Una demanda que espera fallo del Tribunal Constitucional podría reducir derrames de petróleo en Perú

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Redacción Wayka

A un mes del desastre ecológico desatado en el terminal multiboyas N°2 de la Refinería La Pampilla (Repsol) que contaminó el litoral peruano con más de 11 mil barriles de petróleo crudo, un proceso judicial que inició en 2018 y que actualmente se encuentra en el Tribunal Constitucional podría reducir el número de derrames en el país. En los últimos 25 años, cabe recordar, se han registrado por lo menos 1002 derrames. 

De 1997 al 2021, según el informe “La sombra de los hidrocarburos en el Perú” de Oxfam, que recoge reportes del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y Osinergmin, 1002 derrames han ocurrido en los 31 lotes dedicados a la extracción de petróleo. Las causas más comunes de los derrames han sido las fallas operativas (49%) y corrosión (26%). Es decir, el 75% de casos se hubieran podido evitar si la infraestructura recibía mantenimiento. 

Frente a ese contexto, en el Tribunal Constitucional espera un caso que podría marcar un precedente y obligar a que las empresas del sector hidrocarburos realicen mantenimiento a su infraestructura por donde transportan el petróleo. 

El proceso judicial inició en mayo de 2018, cuando Galo Vásquez, presidente de la Federación de Pueblos Unidos Kukamas del Marañón, presentaron ante el Juzgado Mixto de Nauta una demanda contra Petroperú por rehusarse a darle mantenimiento al Oleoducto Norperuano (ONP). Cuatro años antes, en junio de 2014, un derrame de 2500 barriles de petróleo del kilómetro 41 del ONP contaminó el río Marañón y afectó a  las comunidades de Cuninico, Nueva Esperanza, Nueva Santa Rosa y San Francisco.

Galo Vásquez, presidente de la Federación de Pueblos Unidos Kukamas del Marañón. Foto: Valia Aguirre.

Tras el derrame del 2014 que afectó principalmente a la comunidad de Cuninico, OEFA detectó que la infraestructura del ONP estaba deteriorada, por lo que ordenó a Petroperú en una resolución del 2016 que realice mantenimiento al oleoducto. PetroPerú, por su lado, se rehusó y apeló ante el Tribunal de Fiscalización Ambiental de OEFA, donde se ratificó la resolución que ordena el mantenimiento. 

Así, el indígena kukama Galo Vásquez, en representación de las cuatro comunidades afectadas por el derrame de petróleo ocurrido en 2014, inició un proceso judicial que ha llegado hasta el Tribunal Constitucional. De fallar a favor de las comunidades indígenas afectadas, el TC podría marcar un precedente en el sector hidrocarburos para que las empresas realicen mantenimiento a su infraestructura para evitar derrames de petróleo. 

“Según cifras de Osinergmin, el 45% de los derrames es por falta de mantenimiento del Oleoducto Norperuano (…) vemos que casi la mitad de la causa de los derrames son por falta de mantenimiento”, advierte Juan Carlos Ruiz Molleda, abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL). “El Tribunal Constitucional tiene en sus manos la posibilidad de reducir el número de derrames”, agrega.

Juan Carlos Ruiz Molleda, abogado del IDL especialista en derechos de pueblos indígenas.