JNE Declara INFUNDADO el recurso extraordinario sobre alcaldía de Huaral

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huaral

 

Expediente N.° J-2013-00102

HUARAL – LIMA

RECURSO EXTRAORDINARIO

Lima, dieciséis de mayo de dos mil trece

 

VISTO en audiencia pública de la fecha, el recurso extraordinario por afectación al debido proceso y a la tutela procesal efectiva interpuesto por Manuel Rogelio Boza Cahuas en contra de la Resolución N.° 0185-2013-JNE, del 28 de febrero de 2013, y oídos los informes orales.

 

ANTECEDENTES

 

Referencia sumaria de la resolución materia del recurso extraordinario

 

Mediante la Resolución N.° 0185-2013-JNE, del 28 de febrero de 2013, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones declaró infundado el recurso de apelación interpuesto por Manuel Rogelio Boza Cahuas, y confirmó, en consecuencia el Acuerdo de Concejo N.° 111-2012-MPH-CM, del 19 de diciembre de 2012, que desestimó la solicitud de vacancia presentada en contra de Víctor Hernán Bazán Rodríguez en el cargo de alcalde de la Municipalidad Provincial de Huaral, y en la que se invocó la causal establecida en el artículo 22, numeral 9, concordante con el artículo 63, de la Ley N.° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades (en adelante LOM).

 

La decisión adoptada por este Supremo Tribunal estuvo amparada en los siguientes hechos:

a)     Se acreditó que, en efecto, existió la disposición de una motoniveladora marca Komatsu, modelo GD511A-1, con número de serie 11410, por parte de la Municipalidad Provincial de Huaral, a favor de la empresa Kapala S.A. Así, se determinó que la comuna puso en uso un bien municipal a la mencionada empresa, cumpliéndose de esta manera el primer elemento exigido para la configuración de la causal de vacancia invocada.

b)     En relación con el segundo elemento, se concluyó que no existía medio probatorio que demuestre la intervención del alcalde cuestionado, ya sea como persona natural, por interpósita persona, o a través de un tercero con quien este guarde un interés propio o un interés directo en el otro extremo de la relación patrimonial, esto es, que formen parte de la empresa Kapala S.A.

c)     De otro lado, tampoco se acreditó que el alcalde haya intervenido de manera directa (como contratante), por el que se disponga el uso del bien en su favor. De igual forma, tampoco se evidenció que la citada autoridad haya tenido interés directo o propio en la disposición de la motoniveladora a nombre de la Municipalidad Provincial de Huaral a favor de la empresa Kapala S.A.

d)     No se acreditó que el burgomaestre, en su calidad de particular, sea accionista, directivo, gerente, representante, apoderado, acreedor o deudor de la citada empresa. Así tampoco, se acreditó que existiera una relación de parentesco, contractual u obligacional (de crédito o deuda) entre el alcalde y algún representante o accionista de la empresa, que demostrara el necesario interés propio o directo al momento de disponer el bien en beneficio de una empresa privada.

e)     Finalmente, se concluyó que, en mérito de lo antes señalado, se descartaba la existencia de un conflicto de intereses en la actuación del alcalde con respecto a la disposición de un bien municipal a favor de la empresa Kapala S.A.

Fundamentos del recurso extraordinario

Con fecha 22 de abril de 2013, Manuel Rogelio Boza Cahuas interpuso recurso extraordinario por afectación al debido proceso y a la tutela procesal efectiva en contra de la Resolución N.° 00185-2013-JNE, señalando lo siguiente:

a)     No se han valorado medios probatorios que fueron presentados desde el inicio de la petición de la vacancia, tales como la carta de la empresa Kapala S.A, así como el historial del Expediente Interno N.° 1106912, de fecha 21 de marzo de 2012, que se originó con el ingreso de la carta antes citada.

b)     Los documentos no valorados por el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones ratifican la posición de que el alcalde provincial, motivado por intereses personales, ha pretendido justificar la disposición ilegal e indebida de la maquinaria pesada de propiedad de la entidad edil a favor de la empresa Kapala S.A.

c)     Los reportes de los expedientes internos de la Municipalidad Provincial de Huaral acreditan la manipulación de la que fue objeto el Expediente Interno N.° 1106912, asignado a la empresa Kapala S.A.

d)     Agrega que está manipulación de documentos demuestra la actitud temeraria del burgomaestre y su decidido interés por favorecer a terceros.

CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

En atención a los antecedentes expuestos, este colegiado considera que la cuestión a discutir se circunscribe a determinar si con la emisión de la Resolución N.° 0185-2013-JNE se ha vulnerado el debido proceso y la tutela procesal efectiva del recurrente.

CONSIDERANDOS

Los alcances del recurso extraordinario como mecanismo de impugnación de las decisiones del Jurado Nacional de Elecciones

El recurso extraordinario por afectación al debido proceso y a la tutela procesal efectiva constituye un medio impugnatorio ad hoc para el cuestionamiento de las decisiones del Jurado Nacional de Elecciones. Su carácter excepcional radica en que la propia Constitución Política del Perú ha señalado, en su artículo 181, que las resoluciones de este Supremo Tribunal Electoral son inimpugnables. De allí que mediante la Resolución N.° 306-2005-JNE se haya instituido el recurso extraordinario, limitándolo únicamente al análisis de la probable afectación a las garantías que conforman el debido proceso y la tutela procesal efectiva, todo ello en beneficio de una decisión más justa, adoptada como consecuencia del estricto respeto de los derechos procesales de las partes intervinientes.

Ello también conlleva concluir que el recurso extraordinario no puede constituirse en una instancia o etapa adicional de discusión del fondo de la cuestión controvertida, ya resuelta por el Jurado Nacional de Elecciones, por lo que, al ser un mecanismo de revisión excepcional, tampoco está permitida una revaluación de los medios probatorios ni la valoración de nuevas pruebas, sino que deben identificarse las deficiencias procesales que hubieran podido darse en las causas sometidas a la jurisdicción electoral. De esta manera, únicamente serán materia de pronunciamiento por parte de este órgano colegiado aquellos argumentos que supongan la vulneración de los derechos procesales protegidos por el referido recurso.

El debido proceso y la tutela procesal efectiva

Como ha tenido oportunidad de establecer el Tribunal Constitucional en más de una oportunidad, se tiene que el derecho al debido proceso previsto por el artículo 139, numeral 3, de la Constitución Política del Perú, aplicable no solo a nivel judicial sino también en sede administrativa e incluso entre particulares, supone el cumplimiento de todas las garantías, requisitos y normas de orden público que deben observarse en las instancias procesales de todos los procedimientos, incluidos los administrativos y conflictos entre privados, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto que pueda afectarlos.

El derecho al debido proceso y los derechos que contiene son invocables y, por tanto, están garantizados no solo en el seno de un proceso judicial, sino también en el ámbito del procedimiento administrativo.

En ese sentido, como también ha sido precisado por el mencionado Tribunal Constitucional, el derecho al debido proceso comprende, a su vez, un haz de derechos que forman parte de su estándar mínimo.

De otro lado, el derecho a la tutela procesal efectiva, de acuerdo al artículo 4 del Código Procesal Constitucional, está relacionado con «aquella situación jurídica de una persona en la que se respetan, de modo enunciativo, sus derechos de libre acceso al órgano jurisdiccional, a probar, de defensa, al contradictorio e igualdad sustancial en el proceso, a no ser desviado de la jurisdicción predeterminada ni sometido a procedimientos distintos de los previstos por la ley, a la obtención de una resolución fundada en derecho, a acceder a los medios impugnatorios regulados, a la imposibilidad de revivir procesos fenecidos, a la actuación adecuada y temporalmente oportuna de las resoluciones judiciales y a la observancia del principio de legalidad procesal penal».

Así, se estableció también que el derecho a la tutela procesal efectiva no solo tiene un ámbito limitado de aplicación, que se reduce a sede judicial, sino que se emplea en todo procedimiento en el que una persona tiene derecho al respeto de resguardos mínimos para que la resolución final sea congruente con los hechos que la sustenten.

Por su parte, este Supremo Tribunal Electoral ha establecido que la tutela procesal efectiva es un derecho-principio en virtud del cual toda persona o sujeto justiciable puede acceder a los órganos jurisdiccionales, independientemente del tipo de pretensión que formula y de la eventual legitimidad que pueda o no acompañar a su petitorio. Sin embargo, ello no quiere decir que este órgano electoral, prima facie, se sienta en la obligación de estimar en forma favorable la pretensión formulada, sino que simplemente sienta la obligación de acogerla y brindarle una razonada ponderación en torno a su procedencia o legitimidad.

Análisis del caso en concreto

  1. En el presente caso se tiene que el recurrente alega que el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, al momento de emitir la resolución cuestionada, no ha tenido en cuenta una serie de documentos que acreditarían, a su consideración, que Víctor Hernán Bazán Rodríguez, alcalde de la Municipalidad Provincial de Huaral, incurrió en la causal de restricciones en la contratación.

 

  1. Si bien, de la lectura del recurso extraordinario, no se identifican e individualizan expresamente el derecho o los derechos fundamentales presuntamente vulnerados con la Resolución N.° 0185-2013-JNE, puede advertirse, de los argumentos del recurso extraordinario, que el derecho afectado en esta oportunidad sería el de la debida motivación, ello en mérito de que se habría emitido un pronunciamiento sin analizar documentos presentados desde la solicitud de vacancia.

 

  1. Al respecto, es menester precisar que la motivación de las resoluciones judiciales es una garantía esencial de los justiciables, en la medida en que, por medio de la exigibilidad de que dicha motivación sea “debida”, se puede comprobar que la solución que un juez brinda a un caso cumple con las exigencias de una exégesis racional del ordenamiento y no es fruto de la arbitrariedad.

 

  1. Ahora bien, el derecho a la motivación de las sentencias se deriva del derecho al debido proceso, lo cual comprende el derecho a obtener una resolución debidamente motivada”.

 

  1. En efecto, el Tribunal Constitucional ha indicado que “uno de los contenidos del derecho al debido proceso es el derecho de obtener de los órganos judiciales una respuesta razonada, motivada y congruente con las pretensiones oportunamente deducidas por las partes en cualquier clase de proceso”.

 

  1. De otro lado, de modo similar al de la obligación de motivar, el derecho a la debida motivación se constituye como un límite a la arbitrariedad en la que los jueces puedan incurrir por medio de sus decisiones. Y es que, a decir del Tribunal Constitucional peruano, “toda decisión que carezca de una motivación adecuada, suficiente y congruente, constituirá una decisión arbitraria y, en consecuencia, será inconstitucional”.

 

  1. En ese sentido, el citado tribunal entiende como arbitrariedad toda resolución que no haya sido debidamente motivada. Así, toda sentencia que sea “producto del decisionismo, antes que de la aplicación del derecho, que sus conclusiones sean ajenas a la lógica, será arbitraria e injusta en la medida que afecta los derechos de los individuos y por ende inconstitucional en el sentido de vulnerar los derechos consagrados en la carta fundamental”.

 

  1. De otro lado, en cuanto a la debida motivación es necesario señalar que la Constitución Política del Perú no garantiza una determinada extensión de la motivación, por lo que su contenido esencial se respeta siempre que exista fundamentación jurídica, congruencia entre lo pedido y lo resuelto y exprese, por sí misma, una suficiente justificación de la decisión adoptada, aun si esta es breve o concisa, o se presenta el supuesto de motivación por remisión.

 

  1. Tampoco garantiza que, de manera pormenorizada, todas las alegaciones que las partes puedan formular dentro del proceso sean objeto de un pronunciamiento expreso y detallado. El derecho en referencia garantiza que la decisión expresada en el fallo sea consecuencia de una deducción razonable de los hechos del caso, las pruebas aportadas y la valoración jurídica de ellas en la resolución de la controversia. En suma, garantiza que el razonamiento empleado guarde relación y sea proporcionado y congruente con el problema que al juez corresponde resolver.

 

  1. Así pues, y dejando en claro que el recurso extraordinario no implica una nueva revisión de hechos y que, en todo caso, los argumentos que cabe discutir a través de este son aquellos que tienen una especial incidencia en el ámbito de los derechos al debido proceso y la tutela procesal efectiva, conviene precisar que esta revisión no es meramente formal, sino que se basa en el sentido de la decisión adoptada, desde un punto de vista sustantivo (debida motivación en su dimensión material).

 

  1. Dentro de este contexto, se procederá a analizar cada una de las alegaciones formuladas por el recurrente en el presente recurso extraordinario, y que, a su criterio, constituyen una indebida valoración de los medios probatorios.

 

  1. El recurrente alega que no se han valorado los siguientes documentos:

 

  • Carta de la empresa Kapala S.A. con proveído suscrito al dorso por el alcalde distrital, así como el Expediente Interno N.° 1106912, del 21 de marzo de 2012, originado por dicha carta.
  • Memorándum N.° 057-2012-MPH/A, del 19 de marzo de 2012, dirigido por el alcalde provincial al gerente de desarrollo urbano y ordenamiento de la municipalidad provincial.

 

En relación con el primer documento, el recurrente señala que el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones no se ha pronunciado sobre la carta de la empresa Kapala S.A., de fecha 17 de febrero de 2012, por medio de la cual, el jefe de equipos de dicha empresa solicita a la municipalidad provincial el alquiler de la motoniveladora.

 

Señala que dicha solicitud, presentada por la empresa Kapala S.A., dio origen al Expediente Interno N.° 1106912, aunque, agrega, que dicho expediente ha sido manipulado y modificado.

 

De conformidad con los hechos alegados por el impugnante, se tiene que la solicitud antes mencionada no habría ingresado a la entidad edil el 17 de febrero de 2012, sino el 20 de marzo de 2012, a manera de regularización en mérito a una denuncia presentada por un grupo de regidores por la indebida utilización de la maquinaria.

 

 

Agrega que la fecha fue modificada a través de la oficina de sistemas de la propia municipalidad, tanto es así que la fecha de registro de la empresa involucrada ya no era del 20 de marzo de 2012, sino del 17 de febrero del mismo año.

 

A consideración de Manuel Rogelio Boza Cahuas, lo que hizo el alcalde fue regular de manera indebida el ingreso de la solicitud de la empresa antes mencionada, a efectos de favorecer a terceros.

 

En cuanto al segundo documento, de fecha 19 de marzo de 2012, el recurrente señala que a través del citado memorándum, el alcalde provincial remitió al gerente de desarrollo urbano copia de la cédula de notificación de una denuncia penal, a efectos de que se inicien las acciones del caso.

 

Agrega que dicho memorándum originó el Expediente Interno N.° 1103112, número anterior al originado por la carta de la empresa Kapala S.A. (recordemos que la carta originó el Expediente Interno N.° 1106912). En tal sentido, concluye que resulta imposible que dicha carta haya ingresado el 17 de febrero de 2012, y se le haya asignado un expediente cronológicamente posterior al asignado al memorándum, cuando este último documento ingresó el 19 de marzo de 2012.

 

En virtud de ello, el solicitante señala que estas inconsistencias no hacen sino ratificar la posición de que el alcalde provincial, motivado por sus intereses personales, ha pretendido justificar la disposición ilegal e indebida de la maquinaria pesada, de propiedad de la entidad edil, los días 24, 25, 26 y 27 de febrero de 2012.

 

  1. Ahora bien, teniendo en cuenta los argumentos expuestos por el recurrente, se tiene que si bien es cierto, en la Resolución N.° 0185-2013-JNE, materia de cuestionamiento, el Tribunal Electoral no mencionó de manera individualizada ni específica los documentos señalados por el recurrente, también es cierto que esta omisión en nada enerva la decisión tomada por este colegiado.

 

  1. En efecto, los documentos citados en el considerando 12 no demuestran ni acreditan de manera fehaciente que el alcalde haya incurrido en la causal imputada, la cual se encuentra contenida en el artículo 22, numeral 9, concordante con el artículo 63, de la LOM.

 

  1. Así, se tiene que dichos documentos no acreditan los dos elementos configurativos de la causal antes citada, y que no fueron probados durante la expedición del recurso de apelación, esto es, a) no se acredita, a través de la carta antes citada ni del memorándum, la intervención, en calidad de adquirente o transferente, del alcalde como persona natural, por interpósita persona o de un tercero (persona natural o jurídica) con quien el alcalde tenga un interés propio (si la autoridad forma parte de la persona jurídica que contrata con la municipalidad en calidad de accionista, director, gerente, representante o cualquier otro cargo) o un interés directo (si se advierte una razón objetiva por la que pueda considerarse que el alcalde tendría algún interés personal en relación a un tercero, por ejemplo, si ha contratado con sus padres, con su acreedor o deudor, etcétera); y b) la existencia de un conflicto de intereses entre la actuación del alcalde y su posición o actuación como persona particular.

 

  1. El supuesto interés del alcalde provincial en favorecer a terceros, y que ha sido alegado por el recurrente, no ha sido debidamente acreditado con medio probatorio idóneo ni certero, con los hechos expuestos en el recurso extraordinario; al contrario, lo que se pretende es que, en mérito de una serie de alegaciones efectuadas por parte del recurrente, se demuestre el interés propio o un interés directo del alcalde provincial.

 

  1. De otro lado, las presuntas irregularidades y manipulaciones en los documentos internos de la Municipalidad Provincial de Huaral, denunciados por el recurrente ante esta instancia, debieron ser puestos en conocimiento del organismo edil competente, tal como el Órgano de Control Institucional.

 

  1. Teniendo en cuenta lo antes expuesto, se advierte que este órgano colegiado apreció los hechos con criterio de conciencia y valoró cada uno de los medios probatorios que fueron incorporados de manera oportuna en el presente procedimiento de vacancia, evidenciándose de esta manera que no ha existido vulneración alguna al debido proceso ni a la tutela procesal efectiva.

 

Respecto al escrito ingresado el 14 de mayo de 2013

 

  1. El recurrente Manuel Rogelio Boza Cahuas presentó ante el Jurado Nacional de Elecciones con fecha 14 de mayo de 2013, un escrito a través del cual denunciaba ante este órgano colegiado las posibles vinculaciones que podría tener el abogado defensor del alcalde provincial al interior del Jurado Nacional de Elecciones, así como a las presuntas relaciones que el letrado tendría con personal que labora en esta institución, poniendo en duda con ello, la imparcialidad de este Supremo Tribunal Electoral.

 

  1. Al respecto y teniendo en cuenta el escrito antes citado, este órgano colegiado rechaza de manera enfática las declaraciones agraviantes vertidas en él y que afectan la honra no solo de los miembros de este máximo ente electoral sino del personal que trabaja en este organismo electoral, por ello, resulta necesario remitir copia al Ministerio Público para que actúe conforme a sus atribuciones.

 

  1. Es necesario recordar al recurrente y a la ciudadanía, que este máximo organismo electoral actúa en estricto cumplimiento de los principios de objetividad, imparcialidad y neutralidad, conforme lo estipulado en la Constitución Política del Perú y en la ley.

 

CONCLUSIÓN

 

Por las consideraciones antes expuestas, este Supremo Tribunal Electoral considera que el recurso extraordinario interpuesto por Manuel Rogelio Boza Cahuas debe ser desestimado, por no haberse acreditado las vulneraciones al debido proceso y a la tutela procesal efectiva en la Resolución N.° 00185-2013-JNE.

 

 

 

 

 

 

Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, en uso de sus atribuciones,

 

RESUELVE

 

Artículo primero.- Declarar INFUNDADO el recurso extraordinario por afectación al debido proceso y a la tutela procesal efectiva interpuesto por Manuel Rogelio Boza Cahuas contra la Resolución N.° 00185-2013-JNE, de fecha 28 de febrero de 2013.

 

Artículo segundo.- RECHAZAR de manera enfática los términos agraviantes expuestos en el escrito de fecha 14 de mayo de 2013 presentado por el recurrente.

 

Artículo tercero.- REMITIR copias al Ministerio Público, a efectos de que actúe conforme a sus atribuciones y en mérito a lo expuesto en los considerandos 19 al 21 de la presente resolución.

 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SS.

 

TÁVARA CÓRDOVA

 

 

 

 

PEREIRA RIVAROLA

 

 

 

 

AYVAR CARRASCO

 

 

 

 

LEGUA AGUIRRE

 

 

 

 

VELARDE URDANIVIA

 

 

 

 

Samaniego Monzón

Secretario General

PR/mamm