Esta semana, desde el Congreso se anunciaron acciones contra las autoridades del sistema electoral Jorge Luis Salas Arenas, presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y Piero Corvetto, jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), por contradecir a determinados sectores del Parlamento.
El informe final de la comisión investigadora del ‘fraude’ recomienda denunciar constitucionalmente al titular del JNE por presuntas infracciones a la carta magna por “la falta de adopción de medidas adecuadas dirigidas a prevenir o detectar situaciones irregulares o fraudulentas”. El grupo de trabajo que lidera Jorge Montoya no presentó alguna prueba concreta para sustentar dicho planteamiento.
Por otro lado, la bancada de Acción Popular adelantó que denunciará ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales a los titulares del JNE, ONPE y Reniec por no aplicar la contrarreforma electoral que impulsaron desde el partido de la lampa y que les beneficia directamente al permitir la inscripción fuera del plazo de precandidatos a elecciones municipales y regionales 2022.
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No obstante, ambos bloques parlamentarios omiten que el artículo 99 de la Constitución no contempla a los integrantes de los organismos electorales en el grupo de funcionarios que gozan de la prerrogativa de antejuicio político.
Para Jorge Jauregui, especialista en temas electorales, dichas acciones son “una clarísima afectación al Estado de derecho”. “No están amedrentando a ciudadanos —ya eso es muy grave—, sino que están amedrentando a jueces electorales”.
El también experto en comicios José Tello coincide con este argumento y agrega que “ni siquiera los miembros del JNE que tienen presencia por la Corte Suprema y por la Junta de Fiscales Supremos” son pasibles de denuncia constitucional.
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“En el momento que Salas Arenas es elegido presidente del Jurado Nacional de Elecciones, se le licencia como juez supremo y se dedica únicamente al JNE”, precisó Tello a La República.
Buscarían someter a organismos electorales
Jauregui aseveró que desde el Parlamento se “está usando el poder político para afectar la institucionalidad de los organismos electorales”. Considera que se pretendería capturar dichas entidades.
“Los están amedrentando de tal manera que en algún momento —piensan— que los van a someter”, dijo.
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El especialista critica que la iniciativa tenga como origen la negativa del sistema electoral de no aplicar la ley que busca la inscripción de precandidatos a elecciones internas pese a que estas ya se realizaron satisfactoriamente el 15 y 22 de mayo.
“No solamente está pretendiendo ser legislador, sino ser juez también y decirle cómo interpretar y cómo resolver. (…) Si el Parlamento quiere que resuelvan de una determinada forma, es claramente una intromisión a la autonomía del Jurado Nacional de Elecciones. Eso sí es una infracción constitucional”, sostuvo.
En tanto, José Tello reitera que en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales no debería proceder alguna acción contra Salas Arenas o Corvetto Salinas. “No tiene ningún tipo de correlato con el principio de legalidad”, apuntó.