Procurador del Cusco es investigado por beneficiar a empresa de Rafael López Aliaga

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La gestión del procurador del Cusco, Pedro Galicia, frente a las irregularidades alrededor de la ampliación de la concesión del Sanctuary Lodge, se resume en 3 años de presuntas omisiones que le han permitido a Perú Belmond, empresa vinculada a Rafael López Aliaga, mantenerse como titular del hotel más exclusivo y costoso de Machu Picchu.

Por Álvaro Meneses

Algo huele mal en el despacho del procurador regional del Cusco, Pedro Galicia Pimentel. Las sospechas han llegado hasta la oficina de Control Funcional de la Procuraduría General del Estado, donde investigan a Galicia por la presunta comisión de actos de inconducta funcional que habrían beneficiado a una empresa vinculada a Rafael López Aliaga con la ampliación de la concesión del Hotel Sanctuary Lodge de Machu Picchu.

Las sospechas se originaron el 29 de noviembre de 2013, cuando el exgobernador regional del Cusco, Jorge Tito Acurio, firmó la ampliación por 10 años más a la concesión del hotel Sanctuary Lodge a favor de Perú Belmond Hoteles S.A, pese a que no contaba con sustento técnico ni con la aprobación del Consejo Regional. La escritura pública, que hizo oficial el trámite de la ampliación, fue firmada por Acurio el 27 de diciembre de ese año, cuando ya había sido sentenciado por corrupción e inhabilitado de la función pública. 

Hotel Sanctuary Lodge. Foto: Perú Belmond.

Por donde se vea, la ampliación de la concesión que obtuvo Perú Belmond Hoteles S.A, empresa donde Rafael López Aliaga es accionista mayoritario, fue irregular; tal como también lo confirma un informe de la Contraloría.

La reacción de la Procuraduría Regional del Cusco, que debía defender los intereses del Estado -por ser propietario del hotel Sanctuary Lodge- y buscar la nulidad del contrato de concesión, también fue irregular. Por eso, según documentación a la que Wayka tuvo acceso, la Unidad de Evaluación, Supervisión, Control y Fiscalización de la Oficina de Control Funcional de la Procuraduría General en Lima investiga el papel que tuvo en el caso el procurador del Cusco, Pedro Galicia Pimentel.

Pedro Galicia Pimentel, procurador regional del Cusco.

OPORTUNAS OMISIONES

De acuerdo a la cláusula décimo sexta del contrato con el que el Gobierno Regional del Cusco entregó en concesión el Hotel Sanctuary Lodge a Perú Belmond Hoteles S.A en marzo de 1999, “toda controversia o discrepancia (…) será llevada a un arbitraje por notificación escrita por una parte a la otra”. Es decir que una situación irregular como la ampliación suscrita en 2013 debía resolverse por la vía arbitral.  

La Procuraduría Regional del Cusco, sin embargo, hasta la fecha ha dilatado ese camino.

En febrero de 2016, el exgobernador del Cusco, Edwin Licona Licona, autorizó al entonces procurador de la región, Wilver Caballero Condori, a que inicie las acciones judiciales para que se declare la nulidad de la ampliación del contrato de concesión. Así, recién en enero de 2017, casi un año después, el procurador Caballero Condori interpuso una demanda ante el Primer Juzgado Mixto de Wanchaq para conseguir la nulidad de la adenda.

Exprocurador del Cusco, Wilver Caballero Condori. Foto: Diario La República.

A los pocos días, el 25 de enero de 2017, el procurador regional del Cusco, Wilver Caballero, es reemplazado por Rossy Gamarra Mercado, quien había sido fiscal adjunta y abogada en la Procuraduría Anticorrupción Descentralizada. Durante la gestión de Gamarra, sin embargo, la demanda de nulidad se mantuvo en el olvido: en septiembre de ese año, el juzgado declaró el proceso en abandono por no haber sido impulsado en los últimos 4 meses. 

Tras una apelación de la Procuraduría Regional del Cusco a cargo de la abogada Rossy Gamarra, el caso se reabrió. La empresa Perú Belmond, por su lado, se defendió solicitando que se declare improcedente e infundada la demanda. 

Exprocuradora del Cusco, Rossy Gamarra. Foto: Diario La República.

En enero de 2019, Rossy Gamarra fue reemplazada por Pedro Galicia Pimentel. Dos meses después, el proceso se volvió a declarar en abandono y se envió al archivo central del Palacio de Justicia. Pedro Galicia, recién en el cargo de procurador del Cusco, apeló el archivamiento.

Otros seis meses después, en julio de 2019, el Primer Juzgado Mixto de Wanchaq dio por concluido el proceso. La sentencia, no obstante, señaló que “el contrato en torno al cual gira esta controversia, incluyó una cláusula arbitral (…) donde se acuerda que todas las controversias o discrepancias (…) que no puedan ser resueltas (…) será llevado a un arbitraje”. 

Y continuó así: “la vía jurisdiccional no es la que corresponde conocer las pretensiones planteadas por el Gobierno Regional a través de su procurador en este proceso, sino la arbitral por existir pacto en ese sentido en ambas partes”. Es conclusión, el mismo Poder Judicial sostuvo que la controversia; es decir, la nulidad de la ampliación del contrato, debía ser resuelto en la vía arbitral. 

Fundamento de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia del Cusco: «La vía jurisdiccional no es la que corresponde».

Como sus dos últimos antecesores, el procurador regional Pedro Galicia también ignoró la cláusula décimo sexta del contrato de concesión y la reciente sentencia y presentó un recurso de apelación ante la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia del Cusco y luego un recurso extraordinario de casación en la Sala Civil de la Corte Suprema. En ambas instancias se ratificó la sentencia del juzgado de Wanchaq que dice que la controversia debía ser resuelta a través de un arbitraje.

La gestión de Pedro Galicia como procurador del Cusco, frente a la controversia alrededor de la ampliación de la concesión del Sanctuary Lodge, se resume en 3 años de omisiones que le han permitido a Perú Belmond, empresa vinculada a Rafael López Aliaga, mantenerse como titular del hotel más exclusivo y caro de Machu Picchu hasta la actualidad. 

PROCURADOR EN LA MIRA 

De acuerdo a Ivan Aparicio Arenas, exauditor en la Contraloría General, el hecho de que el procurador Pedro Galicia haya continuado con el proceso judicial, cuando una cláusula del contrato establece tomar la vía arbitral, podría constituir una omisión de función. 

Con el micrófono en la mano, Ivan Aparicio Arenas. Foto: Facebook.

“Al no irse al arbitraje, está omitiendo el camino correcto. Habría que ver hasta qué punto la omisión de funciones se convierte en colusión. Preguntarnos qué gana la empresa Perú Belmond con esa demora (de 3 años). Por ejemplo, si yo no presenté un informe que te podría perjudicar con multas o anulación de un contrato, mi omisión te ahorró miles de soles. Esa omisión favorece a alguien que debemos sancionar”, explica Aparicio a Wayka. 

En ese contexto, el procurador del Cusco, Pedro Galicia, es investigado por la Unidad de Evaluación, Supervisión, Control y Fiscalización de la Oficina de Control Funcional de la Procuraduría General por la presunta comisión de actos de inconducta funcional en el caso del Hotel Sanctuary Lodge. De probarse la falta, se le abrirá un proceso administrativo disciplinario. 

Para el consejero regional del Cusco, Cristian López Zereceda, que además preside la Comisión de Asuntos Culturales, Turismo y Defensa del Patrimonio, la gestión de Galicia ha sido ineficiente y parcializada. “Se le pidió información sobre el caso Sanctuary Lodge y tergiversó nuestro pedido diciendo que teníamos otras pretensiones. Este señor ha recurrido a una serie de artimañas para no actuar en el momento en el que correspondía”, dice.

Durante su periodo como congresista por Cusco, la actual ministra Katy Ugarte Mamani (Perú Libre) también cuestionó el papel del procurador Galicia. “Me llama la atención que haya ido por la vía judicial y no por la arbitral, tal como dice el contrato. Esa adenda no tenía sustento técnico legal ni financiero, de modo que ha dilatado el tiempo de una manera sospechosa”, dice. 

Desde su despacho, el procurador regional del Cusco, Pedro Galicia Pimentel, responde a Wayka para defenderse.

Pedro Galicia Pimentel, procurador regional del Cusco.

—El contrato habla de controversias respecto al cumplimiento del contrato. Y este caso es de nulidad del contrato, y eso se ve en la vía judicial según nuestro entendimiento— argumenta el procurador.

Pero el mismo Poder Judicial, en una resolución ratificada en segunda instancia, le ha dicho que la vía para solucionar este caso es la arbitral, no la judicial, refutamos. 

—Este caso no se va a resolver solo con un arbitraje, es tan complejo que abarca además una serie de acciones legales por la vía judicial— responde Galicia a Wayka.

¿Entonces seguirá el proceso por la vía judicial pese a que el PJ dijo que el camino es la vía arbitral?, repreguntamos.

—Nos reservamos los pormenores por tratarse de estrategias a desarrollar— zanja Galicia, mientras que una serie de irregularidades y sospechosas demoras han permitido que Belmond Perú, empresa de Rafael López Aliaga, siga beneficiándose económicamente con la administración del hotel Sanctuary Lodge.