Loreto: cuando las actas no garantizan que la impunidad ambiental acabe

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Sin ley. Entre el Acta de Dorissa firmada en el 2006 y el Acta del Pastaza de la semana pasada se reportaron más de cien derrames de petróleo, pero las autoridades nunca multaron a Pluspetrol por el atentado contra el medio ambiente.

Elízabeth Prado/

Un estudio de salud ejecutado por el Estado el 2005 entre la población nativa de la cuenca del río Corrientes, en Loreto, determinó que más del 90% de las muestras tomadas contenían plomo y cadmio por encima de los límites permisibles.

A esos niveles había llegado la contaminación en esta zona del oriente, y ese sería el inicio de una negociación tan interminable como estéril.

El pueblo achuar no tardó en tomar las instalaciones y los pozos de los lotes 1AB y 8 de Pluspetrol para exigir al Estado y a la empresa adoptar medidas de urgencia para detener el daño ambiental.

Entonces el Estado, el Gobierno Regional de Loreto y la empresa Pluspetrol Norte S.A. firmaron con los Apus de esas comunidades la famosa Acta de Dorissa, en la que el gobierno central se comprometió a velar para que la petrolera reinyecte el 100% del agua de producción (que brota junto con el petróleo, a una temperatura de 90º) en el mismo yacimiento y no vaya más al río Corrientes.

 También garantizó la ejecución de un programa de remediación ambiental (limpieza de  impactos como derrames, almacenamiento de lodo de perforación y otros) por 60 millones de soles en el Lote 8, y aseguró que las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos se iban a realizar con el consentimiento de las poblaciones indígenas.

Por su parte el gobierno regional de Loreto aprobó la ejecución de un Plan de Atención Integral de Desarrollo para las comunidades ribereñas del río Corrientes, con financiamiento de Pluspetrol y apoyo del Ministerio de Salud.

Este plan incluía Seguro Integral de Salud, apoyo alimentario temporal y abastecimiento de agua potable a las 31 comunidades. En tanto, la empresa Pluspetrol asumió el compromiso de acabar con el vertimiento del agua de producción al río Corrientes.

No se cumplieron

Seis años después de la firma del Acta de Dorissa, la Federación de Comunidades Nativas del río Corrientes (Feconaco) denuncia que estos compromisos asumidos se cumplieron fuera de tiempo y parcialmente.

«El plan de salud solo se ejecutó en 50% y no se enfocó en la contaminación. Nunca se reportaron enfermedades vinculadas a la contaminación ambiental, como si no existiera. El plan de desarrollo social solo se aplicó en 10%. Y sobre la reinyección de aguas de la producción petrolera, Pluspetrol dice que ya lo hizo al 100% pero hay dudas», dice Jorge Tacuri, asesor legal de Feconaco.

Según Wendy Pineda, del Observatorio Petrolero de la Amazonía Norte, la impunidad en las cuencas del Corrientes, Tigre y Pastaza persiste temerariamente: en los últimos cinco años Feconaco y Vigilancia Territorial Indígena del Corrientes reportaron un centenar de derrames petroleros, de los que denunciaron 46, pero el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmín) no impuso una sola multa a Pluspetrol.

Más actas incumplidas

En mayo del 2011, el gobierno regional de Loreto suscribió el Acta del Pastaza con la Federación de Indígenas Quechuas del Pastaza.Ahí prometió contactar a Pluspetrol para que junto a los nativos se elabore una agenda que evite la temida contaminación petrolera.

Según los nativos, el gobierno regional no asistió a las citas de julio y setiembre del 2011, ni de marzo y mayo del 2012.

«El gobierno de Loreto nos ha engañado por un año. Ya estamos cansados», dijeron en un comunicado al declararse en movilización el 9 de junio junto a la Federación de Comunidades Nativas del Tigre (Feconat) para exigir al gobierno una comisión de alto nivel.

El 16 de junio, los ministros Manuel Pulgar Vidal (Ambiente) y Alberto Tejada (Salud) llegaron a la comunidad Alianza Topal, distrito de Andoas, provincia Datem del Marañón, y se comprometieron a formar una comisión multisectorial que atienda el reclamo de las cuencas del Pastaza, Corrientes, Tigre y Marañón. También anotaron un plan integral de salud para las cuatro cuencas.

Al día siguiente, el 17 de junio, el gobierno regional de Loreto firmó 23 compromisos que van desde el financiamiento de una evaluación ambiental internacional del territorio afectado por las operaciones petroleras del Lote 1AB hasta un estudio toxicológico, y la ejecución de tres vuelos cívicos mensuales en la ruta Iquitos-Andoas-Iquitos.

«Tenemos expectativa en que estas actas se cumplan. De no ser así, las reacciones serán fuertes», alertó Jorge Tacuri.

Y mientras el Ejecutivo ha creado otra comisión multisectorial para mejorar las condiciones ambientales en el ámbito de las industrias extractivas, los nativos esperan que el 10 de julio el gobierno de Loreto lleve al Pastaza gran parte de sus promesas ya consolidadas. Tal vez así se acabe esta negociación eterna.

 

“Se deben sancionar derrames”

 

El gerente de Desarrollo Social de la región Loreto, Yuri Alegre, declaró que los derrames de petróleo que se han producido fueron inspeccionados por las autoridades regionales junto a los comuneros y que los respectivos informes se elevaron al Ministerio de Energía y Minas y a los organismos encargados de sancionarlos.

Alegre también reclamó mayor participación de la Autoridad Nacional del Agua en verificación de niveles de contaminación de los ríos.  

En cuanto al compromiso de trasladar en vuelos aéreos a nativos hasta Iquitos tres veces al mes, el gerente de Desarrollo Social explicó que harán gestiones con la FAP y posiblemente con Pluspetrol para concretarlo.
 «Si está en el acta,

así será. Trabajamos para que cuando el presidente Iván Vásquez regrese a Alianza Topal el 10 de julio lleve cosas más concretas», aseguró.

Y sobre la lancha que prometieron a las comunidades nativas hace cuatro años, el funcionario dijo que esta semana la entregarán y que el incumplimiento se debió a que en el 2009 hubo un descenso del canon y porque la normativa nacional no permite agilizar estos procesos.

 

En cifras
 

1971 Occidental Petroleum OXI opera en el Lote 1A. En el año 2001 transfiere el Lote 1AB a Pluspetrol Norte SA.

40 años de actividad petrolera y no existe inventario de pasivos ambientales por hidrocarburos, a pesar
de existir una ley desde el año 2007.