Perú: punto de inflexión

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No cabe duda de que el inicio del proceso de incorporación del Perú a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) es una suerte de beneficioso bálsamo en medio de tanta incertidumbre política que vivimos. México, Chile y Colombia —miembros de la Alianza del Pacífico— ya son miembros de la OCDE, solo faltamos nosotros. De acuerdo a cifras (2021) del Banco Mundial (https://data.worldbank.org/indicator), el PBI per cápita del Perú equivale al 16 % del promedio del PBI per cápita de los países miembros de la OCDE. El de Colombia registra una ratio de 14 %. En el caso de México es el 22 %, y la ratio para el caso chileno es del 34,6 %. La preocupante brecha de productividad agregada que muestra la economía peruana puede acortarse si nos ponemos de acuerdo para, por ejemplo, duplicar el PBI per cápita en los próximos 13 o 15 años, para lo cual este indicador debería crecer a una tasa promedio anual del 5 %, razonablemente posible. ¿Qué necesitamos para lograr esta meta estratégica? Un punto de inflexión en la política nacional, un trascendental y sostenido pacto entre las diversas fuerzas políticas que efectivamente coloquen por delante los intereses y el bienestar de los peruanos.

A continuación, observemos algunas referencias destacables en la política latinoamericana que nos muestran que sí es posible lograr acuerdos políticos institucionales para consolidar políticas de Estado efectivamente sostenibles, aunque también debemos poner atención a los factores de riesgo.

José Luis Romero, en Breve historia de la Argentina (1997), anota:

“Entre 1862 y 1880 transcurre el período clave de la historia argentina. Tres personalidades disímiles se sucedieron en el ejercicio de la presidencia: Mitre de 1862 a 1868, Sarmiento de 1868 a 1874, y Avellaneda de 1874 a 1880. Acaso eran distintos intereses y las ideas que representaban; distintos también eran sus temperamentos, pero tuvieron objetivos comunes y análoga tenacidad para alcanzarlos; por eso triunfó la política nacional que proyectaron, cuyos rasgos conformarían la vida del país durante muchas décadas”.

Bartolomé Mitre fue el unificador de la República Argentina; Domingo Faustino Sarmiento fue un gran impulsor de la educación pública (“educar al soberano”), del progreso científico y de la infraestructura en transportes y comunicaciones; Nicolás Avellaneda fue el primer presidente civil y consolidó la ruta de “nación, constitución y libertad”. Cabe resaltar que a inicios del siglo XX la economía argentina figuraba en un puesto muy destacado entre las naciones más promisorias del mundo. Posteriormente, la historia política argentina vino marcada por el denominado yrigoyenismo (Unión Cívica Radical) y luego por la irrupción del Partido Justicialista, cuyo mayor referente fue Juan Domingo Perón. No prendió en la Argentina el sueño liberal de Juan Bautista Alberdi, conocido también como el “Tocqueville latinoamericano”. Si en 1910 el PBI per cápita de Argentina representaba el 80 % de la economía estadounidense, hoy tan solo representa el 13,5 %.

Jorge Orlando Melo, en Historia mínima de Colombia (2017), anota:

“Derrocado Rojas, [Alberto] Lleras y [Laureano] Gómez hicieron en agosto de 1957 un nuevo acuerdo, el Pacto de Sitges […]: habría 12 años de gobierno conjunto, con ‘paridad’ en los ministerios, los organismos electivos y la burocracia. Para fundar el nuevo sistema en la voluntad del pueblo, la Junta Militar lo sometió a un plebiscito. En diciembre de 1957, con la participación electoral más alta de todo el siglo XX, 96,4 % de los ciudadanos, incluyendo las mujeres, aprobaron la […] propuesta de coalición conocida como el Frente Nacional”.

Se denomina Pacto de Sitges en atención a que el referido acuerdo se firmó en dicha ciudad española. El Frente Nacional fue un pacto político entre liberales y conservadores en Colombia y estuvo vigente entre 1958 y 1974 (finalmente fueron 16 años). Un antecedente para destacar es el asesinato del líder del Partido Liberal, Jorge Gaitán, ocurrido el 9 de abril de 1948, lo que derivó en lo que se conoce como el Bogotazo, una serie de disturbios ocurridos en Bogotá y en varias otras ciudades de Colombia.

José Antonio Ocampo Gaviria, en Historia económica de Colombia (2015), nos indica:

“Entre 1945 y 1980 el producto interno bruto de Colombia creció a un ritmo anual del 5,1 % multiplicándose cerca de seis veces. La población experimentó un crecimiento también rápido, del 2,7 % anual, que le permitió multiplicarse por poco más de dos veces y media durante esos años”.

Íñigo Fernández, en Historia de México (2020), escribe:

“A partir de 1946, el PRM se transformó en el Partido Revolucionario Institucional (PRI), que llevaría a la presidencia a Miguel Alemán (1946-1952), Adolfo Ruiz Cortines (1952-1958), Adolfo López Mateos (1958-1964), Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970), Luis Echeverría (1970-1976), José López Portillo (1976-1982), Miguel de la Madrid (1982-1988), Carlos Salinas (1988-1994) y Ernesto Zedillo (1994-2000).”

Es decir, 54 años ininterrumpidos en el ejercicio del poder bajo determinados consensos político-institucionales. Cabe resaltar que en la gestión de Carlos Salinas de Gortari se suscribió el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Canadá y México, que dio origen a una de las zonas comerciales más grandes del mundo y que entró en vigor en enero de 1994. Recuérdese que, a menos de 30 años de haberse consumado la independencia de México, este país ya había perdido más de la mitad de su territorio, situación evidentemente muy frustrante.

Francisco Frías Valenzuela, en Manual de historia de Chile (2005), nos relata un fenómeno interesante. En lo que él denomina la “República Parlamentaria” —iniciada en 1891—, identifica la institucionalidad de seis partidos políticos (conservador, liberal, nacional, liberal-democrático, radical y democrático), pero con la siguiente particularidad:

“Para formar ministerios o para elegir presidente de la República, los partidos se combinaban de todas las maneras posibles, aunque hubo dos fórmulas que tuvieron mayor arrastre y prestigio: Alianza y Coalición. 1.° La Alianza Liberal. Era aquella combinación política de que estaban excluidos los conservadores […] 2.° La Coalición. Tenía cierta semejanza con la antigua fusión liberal-conservadora y agrupaba a los conservadores, parte de los liberales y los nacionales […]”.

Sin embargo, con la elección de Arturo Alessandri (1920-1925), sucede un hecho político inusitado. Alessandri pertenecía a la Alianza Liberal, mientras que la denominada Coalición cambió a denominarse Unión Nacional. Por diversas razones económicas (las rentas del salitre, entre otros recursos, perdieron relevancia) y políticas, las Fuerzas Armadas chilenas asumieron la totalidad del poder político:

“Así terminó el sistema parlamentario y se quebrantó el régimen constitucional que había prevalecido durante más de noventa años. Va a comenzar un período de trastornos, de reformas y de inquietud que solo hallará su término ocho años más tarde, en 1932”.

Se inició entonces la denominada “República Presidencialista”. Es historia más reciente la conformación de la Concertación de Partidos por la Democracia (PPD), que en marzo de 1990 y representada por el electo presidente Patricio Aylwin recibe el mando de Augusto Pinochet: es la transición democrática.

En el caso peruano, no hay que hurgar mucho en nuestras bibliotecas para encontrar títulos tales como La utopía republicana (1997) y En pos de la República (2013) de Carmen Mc Evoy, o Ciudadanos sin República (2018) de Alberto Vergara, quien dice:

“Porque sin reforma del Poder Judicial, la corrupción nos secuestró; sin reforma política, los partidos se consolidaron como vehículos de representación lumpen; sin reforma del Estado, todos los gobiernos son ineficientes a la hora de gobernar; sin un proyecto empático hacia la ciudadanía, esta desprecia a sus políticos, desconfía de sus instituciones y sospecha de las grandes inversiones; sin priorizar la agenda del estado de derecho ni la inversión en capital humano, la economía, que antes levantaba vuelo fácilmente desde muy abajo, ahora planea bajito […]”.

Sin embargo, hubo una breve primavera democrática en el Perú entre 1945 y 1948: el Frente Democrático Nacional (FDN). Manuel Burga y Jorge Lossio apuntan en La insurgencia de la multitud (2021): “Después de décadas de golpes y elecciones canceladas, un presidente electo de forma democrática, Manuel Prado, cedía el poder político a otro presidente electo de la misma forma, José Luis Bustamante y Rivero”. Sin embargo, el FDN fue producto de una alianza endeble y sin un claro proyecto político a largo plazo: acabó abruptamente con otro golpe militar (general Manuel Odría Amoretti), en 1948, reanudando el militarismo.

Lamentablemente hemos recibido nuestro Bicentenario no solo en plena pandemia de la COVID-19, sino en medio de una frustrante y angustiante situación política que nuevamente nos hace mirar hacia Jorge Basadre, en La promesa de la vida peruana (1944):

“¿Para qué se fundó la República? Para cumplir la promesa que ella simbolizó. Y en el siglo XIX una de las formas de cumplir esa promesa pareció ser, durante un tiempo, la preocupación ideológica por el Estado y el individuo y más tarde la búsqueda exclusiva del desarrollo material del país. En el primer caso, el objetivo propuesto fue el Estado eficiente; en el segundo caso, fue el país progresista. Los hombres del siglo XIX no lograron la estabilidad en las relaciones entre el Estado y el individuo ni el sistemático progreso del país. Mas en la promesa alentaba otro elemento que ya no era político ni económico. Era un elemento de contenido espiritual, en relación con las esencias mismas de la afirmación nacional”.

El mensaje es claro: no habrá República sin hombres virtuosos.

En las próximas elecciones regionales (2022) y generales (2026) por realizarse en el Perú, es imperativo promover la unidad político-institucional de aquellos que creemos en una República al servicio efectivo del bien común, en una firme democracia liberal —pero que privilegie el buen gobierno— y en la búsqueda de un Estado eficiente para la promoción de un progreso sostenido y equitativo. La vida peruana requiere de un urgente “punto de inflexión”. No debemos olvidar quiénes son los reales enemigos del Perú:

“Los Podridos, los Congelados y los Incendiados. Los Podridos, han prostituido y prostituyen palabras, conceptos, hechos e instituciones al servicio de sus medros, de sus granjerías, de sus instintos y de sus apasionamientos. Los Congelados se han encerrado dentro de ellos mismos, no miran sino a quienes son sus iguales y a quienes son sus dependientes, considerando que nadie más existe. Los Incendiados se han quemado sin iluminar, se agitan sin construir. Los Podridos han hecho y hacen todo lo posible para que este país sea una charca; los Congelados lo ven como un páramo; y los Incendiados quisieran prender explosivos y verter venenos para que surja una gigantesca fogata” (Jorge Basadre, La promesa de la vida peruana).

Manuel González Prada (1844-1918) acuñó la frase “el porvenir nos debe una victoria”: necesitamos de aquellos hombres y mujeres virtuosos para lograr nuestro Pacto de Sitges por unos 15 años, como mínimo: concertación de políticas públicas y una debida orientación de las decisiones políticas hacia la prosperidad de los peruanos. Si en política se ha llegado a decir que “salvo el poder, lo demás es ilusión”, en economía —y parafraseando— podemos afirmar que “salvo la productividad, lo demás es ilusión”. Que la incorporación del Perú a la OCDE sea el disparador para establecer un punto de inflexión en nuestra historia republicana.

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