Cuando la Misión de Alto Nivel de la Organización de Estados Americanos (OEA) llegó al país por invocación a la Carta Democrática del entonces presidente Pedro Castillo, congresistas de diversas tiendas políticas pidieron ser escuchados. Tanto oficialistas como opositores disputaron su derecho a ser oídos por los seis cancilleres en actividad de los países miembro, entre otros diplomáticos listados. Era 20 de noviembre.
Pese a los primeros cuestionamientos a la aceptación del ente supranacional provenientes de parlamentarios de la derecha, que desconoció los resultados legítimos del 2021, terminaron solicitando minutos. Primó el diálogo ante este mediador. Incluso, un 49% de peruanos creyó que la misión de la OEA ayudaría a salir de la crisis política, según una publicación del Instituto de Estudios Peruanos (IEP).
Once días después de haberse reunido con los tres poderes del Estado, organismos autónomos y representantes de la sociedad civil, el vocero de la misión, Eladio Loizaga, leyó el informe preliminar. “Se recomienda una tregua en tanto se convoca y conforma el diálogo. Debe haber un consenso mínimo para asegurar la gobernabilidad. Se requiere también del compromiso de los actores políticos para alcanzar un clima de tranquilidad (…)”, dijo.
No fue así. Castillo Terrones incumplió las sugerencias que solicitó.
El expresidente intentó cerrar el Congreso menos de una semana después de que su equipo de comunicaciones escribiera en Twitter que el documento preliminar de la OEA ratificó que su gestión recibió “ataques desestabilizadores”. El mismo día del anuncio ilegal, 7 de diciembre, se iba a debatir la tercera moción de vacancia presentada por el no agrupado Ed Málaga-Trillo, pero el exmaestro se adelantó.
En su anuncio golpista, Castillo comunicó que su decisión fue informada a la OEA amparándose en el artículo 27 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, referente a la suspensión de garantías. Se trata de un recurso excepcional utilizado en “caso de guerra, de peligro público o de otra emergencia que amenace la independencia o seguridad del Estado Parte“. Para el internacionalista Francesco Tucci, el accionar “no tiene justificación (…) Rompió con el orden constitucional, punto”.
Por su parte, Farid Kahhat, profesor de la academia diplomática, dijo en diálogo con La República: “Esto confirma lo que muchos creían respecto a la invocación de la carta democrática interamericana. Castillo no creía que esta iba a resolver la crisis política en el Perú, sino que quería ganar tiempo (…) ¿Tiempo para qué? No quedaba claro. Ahora vemos que tampoco lo tenía claro él, porque esto, más que una maniobra planificada, parecía un manotazo de ahogado“.
Renuncia de Harold Forsyth
Apenas se enteró por un mensaje de WhatsApp de que Castillo pretendió cerrar la sede del Legislativo inconstitucionalmente, Harold Forsyth, en sesión del Consejo Permanente de la OEA en Washington, decidió renunciar a su cargo como representante permanente del país. “No puedo, por razones morales y profesionales, tener (…) vinculación con un régimen que funciona con base en decretos”, dijo el diplomático frente a sus símiles.
Sobre el argumento de la convención que utilizó el expresidente, Forsyth aclaró en conversación con este diario que “ninguna acción (…) que ha asumido Pedro Castillo (…) tiene relación, un amparo legal, ni de la Convención Americana de Derechos Humanos ni de nada. Lo que ocurrió es una simple violación de la constitución. Es un vulgar golpe de Estado“.
El diplomático enfatizó que “es una falta de respeto indescriptible la que ha tenido Pedro Castillo con los países miembro del Grupo de Alto Nivel que acreditaron a sus ministros de relaciones exteriores en delegaciones (…) como no ocurrió nunca en la historia“.
Horas después, una vez conocido el desestimo de las Fuerzas Armadas y las múltiples renuncias del gabinete ministerial que desolaron a Castillo, la OEA convocó a los representantes para expresar pareceres sobre la inevitable asunción de Dina Boluarte.
Luis Almagro, el secretario general, dijo que se comunicaría con la presidenta de la República para transmitirle apoyo. También dijo que “la disolución del Congreso es repudiable (…) desde todo punto de vista. Esta crisis se pudo haber evitado con las recomendaciones del Grupo de Alto Nivel“.
¿Cómo sería el informe final de la OEA sobre la situación del Perú con la destitución de Castillo?
Para Tucci, “a nivel internacional, claramente, todo el rumbo que la OEA pensaba planear (para esta situación convulsa) se ha ido al tacho. Es decir, negociar, eventualmente proponer un Grupo de Alto Nivel para favorecer diálogo… eso ya no va, porque una de las partes ha roto el orden constitucional”.
Farid Kahhat coincide con Tucci en que las sugerencias de diálogo del organismo que mancomuna a países de la región son extemporáneas, pero plantea que, en todo caso, “debería decir algo respecto a los temas de fondo”. Es decir, sobre la preocupación expresada en el informe preliminar respecto al “uso indiscriminado de las mociones de vacancia (…), denuncias constitucionales, mociones de interpelación, (y) votos de censura)“.
Esos mismos puntos fueron advertidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA en octubre último, antes de que la Misión de Alto Nivel confirmase su arribo.
El grupo presidido por el guatemalteco Stuardo Ralón observó que la crisis política se debe, en parte, a la ausencia de “definición objetiva“ de tres figuras legales: la disolución del Congreso por negación de confianza a dos gabinetes, la acusación constitucional y la vacancia presidencial por incapacidad moral. Kahhat cree que la OEA tomará en cuenta este antecedente para su documento final.