la ONPE.

Para integrar el Consejo Directivo se deben cumplir otros requisitos, como ser mayor de 55 años, tener grado de magíster o o doctor, tener un mínimo de 25 años como abogado y no tener condenas o inhabilitaciones. Los miembros serían elegidos por cinco años y sin posibilidad de reelección. Luego, deberían elegir entre ellos a su presidente ejecutivo por un período de dos años, prorrogable por uno más.

El texto propone que los miembros del Consejo Directivo tengan los mismos beneficios, derechos, prerrogativas, obligaciones, prohibiciones e incompatibilidades que los jueces supremos y podrían ser removidos del cargo por “causa grave” por el Senado, con el voto de dos tercios de sus miembros. Con ese mismo método, el Congreso puede actualmente destituir a los miembros de la JNJ

Otra entidad para las sanciones

Otro aspecto de las actuales funciones de la JNJ, la capacidad de investigar disciplinariamente y sancionar a jueces y fiscales, sería destinado a a otra entidad nueva: la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial y del Ministerio Público. Se trata de otra institución creada por la reforma.

Actualmente ya existe una Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial y otra Autoridad Nacional del Control del Ministerio Público, que pueden sancionar a jueces y fiscales no supremos, respectivamente. Son entidades autónomas cuyos jefes son elegidos por la JNJ, pero que dependen administrativamente del presupuesto del Poder Judicial y de la Fiscalía de la Nación.

La reforma apunta a que la nueva Autoridad Nacional de Control (ANC) del Poder Judicial y del Ministerio Público sea un único “órgano colegiado” y que tenga “autonomía funcional, económica y financiera”. Sería dirigida por un presidente y estaría integrada por cinco miembros, elegidos por la Escuela Nacional de la Magistratura a través de un concurso. Para ser integrante, se deberían cumplir los mismos requisitos que para ser juez supremo.

La nueva ANC podría sancionar a los magistrados “de todos los niveles” con amonestación, suspensión o destitución. Sus integrantes también podrían ser removidos por “causa grave”, con votos de dos tercios de los integrantes del Senado. Su organización y funciones se determinarían por una eventual ley orgánica.

Es decir, con esta reforma, tanto la ANC como la ENM estarían bajo el control de la cámara alta del Congreso, que podría destituir a sus integrantes por lo que considere una “causa grave”.

El sistema electoral en manos del Senado

Esas no serían las únicas nuevas atribuciones que se buscar dar al Senado, que comenzará a funcionar el 2026 con el retorno de la bicameralidad. También busca darle la tercera parte de las actuales funciones de la JNJ: la elección de los jefes del Registro Nacional de Identidad y Estado Civil (Reniec) y de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

El sistema electoral peruano está integrado por el Jurado Nacional Elecciones (JNE), el Reniec y la ONPE. El presidente del JNE es designado por el Poder Judicial y el resto de miembros por el Ministerio Público, el Colegio de Abogados de Lima, los rectores de universidades públicas y los rectores de universidades privadas.

En tanto, los jefes del Reniec y de la ONPE son elegidos actualmente por concurso ante la JNJ. Solo esta semana, la JNJ no alcanzó los votos para ratificar al actual titular del ONPE y anunció que convocarán a un concurso para elegir a uno nuevo.

El predictamen de la reforma busca que esa función de la JNJ pase a la Cámara Alta del Congreso bicameral, el Senado. La elección de los jefes del Reniec y la ONPE sería por un periodo renovable de cuatro años.

Adicionalmente, se busca establecer que el jefe de la ONPE puede “ser removido por el mismo órgano [el Senado] por falta grave, sin especificar la cantidad de votos necesarios. En el caso del Reniec, sí se precisa que su titular podría “ser removido por el mismo órgano por falta grave con el voto conforme de dos tercios del número legal de sus miembros”.

Debate, apoyos y propuestas

En la sesión de este martes de la Comisión de Constitución, su presidenta, Martha Moyano, leyó el predictamen y dio inicio al debate entre los integrantes del grupo. Si bien se preveía que también se vote la propuesta, la legisladora de Fuerza Popular dijo que querían que el debate sea “amplio” y que era posible que no termine ese mismo día.

El debate posterior estuvo dominado por críticas a la actual JNJ, con la que el Congreso atraviesa un largo conflicto, agravado por la suspensión en diciembre pasado de la ex fiscal de la Nación Patricia Benavides. Actualmente, el Ministerio Pública investiga a Benavides por el presunto delito de organización criminal junto a la propia Martha Moyano.

El congresista Alejandro Muñante (Renovación Popular) fue uno de los primeros en apoyar la propuesta. Según dijo, se ha “caricariturizado” [sic] a los integrantes de la comisión por el intento de reforma, ante lo cual dijo que se debe explicar por qué se debe aproyar esta propuesta, que “se cae de madura”.

Muñante justificó su apoyo indicando que “se ha presentado a la actual JNJ como una institución inmaculada, los intocables, que pareciera que es la panacea de la administración de justicia, cuando todos hemos visto que existe una terrible crisis en la administración de justicia”.

Afirmó que esta crisis fue “propiciada” por la actual conformación de la JNJ, que según él fue promovida por el expresidente Martín Vizcarra. También le atribuyó a la junta que haya magistrados que liberan delincuentes o que un fiscal haya pedido prisión preventiva contra un policía que abatió a un delincuente.

A su vez, pidió que se agregue una prohibición para que los miembros del Consejo Directivo de la ENM no puedan “recibir capacitaciones o celebrar convenios con organismos no gubernamentales” y que se prohíba a los jueces y fiscales “emitir opiniones políticas que puedan orientar la opinión pública”.

En la misma línea, Héctor Ventura (Fuerza Popular) afirmó que la JNJ “ha sido nefasta, ha degradado la imagen de nuestros magistrados a nivel nacional y la función que ha cumplido ha sido deplorable. No debe continuar más”.

Patricia Juárez, también del fujimorismo, criticó que el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, haya opinado en contra del proyecto. “Todos sabemos en el país que existen serios cuestionamientos al mal trabajo que ha realizado la JNJ […] Enfrentamos lentitud en los procesos y conflictos de intereses en la institución”.

La legisladora también propuso que se incluya a los miembros de la ENM en el grupo de funcionarios a los que el Congreso puede hacer juicio político e inhabilitar a través de una acusación constitucional. En otro momento, planteó que los miembros de la JNJ no puedan presentar recursos de amparo ante el JNJ, sino solo ante el Tribunal Constitucional.

Ruth Luque (Cambio Democrático) cuestionó que se busque cambiar a la JNJ con otras instituciones a pocos años del referéndum donde del 2018 donde se aprobó su creación. Por ello, indicó que lo más adecuado sería que esta propuesta también pase por una consulta popular.

Por otro lado, dijo que darle a los partidos políticos en el Senado la elección de los jefes del Reniec y de la ONPE afectaría la independencia que deben tener los entes electorales. Además, recordó que estas instituciones y el propio Ministerio Público han expresado su oposición a la reforma.

A su turno, Adriana Tudela (Avanza País) calificó al referéndum del 2018 como “altamente cuestionable” y dijo que ello no impide que el Congreso pueda hacer nuevas modificaciones a la Constitución.

La legisladora, vicepresidenta de la comisión, criticó el nivel de autonomía otorgado a la JNJ. Según ella, se creó “con un objetivo político, pretendía controlar el Ministerio Público y el sistema electoral”. “Se creó un sistema absolutamente aislado del control de los poderes electos con la finalidad de tener el control de ambos sistemas”.

Tudela afirmó que “no podemos permitir que existan instituciones dentro del sistema democrático que sean absolutamente aisladas del sistema de pesos y contrapesos”. “Es falso decir que si el Senado nombra a una autoridad se pierde la independencia […] Que las autoridades sean elegidas por la representación popular no significa que haya interferencia”.

Víctor Cutipa (Cambio Democrático) también pidió que la propuesta pase por un referéndum y rechazó que el Senado se encargue de elegir a las autoridades electorales. “Si a través del referéndum se decidió que se implemente la JNJ, que a través del referéndum también se defina la reforma constitucional al respecto”.

En tanto, Waldemar Cerrón (Perú Libre) sugirió que incluya en la reforma la elección de jueces y fiscales a través de voto popular.

A su turno, la autora del proyecto, Gladys Echaíz defendió que la idea de su propuesta viene desde hace dos años. “No hay persecución ni animadversión ni nada contra las personas. Luego, cuestionó que haya jueces y/o fiscales que “se desbordan” y “salen con actitudes políticas para generar desorden y ruido institucional”. “Eso es político, porque buscan destituir autoridades, desacreditar autoridades”.

Luego de casi dos horas, Martha Moyano suspendió el debate hasta una próxima sesión de la Comisión de Constitución. Fuentes de El Comercio indicaron que el grupo parlamentario aún no tiene fechas establecidas para la continuación de la discusión alrededor de la reforma.