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El abogado Óscar Abraham Nieves Vela, presunto consejero legal en la sombra de la presidenta Dina Boluarte, registra más de 1.700 llamadas y mensajes de texto con integrantes de la red criminal ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’, de acuerdo con un informe elaborado por la División de Delitos de Alta Complejidad de la Policía Nacional.

El informe fue elaborado a pedido del Cuarto Despacho del Equipo Especial de Fiscales, como parte de la investigación que se sigue a los exintegrantes del desaparecido Consejo Nacional de la Magistratura Iván Noguera Ramos, Guido Aguila Grados, Julio Gutiérrez Pebe, Herbert Marcelo Cubas, Orlando Velásquez Benites y otros.

Con ese objetivo, la Policía recogió el registro histórico de los números telefónicos consignados a nombre de estas personas. Allí es donde aparecen gran cantidad de llamadas de Óscar Nieves y José Luis Cavassa Roncalla, Pepe Lucho, que llaman la atención de la Policía.

Nieves y Cavassa fueron procesados por el escándalo del Huanucazo, un gran fraude en las elecciones de abril de 1995 que benefició con miles de votos al expresidente Alberto Fujimori, a Víctor Joy Way y a Horacio Cánepa.

Años después, Nieves fue abogado de Luis Cavassa en el proceso por el caso La Centralita contra el exgobernador regional de Áncash César Álvarez. Nieves y Cavassa serían especialistas en armar partidos políticos y lograr su inscripción oficial. Por eso mismo, actualmente, son procesados en el caso conocido como Los Gángster de la Política en torno a la inscripción del partido Podemos Perú de José Luna Galvez.

La Fiscalía les atribuye haber infiltrado al Consejo Nacional de la Magistratura, además de un cercano vínculo con los jueces del Callao, que les habría permitido controlar la elección de Adolfo Castillo como jefe de la ONPE.

Los reportes de llamadas telefónicas apuntalarían la hipótesis fiscal. En total, el informe policial indica que Óscar Nieves tiene 1.766 contactos con los consejeros Iván Noguera, Guido Aguila y Julio Gutiérrez Pebe, entre diciembre del 2015 a mayo del 2018. La mayoría de llamadas, hasta 1.028, son con el entonces consejero Gutiérrez Pebe. De estas, 483 veces Nieves llamó a Gutiérrez entre el 1 de setiembre del 2016 hasta el 19 de mayo del 2018.

Luego, entre el 1 de diciembre del 2015 al 29 de abril del 2017, Óscar Nieve llamó 160 veces al presidente del CNM, Guido Aguila. En otro número telefónico utilizado por Aguila, se registran 136 llamadas, entre el 12 de diciembre del 2015 al 3 febrero del 2017. En total, son 625 llamadas entre Aguila y Nieves. Con Iván Noguera, Nieves registra un total de 113 llamadas y mensajes de texto.

El registro también incluye a Cavassa y Adolfo Castillo

El mismo reporte informa de un total de 489 llamadas entre José Luis Cavassa y el entonces consejero Iván Noguera, 533 llamadas con Guido Aguila y 436 veces con Julio Gutiérrez Pebe.

La Fiscalía atribuye a Óscar Nieves y Cavassa haber coordinado el nombramiento de Adolfo Castillo Meza como jefe de la ONPE, con el objetivo de lograr la inscripción del partido político Podemos Perú.

Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, ha iniciado los trámites para inscribir un nuevo partido político que se llamaría Ciudadanos por el Perú. Óscar Nieves ha reconocido que se reunió con la presidenta en Palacio de Gobierno, aunque niega ser su consejero legal.

La recientemente creada comisión consultiva para temas constitucionales tendrá como una de sus primeras tareas revertir las críticas internacionales en relación con la sucesión presidencial de Dina Boluarte. La composición de dicho grupo y este primer objetivo, sin embargo, son materia de cuestionamientos.

El expresidente del Tribunal Constitucional (TC) Óscar Urviola, que integra dicha comisión, informó ayer que parte del trabajo será contrarrestar los ataques por parte de los presidentes Andrés Manuel López Obrador (México) y Gustavo Petro (Colombia), quienes ponen en duda la legalidad de la sucesión del mandato.

“Vamos a desmentir esa posverdad, que es una gran mentira respecto a que la señora Boluarte es usurpadora. La señora Boluarte, aunque no nos guste, aunque no hemos votado por ella (…), llegó a la Presidencia de la República por una sucesión constitucional legítima”, expresó en un programa en Exitosa.

En la misma línea se pronunció Ernesto Álvarez Miranda, también integrante del grupo, al señalar que hay un ataque hacia el Gobierno desde el extranjero y atribuyó estos hechos al llamado Foro de Sao Paulo.

En diálogo con La República, el constitucionalista Víctor García Toma, que también fue convocado para la citada comisión, explicó que este grupo actuará en forma colegiada, a partir de los requerimientos formales que hará la presidenta.

El tema de los ataques contra Boluarte también puede ser materia de análisis y pronunciamiento, si lo solicita la mandataria, según precisó García Toma.

“Podemos no estar de acuerdo con el Gobierno, y yo soy uno de ellos, pero es indiscutible que el 7 de diciembre se produce la pérdida de vigencia de la presidencia del señor Pedro Castillo y se aplicó la regla sucesoria”, manifestó.

Cuestionamientos

El internacionalista Óscar Vidarte consideró que si bien hay ataques en el exterior con respecto a la sucesión presidencial de Dina Boluarte, los cuestionamientos mayores están relacionados con las violaciones a los derechos humanos que se cometieron durante las protestas.

“Sobre su legalidad, son pocos los países que lo cuestionan. Pero creo que (Dina Boluarte) tiene poca legitimidad a nivel internacional por los cuestionamientos vinculados a los derechos humanos”, expresó.

Desde su punto de vista, esta situación será muy difícil de revertir, pues el Gobierno no adopta ninguna acción correctiva. “No es suficiente decir que es un tema de la Fiscalía o el Poder Judicial y me lavo las manos”, comentó, al recordar que ni siquiera hubo responsables políticos por las muertes.

Por su parte, Úrsula Indacochea, directora de programa en la Fundación Para el Debido Proceso (DPLF, Washington), cuestionó la composición de la comisión por estar marcada por una sola tendencia. Advirtió que decisiones gubernamentales podrían tener un sustento constitucional, pero que no necesariamente representen el consenso de la academia.

Reacciones

Óscar Vidarte, Internacionalista

“Los cuestionamientos en el exterior están más vinculados a las violaciones de los derechos humanos, y yo creo que eso afecta la legitimidad del régimen de la presidenta Boluarte”.

Úrsula Indacochea, Dir. de programa DPLF

“La conformación de esta comisión debe ser explicada. De otro modo, veremos decisiones con aparente sustento constitucional, pero que no responden al consenso de la academia”.

Fiscalía

Citación. Dina Boluarte envió ayer un escrito al Ministerio Público confirmando que se presentará el 6 de junio para declarar en la investigación abierta por los asesinatos cometidos por las fuerzas del orden durante las protestas.

Van nueve congresista denunciados por recorte de sueldo a sus trabajadores: Rosio Torres, María Acuña, Magaly Ruiz, Marleny Portero, Heydi Juárez, Katy Ugarte, María Cordero Jon Tay, José Arriola y Edgar Tello.

El caso de Tello es el más reciente. A inicios de mayo, recordemos, el Congreso entregó a cada trabajador de esta institución un bono de S/9.900. Tello le exigió a una de sus asesores, según Punto Final, que con ese dinero le compre un proyector.

La asesora tiene ocho meses de embarazo y denunció ser víctima de los hostigamiento del congresista del Bloque Magisterial (BM) y que debido a su negativa por obedecer al congresista, la cambiaron de cargo.

El congresista castillista, mediante un comunicado, alegó que su trabajadora miente y aseguró que se trata de una venganza por haberla removido a otra función.

“Ella ha faltado a la verdad ante el medio de comunicación tomando como un acto de represalia para denigrar mi imagen como parlamentario”, sostuvo Tello.

Ayer, debido a esta acusación, el procurador general del Estado, Daniel Soria, presentó una denuncia por el delito de concusión contra el legislador. Con eso la indagación queda en manos de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides.

Estas imputaciones contra los nueve congresistas son vistas de oficio en la Comisión de Ética del Congreso, que preside la acciopopulista Karol Paredes. El problema es que los casos avanzan a paso lento. Paredes, en una entrevista a TV Perú, reconoció que resolver estas acusaciones tomará entre dos a tres meses. Y la legislatura vence el 23 de junio. Ese día también culmina el periodo de Paredes como presidenta de la Comisión de Ética. Es incierto que ella siga a cargo.

Similar situación hay en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), que preside la apepista Lady Camones. Según fuentes de este grupo de trabajo, hasta el momento se han presentado seis denuncias constitucionales contra los congresistas Cordero, Juárez, Acuña, Torres, Ugarte y Ruiz.

Los demás parlamentarios sindicados por sus trabajadores -Arriola, Portero y Tello– no tienen procesos abiertos en la Subcomisión de Acusaciones.

El reglamento del Congreso da cuenta que las investigaciones de la Comisión de Ética y de la SAC toman tiempo por las etapas que implica. De modo que, debido a eso es imposible que alguna de las denuncias constitucionales interpuestas contra los parlamentarios sea resuelta en esta legislatura.

Para la próxima no hay certeza de que Camones continúe a cargo de la Subcomisión. Fuentes de Alianza para el Progreso (APP) comentaron que Torres pretende retornar a la presidencia de esa comisión, pese a que tiene una denuncia por recorte de sueldo. Además, cuando dirigió la SAC respaldó el informe final de Alejandro Cavero, de Avanza País, que evitó que el expresidente Manuel Merino sea investigado por la muerte de los jóvenes Inti y Bryan.

La situación de APP

Pero Torres no sería la única denunciada en la mira para dirigir una comisión del Congreso. En APP, según fuentes de esta agrupación, existe el interés de tener el control de la Comisión de Presupuesto en la próxima legislatura. Incluso, estarían analizando que la presida la congresista María Acuña, quien también tiene una denuncia por recorte de sueldo. El secretario general de este partido, Luis Valdez, en diálogo con La República, niega esta versión y precisa que ese tema lo abordarán el próximo mes.

Mientras eso, ninguna apepista sindicada ha sido sancionada en el partido.

En abril pasado el líder de APP, César Acuña, cuando conoció la denuncia contra Torres, anunció que iban a expulsarla, pero aún eso no sucede. Valdez justifica las afirmaciones de Acuña como una muestra de deslinde. “Ha sido su indignación”, agregó.

Con los casos de Torres, Ruiz y Acuña, APP es la bancada con más congresistas denunciados por recorte de sueldo a sus asesores. Valdez, ante ello, responde que las congresistas Torres y Ruiz tienen suspendidos sus derechos políticos en APP.

“Hemos hecho el deslinde con ellas y exigido que asuman su defensa en los entes competentes para determinar la culpabilidad o inocencia, en la SAC o en la Comisión de Ética. APP no blindará a ninguna”, recalcó el secretario general de ese partido.

El 23 de mayo, sin embargo, la bancada de APP se reunió con el primer ministro Alberto Otárola. A ese encuentro asistieron las tres apepistas denunciadas Acuña, Torres y Ruiz. Las dos últimas, en teoría, están suspendidas. “No pidieron permiso al partido. Yo desconozco (los detalles), salvo hayan hecho algún tipo de coordinación. Hay una línea entre la bancada y el partido”, alegó Valdez.

El privilegio de Digna Calle, congresista de Podemos

La República llamó por teléfono al despacho de la congresista de Podemos Perú Digna Calle y pudo comprobar que sus asesores trabajan de manera presencial, mientras ella sigue de licencia sin goce de haberes en Estados Unidos desde hace cuatro meses. Calle todavía no se pronuncia al respecto.

Al cierre de esta nota, la congresista de Fuerza Popular, Luis Cordero Jon Tay, renunció a su bancada. Esta decisión, de acuerdo al oficio que le envió a su vocera Patricia Juárez, es irrevocable. Fuentes del Parlamento cuentan que Podemos Perú busca sumarlo a su agrupación parlamentaria.

El vicepresidente de la Junta Nacional de Justicia, Aldo Vásquez Ríos, se pronunció sobre el comunicado que emitió su institución respecto a la acusación constitucional del Congreso contra la fiscal suprema y ex fiscal de la Nación Zoraida Ávalos Rivera por haber suspendido la investigación al expresidente Pedro Castillo por los casos de concesión Puente Tarata III, adquisición de biodiésel B100 y ascensos militares. Vásquez precisó que la Junta defiende principios.

“La Junta no defiende personas, sino principios, y el principio que estamos defendiendo es el de la independencia de jueces y fiscales”, declaró en RPP.

En esta línea, consideró que si un juez o un fiscal, cada vez que expresa un criterio, debe ser sometido a un procedimiento disciplinario o una denuncia constitucional, sería el fin de la independencia del sistema de administración de justicia.

Vásquez también dijo que cada fiscal tiene un criterio distinto para iniciar una acción, como ha ocurrido con la actual fiscal de la Nación, Patricia Benavides, quien dispuso investigar a Pedro Castillo cuando asumió la titularidad del Ministerio Público en junio del 2022.

“La Junta no tiene por función evaluar los criterios de los magistrados. A la Junta no le corresponde pronunciarse sobre si el criterio que adoptó la fiscal Ávalos era el correcto; eso es un tema doctrinario, jurídico y constitucional”, sostuvo.

El vicepresidente de la JNJ también refirió que su institución no ha pretendido tener injerencia en la atribución constitucional del Congreso de someter a juicio político a altos funcionarios del Estado. Mencionó que el pronunciamiento que publicaron fue expresado en términos de respeto.

“La Junta no se entromete en una atribución constitucional; todo lo contrario, el comunicado se expresa en los términos más respetuosos, subrayando su respeto por los procedimientos disciplinarios y pidiendo reflexión en torno a un tema que no es ajeno a la JNJ, que es la independencia de los jueces y fiscales del país”, anotó.

Como se recuerda, la semana pasada, la congresista de Avanza País Patricia Chirinos denunció a los miembros de la JNJ y pidió inhabilitarlos por 10 años por haber emitido el pronunciamiento exhortando a adoptar una decisión ponderada y reflexionar sobre la denuncia contra Ávalos, que el Pleno del Parlamento estaba por debatir.