Justicia nicaragüense condena a dos dirigentes opositoras más por delitos de menoscabo de la identidad nacional

0
28

(CNN Español) — Dos opositoras al gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua fueron condenadas por delitos de menoscabo a la integridad nacional.

El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) informó en su cuenta de Twitter que Ana Margarita Vijil había sido sentenciada este lunes a 10 años de prisión, mientras que la Unidad de Defensa Jurídica (UDJ) dijo en sus redes sociales que la Fiscalía había pedido una pena de 15 años de prisión más la inhabilitación política de Suyén Barahona, presidenta del movimiento político Unión Democrática Renovadora (Unamos, antiguo Movimiento Renovador Sandinista, MRS).

Tanto Vijil como Barahona son parte del grupo de 40 dirigentes opositores, entre ellos 7 exaspirantes presidenciales, detenidos por la Policía del país.

Hasta el momento 8 de ellos han sido declarados culpables en juicios a puertas cerradas, según denuncias de familiares y organizaciones opositoras.

Aunque ambas eran candidatas a cargos de elección popular también eran directivas del antiguo Movimiento Renovador Sandinista, grupo al que el gobierno de Ortega asocia con la organización de las protestas contra el gobierno iniciadas en 2018.

publicidad

Ana Lucía Alvarez Vijil, sobrina de Ana Margarita, dijo a CNN que, aunque aún no ha conversado con la abogada, van a apelar la sentencia en los próximos días. Afirma que Ana Margarita es inocente y que va a agotar todos los recursos legales «para que cuando haya justicia en el país, se asuman las responsabilidades ante estos atropellos».

Informe de la FIDH

Luego de estos estas condenas en Nicaragua, la Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH) expresó: «Estas condenas sólo persiguen criminalizar el ejercicio de los derechos civiles y políticos y la defensa de los derechos humanos».

«Estos juicios son ilegales y no respetan los estándares mínimos del debido proceso: se llevan a cabo en un complejo policial y no en un juzgado como exige la ley, las instalaciones son altamente militarizadas (…) Los defensores no han tenido acceso a los expedientes ni a conversar con los detenidos y las autoridades han violentado el principio de presunción de inocencia”, agrega el comunicado.

El Gobierno de Nicaragua no ha reaccionado oficialmente a este informe.

El Poder judicial no responde a consultas de medios independientes y el Ministerio Público no ha actualizado la información sobre los casos contra los opositores.

CNN solicitó un comentario al Consejo de Comunicación y Ciudadanía, pero aún esperamos respuesta.