Huaral

Esta iniciativa- que de ser respaldada le cerraría el paso a una eventual postulación de Antauro Humala, quien purgó cárcel por homicidio, secuestro agravado y rebelión por el “andahuaylazo” en el 2005- se encuentra en cuarto intermedio desde mediados de diciembre del año pasado. El dictamen, que acumula 22 proyectos, había sido aprobado en la Comisión de Constitución, que dirige Martha Moyano (Fuerza Popular), en marzo de 2023.

El congresista Alejandro Muñante (Renovación Popular), uno de los autores de la propuesta, advirtió que, al tratarse de una reforma a la Carta Magna, se requiere que 87 legisladores la apoyen en una doble votación en dos legislaturas consecutivas. Por ello, emplazó a Soto y a Moyano a coordinar y hacer viable que se discuta el fondo de la iniciativa en el hemiciclo lo más pronto posible.

“No sé si a Soto le falta voluntad política o si su postura es por desconocimiento. Hace poco, en un tuit, me dijo que para que el tema se trate en el pleno debía ser priorizado. Pero este dictamen ya está en agenda, lo que él ha dicho no tiene asidero. Él como presidente del Congreso debe darle prioridad”, manifestó a El Comercio.

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Muñante recordó que a inicios de abril envió un oficio al titular de la Mesa Directiva, a través del cual le pidió que ponga a debate la reforma que amplía los impedimentos para postular. “Pero no he recibido una respuesta, no se ha tomado la molestia”, añadió.

El parlamentario de Renovación Popular refirió que uno de los problemas que avizora es que existe “un afán” de las fuerzas políticas de “reproducir casi todo el Código Penal”.

Muñante negó que la iniciativa sea a raíz de la liberación de Humala Tasso. “No tiene nombre propio, puede ser para él como para otros que hayan cumplido penas por delitos graves, como terrorismo”, acotó.

Protección al sistema democrático

Desde Avanza País, el parlamentario Alejandro Cavero consideró que la referida reforma constitucional “es importantísima para salvaguardar el sistema democrático”. “No se puede permitir que personas condenadas por graves delitos puedan postular a cargos tan importantes, sobre todo cuando sabemos que la cárcel en el Perú no sirve para la rehabilitación”, complementó.

En diálogo con este Diario, Cavero indicó que para que el dictamen “no termine siendo una lista de lavandería”, los delitos para impedir la postulación a cargos públicos pueden ser acotados. “Puede ser para aquellos sentenciados por homicidio, secuestro y narcotráfico, entre otros que sean realmente graves”, expresó.

El congresista de la agrupación del tren dijo que la Mesa Directiva “debe poner este dictamen a debate lo más pronto posible”, porque es un tema que la ciudadanía está pidiendo hace mucho tiempo.

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A su turno, la parlamentaria Patricia Juárez (Fuerza Popular) refirió que la discusión se enfrascó en diciembre pasado por el número de delitos que debía comprender. Agregó que la redacción de la propuesta debe ser mejorada.

“No hay ningún proyecto que deba ser dejado para después”, respondió al ser consultada sobre si Soto debe o no priorizar el debate de esta reforma constitucional.

Juárez dijo que al interior de Fuerza Popular no se conoce si Moyano tiene o no una nueva fórmula.

“El artículo 34-A debe extenderse aún en caso las personas sentenciadas hayan sido rehabilitadas, se requiere una protección al sistema democrático”, concluyó.

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La congresista Lady Camones (Alianza para el Progreso) señaló que su bancada “está totalmente de acuerdo” con la finalidad del dictamen. Precisó que el apepismo propone que el impedimento para postular, en caso de sentenciados por delitos graves, sea vitalicio y no por 10 años, tras cumplir su condena.

Camones sostuvo que sí es necesario que se debata esta reforma, pero subrayó que esto no depende solo de Soto, sino que Moyano debe informar a la Mesa Directiva si tiene una nueva fórmula para ser puesta a consideración del hemiciclo.

También para el crimen organizado

Por su parte, la portavoz de Cambio Democrático-Juntos por el Perú, Sigrid Bazán, indicó que dictamen que amplía los impedimentos para postular “es una medida importante para promover la idoneidad de los candidatos a elección popular”. No obstante, a entender de su agrupación, “está incompleto”.

“Está bien que los narcotraficantes y homicidas estén fuera de la política, pero urge que el mismo trato se extienda a los lavadores de dinero y a quienes lideran organizaciones criminales. En el debate del pleno, solicitaremos que se incluyan estos delitos como causales de prohibición”, dijo a El Comercio.

Bazán indicó que el congelamiento de la propuesta va “más allá de Soto” y recordó que la redacción del actual dictamen también le cerraría las puertas a una eventual postulación al expresidente Alberto Fujimori, quien desde diciembre recuperó su libertad, luego de que el Tribunal Constitucional revalidará el indulto que recibió en 2017.

La vocera de Perú Libre, Margot Palacios, dijo que no conocía el tema y que no podía dar una opinión.

“No lo hemos puesto en debate dentro de la bancada, recién he llegado de la semana de representación”, expresó a este Diario.

Posturas similares tuvieron los congresistas Edgar Tello, del Bloque Magisterial, y Guido Bellido, de Perú Bicentenario.

Este Diario se intentó comunicar con los representantes de Podemos Perú, Acción Popular y Somos Perú, pero no respondieron a nuestras llamadas ni mensajes.

Fuentes cercanas a la Mesa Directiva del Congreso señalaron a El Comercio que gran parte de la decisión para que se debate la reforma sobre impedimentos en el pleno es Moyano.

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No obstante, el abogado constitucionalista Alejandro Rospigliosi, experto en derecho parlamentario, explicó que el reglamento del Congreso no fija el procedimiento cuando un dictamen se encuentra en cuarto intermedio. Pero la práctica congresal indica que el titular del Poder Legislativo y el titular de la comisión dictaminadora deben coordinar.

“Por ejemplo, el presidente del Congreso le pregunta al presidente de la comisión si está preparado o no para sustentar. Otra cosa es que no sometan a debate y votación porque el dictamen no tiene los votos. Es una reforma constitucional y requiere de una votación muy alta”, refirió.

Rospigliosi alertó que en un sector de la izquierda en el Parlamento “hay mucho sobón de Antauro Humala”, porque “sueñan con ser reelegidos” de su mano.

¿Qué dice el dictamen?

El dictamen-que acumula 22 proyectos- apunta a reformar tres artículos de la Constitución, el 34-A y el 39-A.

En el caso del 34-A, la propuesta tiene la finalidad de que aquellos que han sido sentenciados por terrorismo, narcotráfico, violación sexual, colusión, peculado, corrupción de funcionarios, homicidio, trata de personas, secuestro, traición a la patria y por delitos contra los poderes del Estado y el orden constitucional, estén impedidos de postular a cargos de elección popular por 10 años después de haber sido rehabilitados.

En el 39-A se aplica la misma figura, pero para el ingreso a la función pública, mediante la designación en cargos de confianza.

En la actualidad, los sentenciados en primera instancia por delito doloso no puedan ni ser candidatos ni ingresar a la función pública.

La referida norma se publicó en el diario El Peruano días antes del voto de investidura al Gabinete liderado por Gustavo Adrianzén.

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Esto ocurre pocos meses después de que las remuneraciones de todos los trabajadores de dicho poder del Estado (a excepción de los congresistas) se elevara en un 15%.

Se trata de un proceso de revalorización y recategorización de puestos para el personal del Servicio Parlamentario contratado a plazo indeterminado (Oficialía Mayor, Dirección General Parlamentaria y Dirección General Administrativa). Estos cargos son ocupados- hoy en día- por gente que tiene varios años trabajando en el Congreso.

El aumento representa un costo de S/ 12′113.321,71 y beneficiará solo a 683 servidores, entre auxiliares, técnicos y profesionales (entre ellos los asesores de las comisiones).

Este desembolso tiene su origen en el acuerdo de la Mesa Directiva 057-2023, de noviembre del 2023, en el que se da luz verde al convenio colectivo del Sindicato de Trabajadores del Congreso (Sitracon) para la actualización de las escalas remunerativas.

Luego de ello, el Poder Legislativo solicitó el dinero al Ejecutivo, como figura en el decreto del crédito suplementario. El Gobierno estimó el monto a desembolsar de acuerdo con la nueva escala remunerativa del Congreso, elevada en un 15% a inicios de año.

La suma aprobada por el Gobierno fue incorporada el 3 de abril al presupuesto del Parlamento mediante la resolución 20-2023-2024, firmada por su titular, Alejandro Soto. El 9 de ese mes, el Sitracon agradeció a la Mesa Directiva por la gestión.

Con este dinero, los auxiliares, que están en los niveles 1, 2 y 3 de la escala remunerativa, podrían llegar a ganar hasta S/4.076 [ver recuadro]. Para esta categoría los únicos requisitos son tener secundaria completa y dos años de experiencia laboral, de acuerdo con el Reglamento Interno de Trabajo del Congreso (RIT).

Por ejemplo, si un auxiliar que está en nivel 1 quiere ser promovido al nivel 2, solo debe acreditar que labora en el Legislativo desde hace dos años, y si quiere pertenecer al nivel 3, tres años.

En tanto, los técnicos (niveles 4, 5, 6 y 7) podrían llegar a ganar hasta S/ 8.476. Por otro lado, los profesionales que ocupan el nivel 8 podrían percibir hasta S/12.562,00 si son recategorizados al nivel 9.

Cabe señalar que, además de sus salarios, los trabajadores del Parlamento reciben un bono adicional de S/4.500 por alimentación y gastos operativos. Esta cifra no está sujeta a los descuentos de ley.

La convocatoria para la revalorización y recategorización de puestos se inició el pasado 10 de abril, de acuerdo con la Directiva 09-2024, firmada por el oficial mayor del Congreso, Giovanni Forno. Este documento, al que tuvo acceso a El Comercio, brinda los lineamientos para el incremento de salarios.

La referida directiva no contempla un concurso interno – como lo establece el Reglamento Interno de Trabajo del Congreso (RIT) – y entre los criterios a evaluar solo se menciona la cantidad mínima de años laborados en el Servicio Parlamentario para postular a cada uno de los niveles salariales.

De acuerdo con el documento firmado por Forno, los trabajadores que buscan acceder al aumento debían presentar sus solicitudes hasta el último 15 abril junto con un resumen de las funciones que desempeñan, evidencias de su carga laboral y una breve presentación de su trayectoria profesional. Sus jefes inmediatos son los responsables de dar el visto bueno a la solicitud en primera instancia.

Luego de completar varios pasos, el pedido del trabajador es analizado por una comisión conformada por funcionarios del área administrativa.

Si prospera en esa instancia, se envía al área de Recursos Humanos del Congreso y, tras completar otros pasos más, finalmente se pone en consideración de la Mesa Directiva, integrada por Alejandro Soto (APP), Arturo Alegría (Fuerza Popular), Waldemar Cerrón (Perú Libre) y Rosselli Amuruz (Avanza País). El trámite concluye este lunes 29 de abril.

El mismo día que se publicaron los lineamientos, Forno firmó la resolución 100-2023-2024-OM-CR, que modifica la conformación de la comisión evaluadora, y dispuso que el grupo de trabajo sea presidido por el Director General Parlamentario, Jaime Abenzur, en lugar de la jefa de Recursos Humanos.

También integran el grupo de trabajo el director general de Administración, la jefa de RRHH, el jefe de la Oficina Legal y Constitucional, el jefe de la Oficina de Planeamiento y la jefa del Área de Desarrollo y Bienestar de Personal.

El 29 de diciembre, cuando ya se conocía sobre el proceso de aumentos, Forno dio por concluida la labor de Marion Figueroa Wan como jefa del Área de Desarrollo y Bienestar del Personal y en su reemplazo nombró a Ibeth Angulo Zavaleta. La flamante funcionaria ahora integra la comisión que evalúa las revalorizaciones salariales.

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El incremento de los salarios se da en paralelo a una iniciativa que promueve el cese voluntario, con incentivos, de 103 trabajadores del Servicio Parlamentario mayores de 60 años, que generará un gasto de S/ 23′477.211,58. Esta cifra proviene también del presupuesto otorgado por el Ejecutivo el 29 de marzo.

Con la salida de estos trabajadores, 103 plazas quedarán libres para ser ocupadas por nuevos servidores. Una fuente del Congreso, que no quiso ser mencionada, dijo a El Comercio que esto abriría las puertas a posibles intercambios de favores políticos y que los puestos, destinados a especialistas, podrían ser ocupados por personas vinculadas a legisladores o partidos políticos.

Es importante señalar que el Consejo Directivo, integrado por los representantes de distintas bancadas, designa al oficial mayor a propuesta de la Mesa Directiva, que es responsable de nombrar a los directores generales, jefes de oficina y de asesoramiento. Ello por recomendación del oficial mayor.

¿Qué respondió el presidente del Congreso?

Consultado por El Comercio, el presidente del Congreso, Alejandro Soto, dijo que él “no dispone del dinero” y que solo da “cumplimiento a los acuerdos colectivos”. Luego nos pidió que enviemos nuestras consultas por escrito al portal de transparencia y que por esa vía responderían.

También buscamos contactarnos sin éxito con el oficial mayor, Giovanni Forno, y los directores generales de Administración y Servicio Parlamentario, Carlos Pais y Jaime Abenzur, respectivamente.

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Cuestionamientos

En diálogo con El Comercio, el excontralor Fuad Khoury y los especialistas en temas parlamentarios Alejandro Rospigliosi y Martín Cabrera cuestionaron la decisión al considerarla inoportuna. Asimismo, subrayaron que es importante que se dé a conocer el sustento técnico de la revalorización de los puestos.

Para Khoury, el procedimiento “debería mejorarse porque cualquiera podría interpretar que es un procedimiento dirigido”. Agregó que la metodología usada por el Poder Legislativo “no comulga con las buenas prácticas de revalorización de los puestos”.

Subrayó que llama la atención que el jefe inmediato apruebe la solicitud del aumento porque en toda entidad si uno quiere cambiar de puesto con mayor monto debe “postular” a la plaza. También criticó que la solicitud se pueda presentar cada dos años porque el incremento del salario debería “obedecer a ciertos criterios objetivos como, por ejemplo, que el trabajador haya obtenido un grado académico superior o que haya demostrado alta productividad”.

“Desde mi punto de vista es una práctica interesante incentivar a las personas que trabajan bien. Es importante revalorizar los puestos, pero con estudios técnicos que lo sustenten”, remarcó.

Respecto al momento, indicó que la decisión “despierta suspicacias en el marco del Caso ‘Mochasueldos’ y la relación entre el Ejecutivo y el Congreso”.

Finalmente, el excontralor opinó que este Parlamento “trabaja mal, emite leyes tontas y tiene desaprobación altísima”. “¿Y encima se aumentan el sueldo?”, cuestionó.

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A su turno, Rospigliosi dijo: “Quiénes se verían directamente beneficiados, los trabajadores o los ‘mochasueldos’ encubiertos”. El especialista calificó de discriminación laboral la medida al señalar que otros “trabajadores del Estado no tienen estas gollerías”.

“La Ley del Presupuesto general de la República prohíbe bonos y aumentos salariales, pero el Congreso tiene corona […] ¿Quién tiene ese beneficio de comprar la renuncia a los 60 años? […] En cualquier otra institución les caería la Contraloría y el Ministerio Público por ese tipo de uso del presupuesto del Estado”, expresó.

Agregó que, además de su sueldo, los trabajadores del Congreso reciben un bono de alimentación, escolaridad tengan hijos o no, entre otros beneficios como un seguro privado de salud.

Rospigliosi aseveró que el Poder Legislativo hay muchos trabajadores que han entrado con esfuerzo, por sus propios méritos y que son brillantes. “Pero cómo distinguir la paja del trigo”, se preguntó.

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Por su parte, Cabrera señaló que, aunque hay una necesidad de reevaluar las escalas remunerativas, no es el momento oportuno porque hace poco el Ejecutivo emitió un decreto de urgencia estableciendo restricciones y condicionando el gasto público a determinados objetivos, al punto que, por ejemplo, le ha restado recursos a Contraloría”.

“Sin embargo, este Congreso- lastimado hace bastante rato con problemas de irregularidades y escándalos – nunca propondrá un momento adecuado para la adopción de medidas o cambios estructurales”, agregó.

Cabrera remarcó que, antes de una revalorización salarial se debe considerar, por ejemplo, si hay disponibilidad presupuestal. Luego establecer una adecuada estructuración, a través de un mapeo de perfiles de puestos, y procesos administrativos para determinar cuántos trabajadores realmente se necesitan en cada área, así como un informe técnico de la viabilidad.

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Antecedentes

Un informe de este Diario publicado en enero reveló que, solamente dos años y cinco meses, el Parlamento ha entregado cuatro bonificaciones a sus trabajadores, la última incluyó a los congresistas. Estos pagos-realizados en las administraciones de María del Carmen Alva (Acción Popular), José Williams Zapata (Avanza País), y Alejandro Soto (APP)- ascienden en total a S/108′660,700.

Hasta ese entonces, la actual Mesa Directiva, bajo la conducción de Alejandro Soto, autorizó el pago de S/33′976,800 por este concepto.

Ese mismo mes, Soto Reyes anunció que por un acuerdo con los gremios sindicales de ese poder del Estado, no pagarán ningún bono a favor de los trabajadores parlamentarios este 2024.

Al respecto, el secretario general Sitracon, Tulio Vizcarra, respondió – en ese entonces, en diálogo con El Comercio – que el comunicado de Soto se refiere a que no habrá un nuevo bono, además del que ya se ha establecido en una negociación colectiva.

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Aumento por función congresal se da a pedido de los voceros

El último domingo, “Punto Final” dio a conocer que la Mesa Directiva acordó el 19 de abril incrementar, a partir de la segunda legislatura del periodo anual de sesiones 2023-2024, que se inició en marzo, la asignación por función congresal. Así, pasarán de recibir S/7.617.20 para ahora cobrar S/11.000, es decir, el aumento será de S/3.383.

Se trata del monto que reciben los parlamentarios por desempeñar su labor de manera mensual.

El aumento se autorizó mediante un acuerdo de la Mesa Directiva, a solicitud de voceros de distintos grupos parlamentarios. Según señala el documento, al que tuvo acceso El Comercio.

Los legisladores percibían antes S/23.217, pero con el incremento por la función congresal ahora recibirán S/ 26.600 mensuales (su sueldo de S/ 15.600 más S/ 11.000). También les asignan S/ 2.800 para sus gastos por la semana de representación, que es cuando viajan a sus regiones.

Congresistas defienden aumento

Este lunes, Waldemar Cerrón, vicepresidente del Congreso, defendió el incremento en la asignación congresal, aunque dijo que se trataba de una propuesta de los vocero que “probablemente” sea ratificada por el pleno o la Mesa Directiva tome una decisión.

“Esto no es un tema que afecta tanto a la economía como se está mencionando, más bien permite que como congresistas nosotros brindemos un mejor servicio y de calidad a la población”

Waldemar Cerrón, congresista de Perú Libre

“Es un Congreso que está generando proyectos para mejorar la calidad de vida de muchos peruanos (…) estamos haciendo la chamba del Ejecutivo. El Ejecutivo no está haciendo nada para reivindicar decisiones que están fuera del foco de la clase trabajadora”

Kelly Portalatino, congresista de Perú Libre

Los congresistas consultados por “Punto Final” evitaron cuestionar la decisión y no supieron justificar el incremento en la asignación. Incluso, Gladys Echaiz, parlamentaria de Renovación Popular, dijo que a veces usaba el dinero para hacer ayuda social. Mientras que Roberto Sánchez (Cambio Democrático) indicó que a veces hay que elaborar banners y gastar en movilidad. En tanto, Arturo Alegría (Fuerza Popular), que se usan para “comprar agua” y “tomar taxis” cuando viajan a sus regiones.

Además, reciben gratificación en julio y diciembre de S/ 15.600 soles, respectivamente. En el 2023, recibieron una tarjeta de aguinaldo de S/ 1700 por Navidad. Solo en ese mes, los congresistas recibieron un total de S/ 43.000.

En diálogo con El Comercio, Omar Awapara, secretario general de Transparencia, consideró que el “procedimiento es cuestionable” y que, en algún momento podría ser importante que la gente tenga un incentivo para acercarse a funciones de representación en el Congreso y la gestión pública, pero en el caso del actual Parlamento, que está “delegitimado”, este incremento aparece de forma sorpresiva como un acuerdo de la Mesa Directiva.

“En este caso es una forma más de ganarse la desaprobación de la ciudadanía. Quizás en otro contexto podría ser bien visto […] Lo que queda claro es que es una medida que favorece a los congresistas, que parece que no tienen mayor sustento”, agregó.

“Está la declaración del testigo protegido, recibida el 9 de febrero del 2024 ante este despacho fiscal supremo, dando cuenta de la continuidad de las actividades de esta presunta organización criminal que estaría vinculada a la investigada”. De esta manera, el fiscal supremo provisional, Marcial Páucar, advirtió que los presuntos integrantes la citada red, que lideraría Patricia Benavides, habrían continuado desplegando sus actos criminales, incluso después de que ésta fuese suspendida de su cargo por la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

Dicha afirmación la realizó durante la sustentación del pedido de 36 meses de impedimento de salida del país contra Patricia Benavides, que solicitó la Fiscalía Suprema Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios Públicos ante el juez de investigación preparatoria Juan Carlos Checkley.

Según las pesquisas, indicó el fiscal, Benavides es investigada como la presunta líder de una organización criminal y cuyo cargo, como titular del Ministerio Público, le habría permitido acceder a otros miembros de la red con el objetivo de maniobrar frente a otras instituciones como el Congreso y terceros a fin de sortear las investigaciones que se le presentaban en el Parlamento y la JNJ.

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Benavides es investigada por los presuntos delitos de organización criminal, cohecho pasivo específico, cohecho activo específico, cohecho pasivo propio, tráfico de influencias agravado y cohecho activo genérico.

Recordó que a Benavides se le imputan seis hechos como la creación de una presunta red criminal y supuestas acciones ilícitas con el congresista José María Balcázar; así como con otros parlamentarios para la inhabilitación de la fiscal suprema Zoraida Ávalos.

También se le imputan coordinaciones con diversos legisladores para la elección del defensor del Pueblo; la remoción de integrantes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y buscar la salida de los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez.

Para el fiscal, existen elementos de convicción que vinculan a la suspendida funcionaria del Ministerio Público con los presuntos delitos atribuidos, los mismos que fueron corroborados con documentación, testimoniales y declaración de colaboradores eficaces y testigos protegidos.

En ese sentido, reiteró que a pesar de las investigaciones abiertas en contra de Benavides, ésta habría tenido coordinaciones con sus coimputados para desplegar acciones que dificulten la investigación, según lo declarado por el Testigo Protegido 01-2024.

“La pertenencia de la investigada a una presunta organización criminal, la cual se encontraría enquistada en el Ministerio Público y conforme lo han relatado los diversos testigos convocados por el despacho fiscal supremo, y la extensa documentación, corroboraría que esta presunta organización criminal no habría culminado sus actividades con la suspensión (de Patricia Benavides) emitida por la Junta Nacional de Justicia, sino que de acuerdo al Testigo Protegido 01-2024, todavía se mantendrían coordinaciones a efectos de que algunos testigos o algunas pruebas no se puedan llevar a cabo o alcanzar a este despacho fiscal”

Marcial Páucar, fiscal supremo provisional

El representante del Ministerio Público señaló que Benavides habría infringido los deberes propios del cargo de fiscal de la Nación al establecer relaciones extraprocesales con los abogados José Luis Hauyón y Hernán Garrido Lecca, quienes habrían estado interesados en los procesos que tenían en las fiscalías de lavado de activos.

Fiscalía sostiene que hay falta de voluntad para colaborar

Durante la audiencia, el fiscal Páucar Chappa sostuvo que, en este caso, el impedimento de salida del país es la mejor forma de asegurar la comparecencia de Patricia Benavides ante una eventual antejuicio y posterior proceso penal. De esta manera, puntualizó, estaría sometida a un régimen de control en el Perú. Advirtió que se generaría un entrampamiento en la administración de justicia si ésta fugase o eludiera la acción de la justicia.

“Se viene investigando una presunta organización criminal que la investigada encabezaría, quien habría instrumentalizado el más alto cargo de fiscal de la Nación para cometer los diversos delitos graves de corrupción. Estamos pues frente a un delito donde existe mayor nivel de reprochabilidad debido a su condición”, sostuvo.

Páucar también pidió al juez considerar la “falta de voluntad de someterse a la justicia” por parte de Benavides Vargas, puesto que en la carpeta 1228-2023, ésta presentó escritos solicitando la suspensión de diversas diligencias debido a una tutela.

Además, recordó que el 22 de enero del 2024, su despacho fiscal solicitó la entrega voluntaria de los equipos celulares de la ex fiscal de la Nación para realizar las diligencias que le faculta la ley, pero lejos de entregarlos, el 31 de enero, Benavides pidió una precisión sobre el objeto de investigación.

“Pero esta misma situación de comportamiento lo vamos a encontrar en otros procesos, como por ejemplo, según las declaraciones de Jaime Villanueva, las presuntas coordinaciones con el congresista (José María) Balcázar para archivar las denuncias en su contra en el Congreso y en los procedimientos ante la Junta Nacional de Justicia”, indicó.

Precisó que debido a otros hechos vinculados a la presunta red criminal que lideraría, también se han abierto otras tres carpetas fiscales.

En otro momento, el fiscal enfatizó que no se trata de testigos indirectos, sino directos que participaron en los hechos.

El señor Villanueva es un testigo directo. El testigo protegido 1-2024 no es un testigo indirecto, es un testigo que está dando cuenta de hechos que le constan de manera directa”.

Marcial Páucar, fiscal supremo provisional

Así también, Páucar señaló que Benavides habría realizado viajes -cuando era fiscal- que no estaban autorizados y pidió tenerlo en cuenta.

Finalmente, subrayó que la suspendida fiscal no contaría con los arraigos domiciliario o laboral que puedan acreditar que no eludirá a la justicia. Agregó que el requerimiento de impedimento de salida del país, es la medida más flexible, frente a otras como el arresto domicilio y la prisión preventiva. Y, en todo caso, Benavides podría solicitar permiso judicial si quisiera salir del país.

“El nivel de los alcances de esta organización habría llegado a los más altos niveles de la decisión política y judicial del país”

A su turno, el procurador adjunto de la Procuraduría General del Estado, Eddy Betalleluz, respaldó el pedido fiscal y sostuvo que existe la necesidad de asegurar a las personas investigadas y puntualizó que se ha evidenciado un requerimiento sólido con suficientes elementos que vinculan a Patricia Benavides con los ilícitos que se imputan.

En todos estos hechos, sostuvo, se cuestiona a la suspendida fiscal sobre sus grados académicos, los presuntos actos de corrupción de su hermana Enma Benavides y las presuntas coordinaciones con representantes de diversos partidos políticos en el Congreso, incluso con el prófugo líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón.

“Es decir, señor juez, el nivel de los alcances de esta organización habría llegado a los más altos niveles de la decisión política y judicial del país a fin de concretar sus fines ilícitos, y que otros funcionarios del más alto nivel quiebren sus obligaciones y contribuyan a los propósitos ilegales de Patricia Benavides, los mismos que ameritan que esta medida requerida se concrete a fin de asegurar la indagación de la verdad y las responsabilidades pecuniarias de los que aparecen como responsables de los hechos.”

Eddy Betalleluz, procurador adjunto de la PGE

En 36 días Patricia Benavides regresará a la Fiscalía, señala su abogado

Durante la audiencia, Christian Salas, abogado de Patricia Benavides, rechazó las imputaciones en contra de su patrocinada y solicitó que se rechace el impedimento de salida del país.

La defensa cuestionó que la fiscalía presente como elementos de prueba las resoluciones y documentos de los nombramientos de fiscales, la declaración de testigos como Rafael Vela, el abogado Eduardo Roy Gates, y los testimonios del ex asesor Jaime Villanueva sobre las presuntas conversaciones que tenía con congresistas y que estas eran de conocimiento de Benavides.

“Dichos que, por cierto, no logró -durante todos estos meses- corroborar, porque él mismo afirmó, en sus declaraciones, que su teléfono él lo destruyó, no lo tiene, no tiene esas conversaciones temporales porque eran de aplicativo Signal. Entonces, ¿dónde están las corroboraciones de ese dicho de ese aspirante (Villanueva)? No hay nada”, dijo.

En otro momento, aseguró que Jaime Villanueva, aspirante a colaborador eficaz, “lo que hace es tomar datos de conocimiento público” y “armar una hipótesis” sin presentar corroboración.

“El término que utiliza la fiscalía, al igual que la procuraduría, es que existen suficientes elementos de convicción; falso. No hay eso. Hay datos indiciarios, versiones, dichos de aspirantes a colaborador eficaz que deben seguir investigándose, pero no son suficientes”, insistió.

“La doctora Patricia Benavides, niega tajantemente todas las imputaciones formuladas en su contra en la presente carpeta fiscal 1228, que mantiene seis hechos imputados.”

Christian Salas, abogado de Patricia Benavides

Salas Beteta también cuestionó la falta de evidencias o elementos probatorios sobre la presunta presión de su patrocinada para archivar la investigación al congresista José María Balcázar o la inhabilitación de la ex fiscal de la Nación, Zorida Ávalos.

Agregó que las pesquisas archivadas en uno de los casos “Los Niños” no estaban comprendidos los congresistas que votaron por la mencionada inhabilitación.

Por tanto, consideró de “erróneo” afirmar que existen graves y fundados elementos contra Benavides y puntualizó que se debe descartar el impedimento de salida del país .

Sobre el riesgo de fuga, el abogado sostuvo que para formalizar la investigación preparatoria y el proceso parlamentario, no es necesaria la presencia de su patrocinada.

Incluso, alegó, si se presentara la denuncia constitucional contra Benavides ante el Congreso, es “altamente improbable” que el Parlamento apruebe este caso para que pase a un proceso judicial. Agregó que si bien Benavides está suspendida, no está destituida; por lo que “en 36 días” estará retomando su cargo en el Ministerio Público.

“Nos dice la fiscalía que no hay arraigo laboral, porque la doctora Benavides ha sido suspendida en su cargo de fiscal de la Nación. Suspendida, no destituida. La suspensión que impuso la JNJ es de seis meses. (Fue) el 6 de diciembre del 2023. En 36 días, señor magistrado la doctora Patricia Benavides está retornando su cargo en la Fiscalía de la Nación. En 36 días”, sostuvo.

Finalmente, el abogado anotó que también posee arraigo domiciliario y familiar. Y, sobre los viajes sin autorización de Benavides, cuando era fiscal, aseveró que no tenía conocimiento de ello, pero que no existía ninguna investigación contra su patrocinada por ese hecho.

La tercera vicepresidente del Congreso, Rosselli Amuruz (Avanza País), perdió los papeles el lunes último cuando la Comisión de Ética aprobó sancionarla por mentir sobre su participación en la organización de la fiesta de cumpleaños de su pareja, Paul García, en el 2023.

Visiblemente molesta, Amuruz amenazó al presidente de la comisión, el congresista Diego Bazán, con publicar información en su contra, ante el asombro de los integrantes de ese grupo de trabajo.

La legisladora abandonó la sesión luego de lanzar su amenaza. En tanto, Bazán anunció que evaluará qué acciones tomar. Ambos son compañeros de bancada en Avanza País.

ASÍ FUE EL INCIDENTE:

«Esto ya merece otro tipo de tratamiento, y debería abrirse una denuncia de oficio porque es una amenaza y una coacción directa”.

Elías Varas, congresista de Perú Bicentenario

Previamente, Amuruz fue sancionada con una amonestación pública y una multa equivalente a 60 días de sueldo por infringir los artículos 1, 2 y 4 del Código de Ética Parlamentaria, sobre el principio de transparencia y el respeto a la investidura parlamentaria.

La sanción se decidió con 12 votos a favor y tres en contra. Estos últimos fueron de Alex Paredes (Bloque Magisterial), Esdras Medina (no agrupado) y Héctor Valer (Somos Perú). Los tres buscaban que se le imponga una sanción incluso menor.

En la práctica, la Comisión de Ética ha blindado a Amuruz, pues solo la sancionó por una imputación menor. El año pasado acordó exculparla del caso más grave: interceder presuntamente en la contratación en el Congreso de al menos ocho personas vinculadas a su pareja.

Tras la sesión, Amuruz ofreció disculpas públicas, pero negó haber amenazado a Bazán.

En diálogo con Canal N, dijo: “Aprovecho la vitrina para dar las disculpas del caso a los peruanos. […] Yo estoy acá por vocación de servicios y me estoy ganando un pleito bastante grande. Tranquilamente podría quedarme en el sector privado. […] Mi colega Diego Bazán, en su momento, tuvo una fiesta. No es una amenaza, porque es algo público”.

Otro intento de blindaje

En la misma sesión, Ética aprobó recomendar al pleno del Congreso la suspensión por solo 60 días de la legisladora Katy Ugarte, denunciada por recortar el sueldo de sus trabajadores.

Aunque se encontró un grado de responsabilidad de Ugarte en los recortes, se argumentó que estos no fueron realizados por ella, sino por su otrora asesor principal, Roger Torres Pando.

“Se ha acreditado, conforme a las declaraciones testimoniales, conversaciones chat y transferencias, que los “aportes” realizados por los trabajadores del despacho de la congresista denunciada no eran voluntarios, constituyendo recorte de sueldo dispuesto por el asesor principal y persona de confianza de la congresista”, concluyó el informe.

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Las pruebas muestran que los trabajadores contratados como personal técnico entregaban S/ 300 mensuales, y los asesores S/ 400 cada uno. Con ello, se llegaba a juntar hasta S/ 2.000 mensuales, que se destinaban a mejorar la imagen pública de la parlamentaria.

Para la comisión, “resulta inverosímil” que Ugarte no se haya cuestionado de dónde provenía el dinero para las campañas a su favor.

“Está acreditada la existencia de una mala práctica, para comprometer el sueldo de los trabajadores, bajo la apariencia de ‘aporte voluntario’ que tiene como fin beneficiar directa o indirectamente a la congresista. Está acreditado que la congresista investigada es la persona responsable de su propio despacho y que los asesores no están facultados a realizar acciones sin conocimiento de la congresista”, destacó el informe.

La comisión pudo aprobar que se recomiende al pleno del Congreso sancionarla con 120 días de suspensión, pero solo optó por la mitad de ese castigo.

Peor aún, durante el debate, Esdras Medina presentó una cuestión previa para que a Ugarte solo se le sancione con una amonestación por escrito y el descuento de sueldo equivalente a 30 días de funciones. “La presunción de inocencia es indispensable en un estado de derecho”, argumentó.

Alex Paredes se sumó a ese intento de blindaje y cuestionó el informe final contra la congresista. Señaló que los trabajadores de Ugarte podrían haber dado parte de sus sueldos de manera voluntaria, sin que ella esté al tanto.

“Uno, como congresista, no va a estar en una marcación Reyna a Maradona con sus trabajadores”, dijo.

Paredes ya ha defendido en la Comisión de Ética a otros congresistas acusados de recortes de sueldo. Entre ellos a su compañero de bancada Edgar Tello.

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En tanto, Ugarte intervino para insistir en su inocencia, en un caso que también es investigado por el Ministerio Público.

Según la legisladora, es víctima de un complot de tres extrabajadores del Congreso a quienes cesó del cargo.

Tras la votación contra Ugarte, el congresista Medina insistió en blindarla y presentó un pedido de reconsideración. No obstante, este fue rechazado por mayoría.

Caso Espinoza – Alcarraz

En la misma sesión, la Comisión de Ética aprobó tramitar una denuncia de oficio contra los congresistas Darwin Espinoza (Acción Popular) y Kira Alcarraz (Podemos Perú) por presunto intercambio de favores.

La decisión se tomó por unanimidad, con 15 votos a favor.

Según denunció el programa “Punto Final”, ambos congresistas intercambiaron favores para beneficiar a sus allegados con cargos públicos y apoyarse mutuamente en la Comisión de Ética.

Alcarraz, quien preside la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad, contrató para ese grupo a Stephania Cuya Bezzolo, amiga muy cercana de Espinoza.

En tanto, Alcarraz consiguió ingresar a Ética gracias a que Acción Popular le cedió su cupo en ese grupo. Además, también habría intercedido ante Espinoza para que contrate a una allegada.

Recientemente, Alcarraz renunció a continuar ocupando el cupo de Acción Popular en Ética. No obstante, el trámite para oficializar su salida aún no concluye.

La legisladora no participó de la sesión del lunes último presentando una licencia.

Alguien convirtió en algún momento al Ministerio Público en un instrumento de guerra. Primero, hacia afuera, contra la clase política, considerándola sujeto criminal. Luego, hacia adentro, entre fiscales, en una cruel medición de fuerzas sobre quién puede más que quién.

Hasta las guerras entre cabecillas del crimen común y del narcotráfico tratan de evitar daños colaterales. La guerra entre fiscales compromete al Estado, garante de justicia, y al sano equilibrio entre poderes. Y a ninguna autoridad legislativa o gubernamental se le mueve una pestaña.

Los odios por sí mismos representan animosidad e ira profundas. Los odios puestos al servicio de maquinarias de violencia legal encarnan un poder de destrucción imprevisible.

Perseguir el delito, como es misión del Ministerio Público, no supone necesariamente que las indagaciones e investigaciones de este organismo tengan que estar acompañadas de odios o venganzas como estímulo cotidiano. Por el contrario, nada en este debería exceder la serenidad, el buen juicio, la reserva y el respeto por los debidos procesos.

Resulta que, como ya llevamos años sin control de daños del Estado sobre esta peligrosísima desviación de funciones en uno de sus más importantes poderes, ahora asistimos a lo peor: la normalización de los excesos coercitivos del Ministerio Público frente a lo que este llama, como a casi todo, crimen organizado.

Claro que hay un fiscal de la Nación responsable de lo que pasa. La pregunta es si él es parte de esta guerra. Si no lo es, la siguiente pregunta se cae de madura: ¿qué hace que no ejerce la más mínima autoridad? Sea titular o interino, el responsable se hace responsable de lo que supuestamente comanda.

Un torrente turbio de información elaborada y dirigida desde las propias “gargantas profundas” fiscales inunda los medios de comunicación sin la debida carga de evidencia o prueba. Entre el buen criterio de actualidad y el riesgo de ser y parecer tontos útiles de la soldadesca fiscal de odios encontrados, periodistas y medios debemos ponernos en guardia con el más fuerte de los escudos que aconseja para estos casos la profesión: nuestra feroz independencia, palabra mayor no siempre entendida y no suficientemente deslindada.

No son pocos los escombros que va dejando esta guerra sucia de odios sin absoluto control de daños. Vemos inmunidades, honras, dignidades, reputaciones, presunciones de inocencia y simple respeto humano y ciudadano por los suelos a nombre de héroes fiscales que no acusan, de aguerridos jueces que no sentencian y de villanos libres con más poder en el llano que en las alturas.

Mientras tanto, dónde encontramos el valor de la justicia que viene del pueblo y va hacia él. ¿En algún rincón de la avenida Abancay o del Paseo de los Héroes Navales?