Propuesta del Ejecutivo para expulsar extranjeros contradice convenios internacionales

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Nuevas causales de extradición criminalizan a migrantes en situación irregular. Especialista señala que disposiciones del gobierno transgreden convenios y compromisos multilaterales de movilidad humana y migración

Redacción Wayka

El pasado 10 de Agosto, durante una conferencia de prensa, el premier Aníbal Torres anunció un nuevo proyecto de ley impulsado por el Ministerio de Justicia con el fin de combatir la inseguridad ciudadana. Sin embargo, dicha propuesta sería violatoria de los derechos de la población migrante, ya que tiene un especial énfasis en ciudadanos que no tiene la nacionalidad peruana.

Una de las causales que señaló el jefe del gabinete ministerial será la deportación inmediata para ciudadanos que no cumplan con las medidas sanitarias, como es el caso de las 3 dosis de la vacuna contra el Covid -19, cuando esta no es obligatoria. 

La medida también contempla la extradición a quienes se hallen conduciendo un transporte motorizado sin acreditar titularidad o cesión de este, o realizando servicio de delivery sin permiso de la autoridad pertinente. 

A este proyecto, se suma la reciente aprobación por parte del Congreso de la República al dictamen que modifica y limita el ingreso de extranjeros en el país. Entre las incorporaciones se restringe el acceso a la vivienda a aquellos migrantes que residan en el país en una situación migratoria irregular. Se añade además que el arrendatario debe dar aviso a la Superintendencia Nacional de Migraciones a través de su plataforma digital, bajo pena de sanción.

VIOLA CONVENIOS INTERNACIONALES

Para Stefano Corzo, investigador del área de seguridad ciudadana del Instituto de Defensa Legal (IDL), la medida no resuelve la inseguridad ciudadana, sino más bien buscaría «un aprovechamiento de la clase política al recoger este fervor xenofóbico que se ha exacerbado con la actual crisis económica que estamos viviendo”, señala. Esto con el fin de responder a las demandas insatisfechas de la población por mejorar la situación en el país en materia de seguridad ciudadana. 

Es importante señalar que las medidas impulsadas incrementan la discriminación por lugar de origen, al criminalizar la situación migratoria de muchos extranjeros que buscan refugio en el país. Según Corzo, estas medidas son abiertamente inconstitucionales dentro de la ley de migraciones. Más aún con todos los convenios y compromisos multilaterales que ha asumido el Perú en materia de movilidad humana y migración”, asegura Corzo.

TRÁMITES LARGOS

En la mayoría de casos de población migrante que se encuentra en situación irregular, el Estado tiene responsabilidad por la ineficacia de los trámites. En principio, para iniciar el proceso para solicitar el Carnet de Permiso Temporal de Permanencia (CPP) es necesario realizar un pago de  S/. 47.30. Si bien esto puede representar un pago simbólico, según Stefano Corzo, muchos de los migrantes que se han acogido a este proceso handependido de contribuciones internacionales para cubrir esos gastos, inscribiéndose a programas de regularización de las ONG que trabajan con población migrante en el país”. El especialista agregar que, en su mayoría, los migrantes son personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad y no cuentan con los medios económicos suficientes. 

Adicional a ello, para que un extranjero pueda regular su situación legal en el país debe pagar una multa diaria, que se cuenta desde el primer día de ingreso hasta el momento en el que logran el permiso formal de residencia en el Perú. Para muchos, este es un monto virtualmente imposible de pagar. También se suman las demoras de Migraciones en el procesamiento de solicitudes de refugio y de tramitación del CPP.

“Resulta altamente contradictorio que el Estado ponga como una causal de expulsión el tema de la no regularización o de no portar un documento de identidad cuando el mismo Estado peruano no ha podido resolver estos problemas de eficacia en la expedición de este documento”, afirma Corzo.

De aplicarse estas nuevas normativas lo que generará es que exista un grueso de población migrante que va a terminar en situación de calle, según el especialista. Y que se refuerce la idea xenófoba de responsabilidad a las y los migrantes en las causas de la inseguridad ciudadana al punto de trasgredir sus derechos fundamentales.