Martín Vizcarra: Pedido de prisión preventiva «está claramente motivado por presiones políticas»

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El presidente Martín Vizcarra acusó a fiscal Germán Juárez de querer «interferir» en su candidatura al Congreso con su pedido de 18 meses de prisión preventiva por presuntos sobornos. Además, denunció que es víctima de una persecución política iniciada «desde varios frentes».

El expresidente Martín Vizcarra acusó al fiscal Germán Juárez Atoche de querer «interferir» en su candidatura al Congreso con el pedido de 18 meses de prisión preventiva por haber recibido presuntos sobornos de las empresas Obrainsa e ICCGSA, parte del ‘Club de la Construcción’, en dos obras públicas durante su periodo de gobernador regional de Moquegua.

«El fiscal (Rafael) Vela dijo que podría pedir asilo político en Bolivia para huir de las investigaciones. Eso es totalmente falso y para desmentirlo envié una carta a la embajada de Bolivia señalando que no solicitaré asilo. Yo me quedaré en mi país, aquí está mi país y mi familia. Resulta preocupante que la Fiscalía recurra a especulaciones», mencionó.

Durante su defensa, el exmandatario expresó su «total indignación y rechazo» a todos los argumentos y cargos sustentados por el fiscal Germán Juárez para justificar su pedido de 18 meses de prisión preventiva. Vizcarra dijo «no encontrar elementos» para que se le prive de su libertad pese a que -aseguró- se ha puesto a disposición para colaborar en la investigación.

«Aquí no está siendo juzgado Martín Vizcarra, lo que se está analizando es un pedido de prisión preventiva que carece de sustento y está claramente motivado por presiones políticas. Hoy se trata del pedido de un fiscal que pretende llevarme a prisión siendo candidato al Congreso a tres semanas de las elecciones. El pedio de la Fiscalía trasciende el ámbito legal y se enmarca en un contexto de persecución política en mi contra iniciado desde varios frentes», señaló.

«Los fiscales no pueden convertirse en actores políticos. Siempre he sido respetuoso de la autonomía e independencia del Ministerio Público, pero no puedo quedarme callado cuando algunos miembros de esta institución exceden de sus competencias y pretenden, sin argumentos, interferir a mi derecho constitucional de postular al Congreso«, añadió.

Pese al pedido de la jueza para que se centre en los argumentos que motivan el pedido de la Fiscalía, Martín Vizcarra insistió en denunciar una «persecución política» en el marco de su candidatura, la cual, en su opinión, se refleja en las tachas interpuestas a su postulación, las denuncias en el Congreso «que apuntan a una inhabilitación express» y de un fiscal «que pretende usar de manera abusiva la prisión preventiva».

Martín Vizcarra cuestionó que se le vincule con el denominado ‘Club de la Construcción‘ pese a que -aseguró- «cuando fui ministro de Transportes denuncié por primera vez la existencia de ese club que desde hace varios gobiernos se repartían contratos fraudulentos». «Todo el país sabe que quien puso fin a ese mecanismo de corrupción fui yo», señaló.

«Yo puse fin a esa práctica y de eso no me arrepiento, a pesar de que este es el costo que estoy pagando. ¿A casi cinco años de esta investigación cuántos de los directivos que han aceptado sus delitos? Ninguno, por el contrario, soy yo, el que denunció este hecho, el que está aquí, y pese a ello el fiscal formuló impedimento de salida del país y decidió allanarme porque no voy a abandonar el país, no voy a pedir asilo ni me voy a internar en una clínica», agregó.

Posible condena «no bajaría de los 33 años» de cárcel

El fiscal Germán Juárez estimó esta mañana que una eventual condena contra el expresidente Martín Vizcarra por presuntos sobornos en el caso ‘Club de la Construcción’ «no bajaría de los 33 años» de cárcel. Durante la audiencia en la que se sustentó el pedido de prisión preventiva contra el exmandatario, el representante del Ministerio Público señaló que la gravedad de esta posible pena podría generar que el expresidente quiera «sustraerse a la acción de la justicia».

Juárez Atoche aseguró que los elementos presentados por el Ministerio Público constituyen un «caso sólido» en el que se advierte una «sospecha reveladora» de la comisión del delito debido a las declaraciones de colaboradores, la documentación que acreditaría el pago que habría recibido Martín Vizcarra, así como las comunicaciones entre el expresidente y funcionarios de Obrainsa, empresa a cargo del proyecto Lomas de Ilo.

«Son elementos de convicción relevantes en esta investigación y por lo tanto eso hace que sea un caso sólido y que la pena probable a imponérsele al señor Martín Vizcarra supere los 20 años. Desde ahí cobra relevancia la gravedad de la pena que espera el imputado en estos hechos. Por lo tanto, se cumple con el presupuesto de la gravedad de la pena», aseveró.

Peligro de fuga y de asilo en Bolivia

Para sustentar su pedido de 18 meses de prisión preventiva contra expresidente Martín Vizcarra por haber recibido presuntos sobornos de las empresas Obrainsa e ICCGSA, el fiscal advirtió que el expresidente tiene posibilidades «bastante altas» para salir del país, debido a su movimiento migratorio, y de solicitar asilo político en Bolivia.

«Respecto a las facilidades para poder salir del país, teniendo en cuenta el movimiento migratorio de Martín Vizcarra y la capacidad económica para salir del país, pero también que sí podría tener refugio en otro país (Bolivia), considerando que Martín Vizcarra ha creado las condiciones para ese efecto pues ha señalado de manera expresa que es un perseguido político», recordó el fiscal.

Entre otros argumentos, el fiscal recordó que Martín Vizcarra no tiene arraigo laboral luego de su paso por la Presidencia de la República y que actualmente solo se dedica a su campaña para llegar al Congreso. Además, precisó que recibe una pensión vitalicia que oscila entre 16 mil soles y posee inmuebles valorizados en 3 millones de soles, por lo que «tiene solidez económica para efectos de poder salir del país o permanecer oculto».