(Por: Luís Guerrero)La captura de un funcionario de la municipalidad provincial de Huaral encargado –paradójicamente- de la seguridad ciudadana, por el cargo de tráfico de drogas, ha puesto sobre el tapete el tema de la penetración del narcotráfico dentro de las instituciones de administración estatal, sean estas del gobierno central, regional o gobiernos locales.
Esperamos, que este hecho responda solo a un caso aislado y, no, a un plan concebido, por alguna organización de traficantes de drogas, con la intención de copar los órganos administrativos de nuestra Municipalidad Provincial, para, de esta manera, lograr que empresas ligadas a sus turbios negocios que sirven de “pantalla” para realizar “lavado de dinero”, producto de su criminal actividad, puedan convertirse, aprovechándose de la debilidad administrativa de la actual gestión municipal, en proveedores de nuestra institución edil .
Y, no solo ello, sino también lograr adquirir activos dentro de la circunscripción territorial de Huaral, en zonas estratégicas que le permitan lograr pingües ganancias adicionales ante la subida del precio de los terrenos, a consecuencia del crecimiento económico de nuestra provincia, que nunca le ha sido ajena, pero que, en los últimos años ha tomado un impulso mayor.
No le queda, al aún alcalde provisional de Huaral, Víctor Bazán Rodríguez, otra cosa que deslindar responsabilidades y no solo con palabras, sino también, facilitando la investigación concerniente al caso, proporcionando el o los nombres de quienes permitieron, al requisitoriado sujeto por narcotráfico, llegar a ocupar un cargo tan sensible, como lo es la Seguridad Ciudadana, dentro de la municipalidad.
Es importante, por el bienestar moral de nuestra provincia, que Bazán Rodríguez, haga conocer quién o quienes recomendaron los servicios del supuesto traficante de drogas. Como también, es ahora primordial, que haga saber que acciones está realizando para contrastar las informaciones proporcionadas por los trabajadores venidos de otros lugares; para tener la seguridad de que no existan más personas comprometidas.
De no hacerlo, su capacidad moral y ética puesta en entredicho dentro de la opinión pública huaralina, sufrirá un menoscabo mayor al que ya tiene a estas alturas.