La República invitó a cuatro expertos para conversar sobre el incremento de delitos, como el sicariato, perpetrados por adolescentes. El caso «Gringasho», el aumento de penas para quien utilice a menores de edad en el delito, entre otros, fueron nuestros temas.Cynthia Campos B.
Tiene 17 años de edad y casi una decena de asesinatos en su haber. El caso «Gringasho» se ha convertido ya en un caso emblemático que abre nuevamente la polémica de qué hacer como sociedad cuando el delito es cometido a sangre fría por un menor de edad. Y es que cada día hay más jóvenes sicarios en Lima y el país. Las propuestas pasan por reducir la edad de imputabilidad penal de 18 a 16 años, es decir, que un menor de 16 años que ha cometido una infracción penal grave pueda ser recluido en un penal.
Otras voces se inclinan por tener un tratamiento específico, diferenciado y especializado para ellos, y hay quienes prefieren enfocarse en la prevención, una tarea que requiere un trabajo coordinado entre el Estado y la sociedad civil.
Todas estas propuestas fueron escuchadas en la mesa de debate organizada por La República, en la que participaron el congresista Renzo Reggiardo, el ex jefe del Inpe Wilfredo Pedraza, el defensor del pueblo Eduardo Vega y el profesor de Zona de Cambio –donde se recupera a jóvenes en riesgo, algunos ex internos de Maranguita– Juan Rubín.
¿Los albergues del país cumplen su papel de reinsertar a estos jóvenes?
Wilfredo Pedraza: Los centros juveniles, en teoría, como los penales, tienen la finalidad de resocializar, pero el problema es que les falta infraestructura. Maranguita tiene poco más de 1.060 jóvenes y capacidad para 360; por tanto, hay hacinamiento. Sus estructuras tienen más de 30 años. Hace falta infraestructura para clasificar de mejor modo, de acuerdo con el perfil de cada adolescente, en centros o en compartimientos en centros juveniles especiales.
Juan Rubín: En los centros juveniles hay chicos que pueden cambiar. Llevo trabajando 15 años con adolescentes y he tenido jóvenes que pensamos que nunca hubieran podido cambiar porque vienen de un penal y luego fueron llevados a Maranga y hoy son profesionales que están perfectamente insertados. Ahora estamos viendo si sancionarlos, aumentar las sentencias, pero qué tanto hemos hecho por ellos en la prevención, qué tanto hemos hecho por solucionar sus conflictos.
Eduardo Vega: La situación que nos da el Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público revela que en el 2010 se cometieron un millón de delitos en todo el país. De esta cifra, 17 mil, el 4%, fueron cometidos por menores de edad. Y de esos 17 mil, el 1% eran delitos graves. Por otro lado, hay que ver también el nivel de reincidencia, es decir, menores de edad que han cometido infracciones y que luego al cumplir su mayoría de edad han vuelto a cometer delitos. La cifra de la Defensoría habla de un 16% de reincidencia, entre el 2007 y 2008. Por otro lado, la mayoría de internos de Maranguita está por robo y por delitos sexuales.
Renzo Reggiardo: Reducir la edad de imputabilidad penal de 18 a 16 años sin duda es un proyecto de ley polémico, lo que se busca es proteger a la sociedad. Lo estamos evaluando desde la Comisión de Seguridad, pero también va acompañado de la prevención. Está pensada solo para algunos delitos que generan más daño a la sociedad: homicidio calificado, parricidio, una serie de delitos graves. Además, hay otro proyecto de ley que es de la congresista Cuculiza que alcanza hasta los 15 años. Nosotros proponemos desde los 16.
¿Es necesario reducir la edad de imputabilidad de 18 a 16 años de edad?
Eduardo Vega: Creemos que hay una sana preocupación de la sociedad por este tema, pero creemos que la solución no pasa por reducir la edad. Tenemos la Convención de los Derechos del Niño y tratados internacionales de los que el Perú es parte: 18 años no es una edad arbitraria, más bien es una edad que reconoce el proceso formativo de los jóvenes y que, por lo tanto, lo que exige es que menores de esa edad puedan recibir un tratamiento especial.
Juan Rubín: Me gustaría decir en el futuro cuál va a ser el resultado de aprobarse la norma. Los adolescentes que ingresan a un penal, cuando cumplan su medida van a salir diferentes, vamos a hacer que el número de delincuencia se incremente. Si a un adolescente lo sentencias a ocho o diez años en un penal, al salir de allí ya no es rescatable como sí lo sería en un centro juvenil, pero con atención especializada y un compromiso adecuado.
Wilfredo Pedraza: Ese proyecto de ley puede perfectamente vincularse con algo: hay un centro juvenil enorme en una zona valorizada y han propuesto cambiar ese local por tres centros juveniles distintos, modernos, con infraestructura. Perfectamente se puede hacer centros juveniles diferenciados de acuerdo con los perfiles de los internos, junto a la normativa adecuada y a infraestructura distinta. Ese es el tema.
Eduardo Vega: Creo que aquí va saliendo la idea de que se puede perfeccionar la norma sin abandonar el principio de que los adolescentes y menores requieren una atención distinta. Quizá haya que trabajar en una mejora del sistema normativo, pero también olvidamos que tenemos nueve centros juveniles a nivel nacional, hacinados, sobrepoblados, con infraestructura deficiente y con poco personal, aunque valioso. Si queremos apostar por una reinserción, que no podemos abandonar, necesitamos invertir en prevención, recuperación –y para los casos Gringasho– tratamiento especializado con un régimen especial.
¿Qué medidas debe tomar el Estado?
Renzo Reggiardo: Creo que todas las iniciativas están medio aisladas, no hay una conexión y eso lo estamos concluyendo aquí. El Ejecutivo debería pedir facultades porque el Congreso no lo va a poder hacer, no podemos ir más allá. El Congreso aprobará una ley, otra dentro de 3 meses, pero lo que se necesita es un sistema integral que abarque represión y prevención.
Eduardo Vega: Y se puede complementar con esta creación del Consejo Nacional de Política Criminal, que ya existe y está formado por sectores del Ejecutivo. Su rol es ese: mirar cómo está la criminalidad del país y qué hacer, en consenso con todas las entidades.
Wilfredo Pedraza: No hay país en el mundo que no tenga delincuencia juvenil. Los centros juveniles tienen hacinamiento y muy poca infraestructura. Creo que si se refuerzan las actividades educativas y laborales es probable que se reduzca la reincidencia. La ley de seguridad ciudadana obliga a todos, al gobierno central, a los gobiernos regionales y a los municipios a tener comisiones de seguridad ciudadana con personal y planes de seguridad ciudadana.
Juan Rubín: Lo que se necesita es un trabajo especializado. No sabemos todos los problemas psicológicos ni traumas que trae el adolescente. Si intervenimos para solucionarlos vamos a ver un cambio.
Renzo Reggiardo: La norma propuesta es perfectible pero no hay que perder de vista que también aborda el tema de la prevención. Es polémico, pero sirve para no seguir de espaldas a la situación.❧
Que los jóvenes sean agentes de cambio a través de la red
El profesor Juan Rubín integra Zona de Cambio, un espacio donde los jóvenes –muchos de ellos recuperados de ex Maranguita– vuelcan sus intereses en el deporte. «Estoy en contacto directo con los muchachos y algunos que ya salieron de Maranguita siempre vuelven y me dicen: ‘profesor, tiene razón, no me gusta esta vida, pero ¿qué puedo hacer?».
Son jóvenes que no tienen oportunidades al salir de los centros juveniles. Una propuesta es que ellos mismos, que tienen más llegada entre los propios chicos, puedan integrar una red juvenil contra la violencia en sus zonas, prepararlos para que ellos sean agentes de cambio», señaló.
A su turno, el congresista Reggiardo sostuvo que el año pasado se aprobó el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, que contempla también el tema de la violencia familiar, caldo de cultivo de la delincuencia juvenil.