OPINIÓN | Dr. Edhín Campos Barranzuela: “Estado de emergencia en Lima y Callao”

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Tal como estaba previsto, la semana pasada se oficializó la declaratoria del estado de emergencia en todo Lima y la provincia Constitucional del Callao, por un periodo de 45 días.

El nuevo texto normativo, materializado a través del Decreto Supremo 012-2022-PCM, establece que la Policía Nacional mantiene el control interno, con el apoyo de las Fuerzas Armadas. De la misma forma, se regula el uso de la fuerza de ambos institutos dentro del territorio patrio, respetando los derechos constitucionales y garantías procesales de los ciudadanos.

En tal sentido, es importante precisar que una declaratoria de estado de emergencia se autoriza cuando existe perturbación de la paz social y el orden interno y lleva consigo la suspensión de algunos derechos constitucionales relativos a la libertad de tránsito, la libertad de reunión, la seguridad personal y la inviolabilidad de domicilio.

De la misma forma, importa también la intervención de los tres institutos de las fuerzas armadas para coadyuvar en el trabajo de prevención e investigación asignada a la Policía Nacional y servirá como agentes disuasivos para evitar la comisión de hechos punibles, sobre todo en zonas consideradas “rojas” y comisión de alto porcentaje delictivo.

Actualmente, se viene viviendo alarma, zozobra y terror por el incesante incremento de la ola delictiva, estas cifras se ven incrementadas por la migración venezolana y, además, por la constitución de nuevas bandas y organizaciones criminales, lo que demuestra que nos encontramos en tiempos violentos.

No cabe duda que estamos tocando fondo, pues aparte de los problemas sanitarios por la terrible tercera ola y la situación económico social, otro de los principales problemas que tenemos es la grave inseguridad ciudadana.

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Debido a la caótica situación que vivimos, la propia Policía Nacional comenzará a diseñar un plan de emergencia para la realización de permanentes operativos e ingresar a las viviendas sin permiso judicial, siempre y cuando las unidades de inteligencia hayan definido un mapeo de la comisión de diversos delitos en esa zona.

En tal sentido, esta nueva modalidad de trabajo policial se iniciará con patrullaje motorizado, vehicular y peatonal, así como también la realización de operativos, en donde estarán solicitando un control de identificación a todas las personas, para poder tomar conocimiento si tienen antecedentes penales, judiciales y policiales, lo que probablemente ocasionará malestar en cierto sector de la población, empero, algo se tiene que hacer, pues la ola delictiva, realmente, es muy preocupante.

A partir de la fecha, se tienen 45 días para poner en funcionamiento un Plan Nacional de prevención, investigación y sanción contra toda modalidad delictiva existente, pues las cifras van en crecimiento y nada denota una disminución en su cometido, es por ello que es urgente que los representantes del Consejo de Estado, que involucra a los presidentes de los tres poderes del Estado, cumplan con hacer respetar las políticas públicas relacionadas con el combate a la delincuencia y criminalidad organizada existente en el país.

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