¿Y la celeridad procesal? Cuestionan labor de Fiscal Ruth Escate en denuncia contra Consejeros Regionales

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FISCALIA-PROVINCIAL-053

 

DENUNCIA CONTRA CONSEJEROS REGIONALES, DUERME EL SUEÑO DE LOS JUSTOS EN LA FISCALIA PENAL DE HUAURA

José Ramos Casazola                                        

 

“En  política, son los medios los que justifican el fin, nunca el fin a los medios”

Albert Camus

 

El 08 de Febrero del 2013, presenté una denuncia penal contra los Consejeros Regionales Anselmo Eleuterio Ventocilla Villarreal, Oswaldo Merino Espinal, Hugo Freddy Gonzales Carhuavilca y la ex consejera Rosa Liliana Torres Castillo, por haber incurrido en la comisión del delito de Abuso de Autoridad, en agravio de la Vice Presidenta del Gobierno Regional de Lima Dra. Lita  Román Bustinza al haberle reducido arbitrariamente su sueldo.

Desde la interposición de la denuncia, han trascurrido más de 6 meses y medio, sin embargo hasta la fecha, la  Fiscalía que investiga la denuncia, a través de la carpeta 460-2013, a cargo de la Fiscal Ruth Escate  fiscal adjunta del 1er Despacho de Decisión Temprana, de la Fiscalía Provincial Penal de Huaura,  ha efectuado una casi nula investigación.

José Ramos - Abogado
José Ramos – Abogado

Resulta inconcebible, la incuria con la que viene procediendo la fiscalía antes mencionada  y hablo de incuria, otorgándole el beneficio de la duda, ya que resulta a todas luces inexplicable  y da lugar a efectuar una serie de conjeturas, respecto a la imparcialidad con la que viene actuando el Ministerio público, el hecho de que hasta la fecha no se haya terminado la investigación, sobre todo teniendo en cuenta que, en otra denuncia, donde la investigada es la Doctora Lita Román Bustinza, el Ministerio Público demuestra una celeridad asombrosa  y sin embargo cuando se trata de los consejeros regionales denunciados y se tiene como agraviada a Lita Román, la denuncia duerme el sueño de los justos.

No puede ser que el Ministerio Público, titular del ejercicio público de la acción penal, en un  caso  de tanta importancia y trascendencia, haya remitido el expediente a la Policía Nacional para que investigue, cuando  todos sabemos que muchas veces, la policía no tiene experiencia en este tipo de investigaciones, relacionadas con el ejercicio abusivo del poder, perpetrados en el  desempeño de un cargo; no encuentro razón para que el Ministerio Público haya derivado la denuncia a la policía, pero eso no es todo, lo que resulta sorprendente y  kafkiano, es que hasta la fecha no hayan declarado ninguno de los consejeros denunciados,   ni tampoco se haya citado  a la agraviada en el presente caso, lo que demuestra la falta de voluntad, por parte de quienes dirigen la presente investigación, para obtener los suficientes elementos de convicción que permitan acusar a los consejeros y llevarlos a juicio oral.

El Nuevo Código Procesal Penal, tiene como unos de sus principales objetivos, lograr la celeridad de los procesos penales, en el presente caso la denuncia por abuso de autoridad contra los consejeros, pone en tela de juicio la virtud del nuevo código procesal, y atenta contra el principio de celeridad, ya que si en un caso,  donde es agraviada la Vice Presidenta de la región, se cometen estas deficiencias y se tiene este trato, por parte de la Fiscalía Penal Provincial de Huaura, es lícito preguntarnos ¿qué pasará cuando los agraviados,  se traten de personas humildes, que buscan justicia? , si a una autoridad le demoran su proceso  por más de 6 meses, que estará pasando con el resto de ciudadanos y este parangón, solamente lo hago para que el lector tenga una idea del caso, ya que obviamente todos los ciudadanos deberían tener igual trato.

Lita Román ha sido víctima de una canallada política, por parte de Javier Alvarado y Fernández Estrella, para ello han contado con la complicidad de los genuflexos consejeros denunciados, quienes no obstante,  tener conocimiento de que estaban incurriendo en un actor arbitrario, prefirieron someterse a las consecuencias de su ilegal proceder, antes de traicionar a su amo político de  turno.

Es una lástima que el Ministerio Público, defensor de la  legalidad,  no le haya dado la debida importancia a la denuncia formulada contra los consejeros, a fin de crear un precedente, de que las autoridades deben adecuar su conducta,  dentro del ámbito del irrestricto respeto al derecho y la ley,  y no actuar en forma mezquina y dolosa, atentando contra principios constitucionales y legales, para perjudicar a una mujer noble, que  el único delito que ha cometido, es haberse enfrentado al procesado por graves actos de corrupción Javier Alvarado y fiscalizar el miasma de la corrupción en la gestión regional.

Espero que el Ministerio Público inicie la investigación, ya que más vale tarde que nunca, caso contrario  haremos valer nuestro derecho en defensa de la legalidad y la justicia, recordándole señora  Fiscal, que  una justicia tardía no es justicia.