El Poder Judicial rechazó el pedido de la congresista Patricia Chirinos para que se anule la disposición fiscal que ordena incluirla en la investigación preliminar seguida a la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y otros legisladores por presunta organización criminal.
El juez supremo Juan Carlos Checkley adoptó esta medida al declarar infundada una tutela de derechos que presentó la legisladora en la que alegaba que dicha disposición fiscal vulnera su derecho a la legalidad procesal penal en la posición de derecho fundamental a no ser sometida a un procedimiento distinto de los previamente establecidos y de la garantía institucional del fuero privilegiado.
Patricia Chirinos sostiene que la fiscal suprema Delia Espinoza no es competente para investigar a funcionarios que tienen la condición de “aforados” comprendidos en el artículo 99° de la Constitución, siendo potestad única del fiscal de la Nación, pero sin embargo emitió la disposición que la incorpora a esta investigación a cargo de su despacho.
Chirinos Venegas agregó que dicha magistrada separó su caso en una carpeta fiscal aparte donde no es testigo el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, ni su testimonio alcanza a los hechos donde se la investiga.
Los argumentos del juez
No obstante, el juez Juan Carlos Checkley recordó que existen dos pronunciamientos emitidos por su despacho en los que ya se señaló que la excusa del fiscal de la Nación del conocimiento de la investigación contra Patricia Benavides y otros, y la remisión del caso a la fiscal suprema Espinoza Valenzuela, se encuentra justificada.
El magistrado precisó que solo existen tres fiscales supremos titulares en el Ministerio Público, dos de los cuales, Villena Campana (actual Fiscal de la Nación interino) y Pablo Sánchez Velarde, tienen la condición de testigos en esta investigación y además que ambos fiscales supremos, habrían adelantado opinión respecto al caso, al solicitar a Benavides su renuncia al cargo de fiscal de la Nación que ejercía.
“Por lo que, en garantía de imparcialidad y defensa de una investigación respetuosa del derecho a un debido proceso, resulta manifiestamente imposible que cualquiera de ellos pueda asumir la conducción de esta investigación ,resulta razonable que el conocimiento del caso haya sido derivado y asumido por la fiscal suprema titular Espinoza Valenzuela (única fiscal suprema titular restante)”, precisó Checkley Soria en una resolución emitida el último 29 de abril a la que tuvo acceso RPP.
Sobre argumento de que el caso de la legisladora fue separado en una carpeta aparte donde el fiscal de la Nación no es testigo, el magistrado remarcó que la Fiscalía fue enfática al mencionar en audiencia de evaluación de esta tutela de derechos, que se trata de una misma investigación respecto a una presunta organización criminal, pero se ha dividido en carpetas independientes, lo cual es corroborable con la documentación anexada por la propia defensa de la parlamentaria.