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Tres presuntos operadores del exgerente general de Petro-Perú Hugo Chávez Arévalo fueron repuestos en sus cargos en la empresa estatal por orden del Poder Judicial, según reveló “Panorama”.
Según el dominical, se trata de Iván Cuba Guevara, gerente de Seguridad de Petro-Perú; Omar Camaaño Pachas, jefe de Seguridad; y Manuel Richter Sarmiento, supervisor de seguridad.
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Según la investigación interna de una comisión ad hoc, los tres actuaron de forma organizada para retirar los discos duros donde aparecían todas las filmaciones y grabaciones de las cámaras de seguridad.
Como se recuerda, Hugo Chávez Arévalo es investigado por presunta organización criminal y otros delitos durante el gobierno de Pedro Castillo (2021-2022). Actualmente cumple impedimento de salida del país por un plazo de 36 meses tras su liberación.
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La investigación también reveló que se eliminaron las hojas de asistencia, de ingreso y salida de personal, el ingreso manual y se conminó al personal de Seguroc, una empresa de seguridad, a que no registre a nadie. También se obligó a varias personas a guardar silencio.
Tras conocerse los resultados, Petro-Perú despidió a los tres funcionarios involucrados, pero luego vino la segunda parte de la historia: se fueron al Poder Judicial buscando sus reposiciones.
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Pese a las pruebas, un juez del Décimo Juzgado Laboral de Lima ordenó que los tres implicados en la desaparición de pruebas retornen de manera provisional a sus puestos desde el pasado 2 de mayo.
La fiscalía sindica a Hugo Chávez Arévalo por el delito de colusión agravada al presuntamente haber favorecido a Heaven Petroleum Operators S.A., cuyo dueño es Samir Abudayeh. Este último también venía siendo investigado por el mismo delito, pero como cómplice.
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Según la tesis fiscal a nivel preliminar, el 18 de octubre de 2021 Karelim López, Samir Abudayeh y funcionarios de Petro-Perú se reunieron para que la compañía de Abudayeh sea ganadora del proceso de licitación del combustible diésel.
En agosto del 2022 “Panorama” reveló que el extitular de Petro-Perú habría ordenado desaparecer los cuadernos del registro de visitas de su institución, a fin de obstaculizar las investigaciones del Ministerio Público.