Por: Oswaldo Carpio Villegas
La descentralización en el Perú ha llegado a un punto muerto, en realidad, a un franco estancamiento y, por ende, a un retroceso que nos ha hecho retroceder hacia la feudalización de la política con todas sus negativas consecuencias. Algunos «presidentes» regionales se han convertido o en unos bandidos o en unos reyezuelos. Un simple auxiliar de contabilidad ambicioso y carente de valores se convierte en «presidente» regional -demasiado nombre para tan mala cosa- y desde allí organiza una mafia que se une a otra mafia aún mayor -una tarántula con un centenar de empresas de fachada dedicadas a robar, usufructuar, corromper, falsificar documentos, interceptar teléfonos, crear medios de comunicación, alquilar espacios en la TV y en la radio, y, lo más grave, construir un poder oculto, paralelo al del Estado para realizar todas las fechorías, incluido el asesinato.
El dinero ilegal que mueven anualmente algunos «»presidentes» regionales y sus socios, es de centenares de millones de soles. En cuatro años un Gobierno Regional en los últimos años ha contado con miles de millones de soles de presupuesto. Con una Contraloría débil y con consejeros regionales comprados, subordinados, blandos o que se hacen los que no ven, las cosas han salido muy mal.
Hay excepciones que confirman la regla. Y esas excepciones son pocas pero son buenas. No vamos a tratar de ellas ahora. Algunos presidentes regionales consideran, sin ningún escrúpulo, que el 10% al que le llaman el «diezmo» es una obligación natural a la que tienen derecho. Pero sobre ese dinero mal habido que pagan malas personas y algunos empresarios inescrupulosos para engañar al Estado, a las comunidades y a la sociedad en general, se construye pasa a paso, un poder sobre y para el robo: licitaciones amarradas, cartas-fianza falsas, cobros a directores de UGEL y directores de Centros Educativos para sus nombramientos; compra de bienes sobre-facturados, uso de los bienes públicos para las campañas electorales; ausencia de fiscalización del transporte, del medio ambiente y de la minería, entre otras barbaridades. Todo a cambio de coimas cada vez mayores y a la extorsión pues en su desenfreno y a través de testaferros han creado empresas formales que hacen contratos con empresas privadas a las que ofrecen sus servicios, a exigencias de algunos de estos «presidentes» regionales.
Las ganancias ilícitas se reparten entre los corruptos y los corruptores. Los mineros informales, por ejemplo, son obligados a pagar la «bola de oro» -un kilogramo- a la que cada minero artesanal o pequeño aporta con un gramo y son «varias bolas de oro» al mes, dependiendo de la región. Los «consejeros» forman empresas a través de testaferros que defienden el medio ambiente contra las empresas mineras y promueven la minería ilegal contaminante. Tienen medios de comunicación locales que presentan la verdad como mentira y la mentira como verdad Sabemos que son miles los mineros ilegales, los informales y los formales a los que se les cobra por no mirar, no fiscalizar. Por eso es que se ha detectado contrabando de oro y el poder de las empresas dedicadas a esa actividad ilegal está vinculado a autoridades regionales y nacionales que se han coludido.
Algunos PNP cubren el traslado del preciado mineral y todos se vuelven ciegos. Jueces de zonas lejanas amparan a empresas corruptoras y «liberan» a los que violan las leyes. Hay una ruta del oro y, también, de la cocaína y de los dólares mal habidos. Todo ese dinero que se genera ilegalmente requiere de un lavado de activos descomunal y para eso se crean decenas de empresas de fachada y es preciso sacar en continuos viajes el dinero sucio hacia el extranjero.
Las rutas se han ampliado y no van sólo hacia Panamá, Costa Rica, Suiza y las Islas Vírgenes. Van hacia el Brasil y de allí a Europa. Se edificado una corrupción generalizada y a gran escala porque para mantener tanta ilegalidad se requiere romper consciencias y las manos de fiscales, jueces, policías y periodistas. Sí, periodistas que ocultan, escriben, promueven temas e intentan limpiar rostros y manos sucias con primeras planas que «limpian» imágenes. Es curioso, siempre hay revistas, medios de comunicación creados a través de hombres de paja o testaferros. Como ha ocurrido en otros lugares del mundo, en el Perú los operadores de las viejas mafias se reciclan, se trasladan o deslizan y hacen su sucia labor para las nuevas.
La democracia es asesinada de la misma forma que la gente que investiga o como a los consejeros regionales que denuncian o los testigos que intentan declarar. Se ha entronizado un poder que se siente impune y los asesinatos se han sucedido uno tras otro, encubiertos por policías que hacen malos atestados adrede, fiscales que no acusan y jueces que devuelven todo a los fiscales y éstos a los policías. Todo para archivar procesos.
La descentralización hoy ha fracasado porque en algunos Gobiernos Regionales se han formado verdaderas guaridas de delincuentes que roban con impunidad han creado, para ello, la telaraña necesaria para defenderse y pasar como inocentes. Estas organizaciones criminales cuentan con representantes en el Congreso de la República que llevan la consigna y el dinero para impedir toda investigación y lo hacen en nombre de los derechos humanos y la lucha contra la corrupción: doble moral, doble discurso, doble lenguaje, doble vida. Juegan a que todo se olvide, le dan tiempo al tiempo y esperan que todo pase y que la gente se olvide. Hoy se trafica oro, se lava dinero y activos, se crean clubes o se compran clubes de fútbol para lavar activos. Los compran, los usan y luego los abandonan porque ya no son útiles. Trafican con terrenos, se apropian de inmuebles y hacen denuncios mineros a través de testaferros. Algunas mafias quiebran los clubes y se roban la contabilidad.
Se han sentido y se sienten todopoderosos por la impunidad. En todas partes tienen operadores: Poder Judicial, Fiscalía, PNP, Registros Públicos, INDECOPI, Contraloría, etc. Estamos advertidos. Es preciso actuar. Esta feudalización de la política destruye la vida, el tejido social y es un obstáculo para el desarrollo del país y pésimo ejemplo para todos por la terrible y corrosiva impunidad que desmoraliza a los ciudadanos, los vuelve desconfiados y, a otros, cínicos.
La Constitución política del Perú señala en el artículo 112° que «el mandato presidencial es de cinco años, no hay reelección inmediata» para el presidente de la república. Si no se puede reelegir al presidente de la república, ¿por qué sí a los presidentes regionales? La realidad del país ha cambiado y la estructura de los Gobiernos Regionales ha convertido al presidente en un señor feudal que decide sobre todo: recursos, inversiones, proyectos, servicios, personas, ciudadanos. Se ha demostrado en estos años que la reelección de los presidentes regionales no es lo mejor para el país. Es un imperativo realizar un cambio.
El camino es decir no a la reelección de los presidentes regionales en las próximas elecciones y aprobar una ley que lo prohíba. Mientras tanto, no votar por la reelección.