El procurador del Ministerio de Educación, Mario Ruiz Díaz, solicitó en audiencia pública del Tribunal Constitucional (TC) desestimar el proceso de amparo interpuesto por Pedro Castillo respecto a la huelga de docente realizada en el año 2017, la misma que fue declarada ilegal por no cumplir con los requisitos de ley.
Precisó que no se presentó documento alguno que acredite la inscripción del comité nacional de lucha de las bases regionales del Sutep en el Registro de Organizaciones Sindicales de Servidores Públicos (ROSSP) y tampoco se mencionó cuál era el ámbito de la huelga. No obstante, dijo que sí enviaron una carta refiriéndose a las bases regionales del Sutep. El asunto quedó al voto de los magistrados.
Señalado. Castillo cuando era dirigente magisterial en el 2017. Desde el Sutep lo acusan de impulsar la división del magisterio. Foto: La República
También se vio el habeas corpus iniciado por Alejandro Toledo y Eliane Karp contra el Décimo Sexto Juzgado Penal de Lima y la Cuarta Sala Penal de Reo Libre Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima.
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El abogado de Toledo y Karp, Roberto Su, solicitó que se declare la nulidad de dos resoluciones judiciales correspondientes al 17 de abril y 26 de junio del 2017, que le imponen a sus patrocinados un mandato de prisión preventiva de 18 meses. Cuestionó que se haya dictado dicho mandato de prisión respecto a elementos de convicción de otra carpeta judicial.
Además, aseguró que a Karp se le aplicó los mismos elementos de convicción señalados al caso Odebrecht. Acotó que en ellos no existe ninguna vinculación de la ex primera dama con los hechos que narra el colaborador Jorge Barata. Por tanto, adujo que tanto el juzgado como la sala sostienen que por ser la esposa de Toledo, debería presumir de los actos ilícitos que estaban cometiendo sus coimputados.
Por su parte, el procurador Percy Ramírez Florez advirtió que la defensa de las resoluciones judiciales no debe servir como pretexto para someter a un nuevo examen las decisiones que ya han sido establecidas en la judicatura ordinaria.
Sobre Alejandro Toledo recae un pedido de prisión preventiva. Foto: difusión
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“Es decir, tratar de crear un nuevo debate mediante un proceso constitucional de hábeas corpus para establecer cuestionamientos que hayan sido debatidos dentro de la justicia competente. Se busca abrir una suprainstancia para evaluar los presupuestos que se han dado en la judicatura ordinaria”, explicó Ramírez.
De allí que pidió que el recurso de agravio constitucional sea declarado improcedente.
Toledo y Karp se encuentran inmersos en el caso Ecoteva. Se trata de una investigación fiscal sobre el hallazgo de unas cuentas en un banco de Costa Rica a nombre de unas offshore. Las cuentas sumaban 17 millones de dólares.