La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) pidió este jueves al presidente de Perú, Pedro Castillo, que proteja a los pueblos nativos en aislamiento voluntario, ante el intento de autoridades del Gobierno regional de Loreto de derogar la legislación que los ampara.
En una carta dirigida al mandatario, la Aidesep y la Organización Regional de Pueblos Indígenas del Oriente (Orpio) solicitaron a Castillo que pronuncie públicamente su respaldo a la ley que protege a los pueblos en situación de aislamiento o de contacto inicial (PIACI).
Actualmente, varias organizaciones en la región Loreto están promoviendo la derogación de ese norma para facilitar otras actividades y obras en su territorio.
Aidesep y Orpio aseguraron que la eventual derogatoria de esa legislación implicará «el exterminio de colectivos humanos», lo cual demuestra una «irresponsabilidad incalificable y flagrante violación de derechos que apunta al genocidio».
En ese sentido, reclamaron al jefe de Estado que le recuerde al Gobierno regional de Loreto y a la Coordinadora para el Desarrollo Sostenible de Loreto que está prohibida la regresividad y vulneración de los derechos humanos.
Asimismo, alertaron al mandatario y al presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, que la referida coordinadora «agremia a un sector del empresariado loretano con prácticas inescrupulosas» con sentencias por corrupción y delitos ambientales.
Piden nulidad de concesiones forestales
Por tal motivo, las organizaciones pidieron al Ejecutivo que exija al Gobierno regional de Loreto que declare la nulidad de las 47 concesiones forestales que otorgó dentro de los territorios de los pueblos en situación de aislamiento en esa región porque violan los tratados internacionales que amparan sus derechos, así como la normativa forestal vigente.
La ley de protección de los pueblos en aislamiento o de contacto inicial, vigente en Perú desde 2006, tiene como objetivo garantizar los derechos fundamentales de estos pueblos y dispone el carácter intangible de las reservas indígenas para ellos.
Sin embargo, en las últimas semanas circuló en Loreto un manifiesto que afirma que esta norma condena a esta región, que concentra la mayor población indígena de la Amazonía peruana, «al retraso, subdesarrollo y hambre».
A su juicio, frena la ejecución de proyectos de infraestructura, carreteras e inversiones para la actividad de la industria forestal, la agroforestería y de hidrocarburos.
(EFE)