Líder indígena kichwa denuncia agresión y amenazas por denunciar actividades ilegales

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“Mi vida está en peligro, pero no me puedo ir así como así, no puedo dejar a mi familia y a mi comunidad. Todo esto está pasando porque decidimos no aceptar que quienes destruyen el bosque sigan haciéndolo, esto se tiene que saber”

Son las declaraciones de Quinto Inuma, vicepresidente de la comunidad Santa Rosillo de Yanayaku, pueblo Kichwa ubicado en la región San Martín, quien denunció que el 16 de julio gras una diligencia de la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas de Tarapoto, fue golpeado en la cabeza y el rostro por personas que estarían ligadas a actividades ilegales en la zona, según un reportaje de Mongabay Latam que ya ha publicado información sobre enfrentamientos entre pobladores indígenas y narcotraficantes junto a taladores ilegales que empiezan a dominar el territorio.

“Quienes me han atacado son de la facción que se opone a la titulación colectiva de Santa Rosillo, están extrayendo madera, negocian la tierra para actividades ilegales”, declaró Inuma.

Como en el lugar distrito no hay un puesto policial, Quinto Inuma no ha podido sentar una denuncia a tiempo, informa la abogada Cristina del Rosario Gavancho, abogada consultora del Instituto de Defensa Legal (IDL). Sin embargo, el prefecto del distrito de Huiambayoc le otorgó garantías personales desde principios de año cuando ya denunciaba los peligros en la comunidad.

No es el primer ataque en la zona, en el 2018, Manuel Inuma, apu de la comunidad y hermano de Quinto, dijo haber sido retenido en su casa por un grupo de personas y luego llevado a una especie de calabozo durante unas seis horas.

Según versión de los comuneros, en la diligencia de la fiscal Ana Cecilia Lozano junto al apu Manuel Inuma y el vicepresidente Quinto Inuma se pudo constatar la existencia de una pista de aterrizaje clandestina que sería usada por narcotraficantes y se tomaron fotos de la deforestación en varios terrenos de la comunidad.

Desde el año 2019, las comunidades de la zona junto a la Federación de Pueblos Indígenas Kechua Chazuta Amazonas (Fepikecha), han presentdo denuncia ante la Fiscalía a cargo de los delitos de tráfico ilícito de drogas.