Se pronuncian sobre el caso «Laptops» de la región Lima

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Como ciudadanos de la Región Lima y profesionales en Derecho, preocupados por el buen uso de los recursos públicos, los que deben ser dispuestos con transparencia y sujeción a las normas vigentes, nos vemos en la necesidad de ofrecer a la opinión pública un punto de vista legal sobre el escandaloso caso de exoneración del proceso de licitación pública para la compra de laptops por el Gobierno Regional de Lima, para que pueda primar el respeto a la ley y para que no se vea mellada la confianza del pueblo en sus autoridades regionales:

1. El proyecto “Mejoramiento de la Aplicación de las Tecnologías la Información y Comunicación en los niveles de primaria y secundaria de Educación Básica Regular de las Instituciones Educativas Piloto de la Región Lima” tiene un monto de inversión que asciende a S/. 5´291,006.54 nuevos soles. Por dicho monto, el gobierno Regional de Lima tiene la obligación de convocar a un proceso de selección para otorgar la buena pro al proveedor que mejor oferta económica y técnica ofrezca, y bajo la formalidad de la Ley de Contrataciones del Estado (Decreto Legislativo 1017) y su Reglamento (D.S. 184-2008-EF).

2. El proceso de selección que la ley exige para este caso es la licitación pública pues su valor referencial es superior a 400 mil nuevos soles. (Art. 18, inciso b) de la Ley 29626, Ley de Presupuesto 2011).

3. La exoneración del proceso de selección tiene como principal consecuencia que se invita únicamente a un solo proveedor (Art. 135 Reglamento), con lo cual deja de haber una sana competencia para conseguir un mejor producto, y sobre todo, un mejor precio.

4. Por tal razón, la Ley de Contrataciones del Estado (Art. 20) establece determinadas y precisas situaciones bajo las cuales puede proceder la exoneración del proceso de selección:

– cuando se contrata entre entidades públicas;

– por situación de emergencia;

– por desabastecimiento;

– si es de carácter secreto;

– cuando hay proveedor único; y,

– por servicios personalísimos.

No hay exoneración por otra causal.

5. La exoneración del proceso de selección por la causal de situación de emergencia está regulada por el Art. 23 de la Ley, y consiste en la situación en la cual la Entidad tiene que actuar de manera inmediata a causa de acontecimientos catastróficos, de situaciones que supongan grave peligro, o que afecten la defensa y seguridad nacional. La compra de laptops no encaja en ninguna de esas tres causales, por lo que sería ilegal comprarlas bajo este fundamento jurídico.

6. Por otro lado, para que el consejo regional pueda autorizar la exoneración por esta vía, se requiere que la emergencia sea establecida previamente por decreto supremo con la aprobación del Presidente y el Consejo de Ministros (Art. 137 de la Constitución). El Consejo Regional no puede autorizar la exoneración basándose en un acuerdo regional que declara en emergencia la educación, pues la Ley de Contrataciones no contempla esa posibilidad (ver punto anterior). Ello significaría que los consejeros han ido más allá de sus

atribuciones y serían pasibles de responsabilidad, eventualmente de tipo jurisdiccional.

7. La exoneración del proceso de selección por la causal de desabastecimiento solo procede en aquélla situación inminente, extraordinaria e imprevisible en la que la ausencia del bien compromete en forma directa e inminente la continuidad de las funciones, servicios, actividades u operaciones que la entidad tiene a su cargo (Art. 22 de la Ley). La ausencia de las laptops no compromete en nada el funcionamiento del sector educación ni del gobierno regional, y como es visible para todos (excepto para los señores consejeros) no configuraría desabastecimiento, por lo que también sería ilegal comprarlas invocando este fundamento jurídico

8. Para autorizar la exoneración, el consejo Regional debió haber recabado y conocido los informes técnico y legal que obligatoria y previamente debieron emitirse (Art. 21 de la Ley), conteniendo la justificación técnica y legal de la procedencia y necesidad de la exoneración. Si como ha trascendido en algunos medios, el informe legal da su opinión favorable a la exoneración en base a que la duración del proceso de licitación impediría ejecutar el proyecto en el presente año escolar, ello no resiste el menor análisis jurídico y demostraría la preocupante limitación profesional de las autoridades regionales. No conocemos a la fecha dichos informes por lo que este comentario es solo una conjetura, que ojalá sea falsa.

9. Dichos informes así como el Acuerdo (aprobado el 02 de junio), tienen que publicarse en el SEACE dentro de los diez (10) días hábiles de su aprobación, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad (Art. 21 de la Ley). Téngase en cuenta que la norma habla de aprobación, por lo que dicho plazo se cumple hoy y a la fecha no está publicado en SEACE.

10. También se exige que copia del Acuerdo y los informes que los sustentan deben remitirse a la Contraloría General de la República dentro de los diez (10) días hábiles de su aprobación, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad (Art. 21 de la Ley). Ese plazo también se cumple hoy.

11. En conclusión, el acuerdo de exoneración del proceso de licitación pública para la compra de las laptops es nulo e implicaría responsabilidad de los consejeros regionales que aprobaron el Acuerdo de Consejo Regional si se efectuara la compra. Por eso invocamos al Presidente Regional, en salvaguarda de los recursos públicos que son dinero del pueblo, y para evitar responsabilidad legal, a solicitar al Consejo la nulidad del acuerdo y disponga proceder a la licitación pública, para que una adquisición tan necesaria y aceptada por la ciudadanía, pueda ser realizada con toda la transparencia y garantía de legalidad que la debe envolver.

Región Lima, 16 de junio de 2011.

VICENTE SÁNCHEZ VÁSQUEZ  y JORGE ROMERO CHAVEZ

ABOGADOS