"Sin cambios en la gobernanza, la digitalización no es suficiente contra la crisis climática"

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Huaral Pe

Medición de calidad, consumo de los usuarios, disponibilidad de recursos… el Big data del agua comienza a hacerse un hueco en nuestro día a día. Esta tendencia podría impulsarse con la reciente aprobación del PERTE de Digitalización del Ciclo del Agua, que pretende impulsar la gobernanza y transparencia en este sector. También podría ayudar a aumentar su eficiencia, reducir las pérdidas en las redes de suministro y avanzar en el cumplimiento de los objetivos ambientales marcados por la planificación hidrológica y las normativas internacionales.        

Hablamos sobre este tema con Rafael Seiz, técnico de políticas del Programa de Agua WWF España (World Wildlife Fund), quién también apunta a qué cambios habría que emprender en nuestro sistema de gobernanza actual para alcanzar una gestión del paisaje más resiliente y a los posibles objetivos de la futura normativa de Restauración que la Comisión Europea y su implicación en los ecosistemas acuáticos.            

Seiz fue miembro del Comité Técnico sobre Gobernanza del Agua de Conama 2020, donde se pusieron las bases del informe ‘El camino hacia una nueva cultura de la gobernanza del agua’ publicado recientemente por Conama y la Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento (AEAS).

Pregunta: ¿Cómo podría adaptarse la gestión del agua a los riesgos del cambio climático? ¿Cómo puede apoyar la digitalización que se espera con el PERTE a la mejora de la gobernanza?

Ante los impactos de cambio climático, la gestión del agua tiene que adaptarse y apoyarse en modelos de toma de decisión que incorporen la incertidumbre como una variable esencial. Este cambio es fundamental, pues hasta ahora, la mayoría de las decisiones en relación con los recursos hídricos se basaban en modelos deterministas, que utilizaban valores medios, porcentajes e incluso estimaciones indirectas de sus variables de entrada para producir una serie de escenarios.

Con la implementación de la Directiva Marco del Agua y otras normas derivadas de esta, se ha mejorado la disponibilidad de datos homogéneos durante series temporales más completas. Estos datos son muy valiosos para desarrollar técnicas de machine learning mediante el uso de algoritmos especializados, que permiten a los modelos de gestión “aprender”, no solo de las decisiones tomadas en el pasado, sino de los resultados registrados por la plétora de datos de la que ahora disponemos. Las autoridades del agua tienen la responsabilidad de proveer, con más y mejor información, a estos modelos para alimentar este proceso en el que la inteligencia artificial nos va a ayudar a tomar mejores decisiones.

En este sentido, el reciente PERTE de Digitalización del Ciclo del Agua puede suponer un apoyo muy positivo a este proceso, dotando de recursos para completar las inversiones necesarias e impulsar el uso de las nuevas tecnologías de la información en la gestión del agua. A pesar de que éste va a abordar la digitalización para los sectores agrícola, industrial y urbano del agua, es en este último en el que van a acabar la mayoría de las inversiones. Esperemos que éste hecho no reste capacidad de progresar en los sectores industrial y agrícola, pues hay que recordar que éste último supone más del 80% de las demandas de agua en España. Si no se dan mejoras y ahorros sustanciales en este sector agrícola, los resultados positivos para el medio ambiente de los otros dos sectores serán limitados y seguirán lastrados como hasta ahora.

Adicionalmente, sin cambios en la gobernanza, la digitalización no es suficiente contra la crisis climática. Estos cambios pasan por una reforma de la Ley de Aguas vigente, ya que después de más de 20 años, es necesaria adaptarla a las nuevas circunstancias que padecemos y que tendremos en el futuro. Pero también es esencial involucrar a nuevos actores para mejorar la coordinación de las decisiones en torno a los recursos hídricos, los ecosistemas acuáticos y los acuíferos.

En España, un ejemplo es la descoordinación entre la política agraria, la política del agua y las acciones de protección de los hábitats y la biodiversidad

Las administraciones encargadas de la gestión del territorio tienen que incorporarse a las discusiones y a la coordinación de objetivos de manera eficaz, pero también la sociedad civil tiene que tener un papel más prominente, ya que los retos del cambio climático exigen soluciones distintas y más complejas que las que tradicionalmente se han tomado desde una visión exclusiva del sector del agua. Nuestro objetivo debe ser conseguir un territorio resiliente ante este fenómeno, que nos garantice recursos suficientes en cantidad y calidad para la naturaleza y las personas, y que nos ayude a ser más flexibles y dinámicos para adaptarnos a los retos que sin duda vamos a tener que afrontar en un futuro muy cercano. Todo esto pasa por una nueva gobernanza del agua que debe empezar hoy mismo.

P.- ¿Qué cambios hay que emprender en nuestro sistema de gobernanza actual para alcanzar una gestión del paisaje más resiliente que haga frente a los impactos del cambio climático?

R.- Es esencial mejorar la coordinación, no solo entre las distintas autoridades públicas, sino entre los objetivos de las distintas políticas sectoriales que tienen influencia directa sobre los recursos hídricos y los ecosistemas acuáticos. Ante los impactos del cambio climático sobre la seguridad hídrica, no nos podemos permitir diseñar políticas de manera independiente, y que, como hasta ahora, provoquen efectos contraproducentes entre sí.           

En España, un ejemplo es la descoordinación entre la política agraria, la política del agua y las acciones de protección de los hábitats y la biodiversidad. En las últimas décadas se ha promovido un modelo de desarrollo territorial, especialmente del sector agrícola y ganadero, basado en la intensificación del uso de recursos y del territorio. Esto ha traído importantes cambios en los usos del suelo cuyas consecuencias han sido nefastas para la conservación de los ecosistemas terrestres y acuáticos. Estos efectos negativos de este modelo territorial insostenible se dejan sentir especialmente en nuestros ríos, humedales y acuíferos, que no solo padecen en muchos casos problemas de contaminación difusa de sus aguas, sino que sus tasas de explotación actuales ponen en riesgo la disponibilidad de agua a medio plazo.

La Ley de Restauración que la Comisión Europea va a hacer pública en breve marca un antes y un después para la recuperación de los ecosistemas europeos

En este momento clave en nuestra historia tenemos por delante el reto de abordar una gestión del territorio coordinada y holística, que incremente la capacidad de los sistemas naturales de los que dependemos de ser recipientes ante las incertidumbres del cambio climático. Esto exige un esfuerzo de adaptación importante en nuestra forma de gestionar el agua, los ecosistemas acuáticos y los acuíferos en el presente, para estar mejor preparados ante el futuro más difícil que tenemos por delante.          

P.- Uno de los aspectos que preocupa actualmente es cómo quedará reflejada la restauración de ecosistemas acuáticos en la próxima normativa de Restauración de la Naturaleza de la Unión Europea. ¿Qué objetivos se esperan en relación a este ámbito? ¿Qué cambios podría suponer?

R.- La Ley de Restauración que la Comisión Europea va a hacer pública en breve marca un antes y un después para la recuperación de los ecosistemas europeos. Hasta donde conocemos, quiere proteger al menos el 30% de la superficie terrestre y marina del territorio de la Unión Europea, y en particular para los ecosistemas acuáticos quiere recuperar 25.000 km de ríos libres de obstáculos.

Para conseguir este objetivo el papel y la ambición de los planes hidrológicos de demarcación es fundamental; para 2027 hay que cumplir con los objetivos ambientales de la gran mayoría de los ríos, humedales y acuíferos de Europa, tal y como requiere la Directiva 2000/60 CE (Directiva Marco del Agua). No podemos seguir acumulando retrasos por la falta de inversiones y de compromiso político de las autoridades europeas con la salud de nuestros ecosistemas acuáticos.

También, esta Ley de Restauración Ecológica supone un compromiso en firme por la recuperación de un régimen de caudales ecológicos adecuado para los ríos europeos antes de 2027. Ambos requisitos requieren de cambios sustanciales en la forma de gestionar nuestras cuencas y los propios recursos para abastecer las demandas socioeconómicas. Esperemos que las autoridades del agua estén a la altura de los retos que plantea esta ambiciosa legislación de recuperación de la naturaleza.     

Huaral Pe