Ilusiones y decepciones

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Huaral Pe

Por: Daniela Ibáñez

En el 2019, un estallido social, ocurrido tras el alza de las tarifas del metro de Santiago, se transformó en un reclamo generalizado para la instalación de una Convención Constituyente que redactará una nueva carta magna para el país. Una carta que sustituyera la carta anterior redactada durante el gobierno de Pinochet. En octubre del 2020, eligieron la Convención con un 75% favorable a la opción “apruebo”, en un país en que el voto es voluntario. La Convención Constituyente se encargaría de elaborar la nueva constitución durante un año – de julio del 2021 a julio del 2022 – y el plebiscito para aprobar o rechazar el texto redactado se fijó en septiembre del 2022. Las expectativas de la población eran muy altas. Quienes votaron “apruebo” esperaban que la nueva constitución sería un cambio que transformaría Chile en un país mejor, reduciendo las desigualdades entre las clases sociales y mejorando su estándar de vida.

No está de más recordar que entre 1980 y 2019, el PIB per cápita de Chile, que mide los ingresos de la población, se multiplicó por 5.8 y que entre el año 2000 y 2020 el coeficiente Gini, que mide la desigualdad social, cayó de 52.8 a 44.9.

Las últimas encuestas de opinión, nueve meses después de su instalación, nos muestran que a partir de abril de este año la población chilena votaría por rechazar el nuevo texto constitucional. Hoy, 48% votaría por rechazarlo, y sólo 35%, cerca de ⅓ de la población estaría dispuesta a aprobarlo (CADEM, 2022).

En la encuesta se puede observar que la Convención Constituyente está perdiendo apoyo de la población, y que la brecha se está ensanchando a lo largo de los últimos cuatro meses. Si esta tendencia se mantiene en los próximos meses, los chilenos votarían en contra de la Constitución redactada por este organismo.

Inicialmente, la ciudadanía expresaba optimismo respecto a una Convención Constituyente conformada en mayoría por personajes sin militancia política conocidos como independientes (103 de 155 asambleístas), por un esfuerzo de diálogo con distintos movimientos sociales y por gestos como sesionar desde regiones fuera de Santiago.

En Febrero del 2021, el sentimiento mayoritario que evocaba la Convención era esperanza (52%), seguido por alegría (46%) (IPSOS, 2022). Al principio del año 2022, 56% de la población hubiera votado a favor de aprobar la nueva Constitución, pero con el pasar de los meses, la población chilena se ha ido desilusionando de la Convención Constituyente. Hoy, el 58% le tiene poco o nada de confianza.

Ahora, la razón más popular para desaprobar el nuevo texto constitucional sería por desconfianza de los constituyentes (55%), seguida por el desacuerdo general con las propuestas aprobadas (40%). ¿Cómo se ha llegado a esto? Han ocurrido hechos insólitos como el escándalo protagonizado por uno de los primeros vicepresidentes de la Convención – Rodrigo Rojas – que tuvo que renunciar a su puesto por mentir sobre su diagnóstico de cáncer. Más allá de casos particulares, se percibe el caos, la polarización y debates poco serios en el Pleno. El resultado son propuestas controversiales como el fin del Senado tras 200 años de historia que sería reemplazado por una Cámara de Regiones, o el instalar un sistema de “pluralismo jurídico” que incluye tribunales especializados para pueblos indígenas generando dudas respecto al respeto del principio de la igualdad ante la ley (BBC, 2022).

¿Hay similitudes o diferencias con el Perú? En octubre del 2020, cuando se dio el referéndum constitucional, 70% de la ciudadanía expresaba que quería cambiar la constitución para terminar con la desigualdad social, en pensiones, educación y salud. Vale decir que en Chile la percepción de que la desigualdad es inaceptable es mucho mayor que en el Perú – 58% de la población tiene esta creencia en Chile, mientras que 37% tiene esta creencia en nuestro país (Gráfico 3). Aún así, esta razón que motivaba el cambio constitucional inicialmente se ha ido disipando (Gráfico 4). De octubre a mayo del 2022 la desigualdad como razón para votar apruebo se redujó en 12% y las razones como “terminar con la Constitución de Pinochet” o “hacer cambiar el sistema polìtico” se han visto favorecidas. Se puede apreciar que a través del tiempo, los factores políticos – como el pecado de origen o un quiebre con el status quo – se han ido priorizando sobre los factores sociales – como la desigualdad. La naturaleza de la discusión respecto a la Constitución ha ido cambiando, ideologizando las narrativas.

En el Perú, las razones para querer cambiar la Constitución y la motivación para ello se ven muy distintas. En primer lugar, tan sólo 7% de la población cree que la Asamblea Constituyente debe ser prioritaria para el gobierno de Pedro Castillo, lo cual nos aleja mucho de la realidad chilena en la que había una fuerte demanda ciudadana para convocar a este organismo. Además, aquellos que respaldan el cambio constitucional en Perú no lo hacen para disipar las desigualdades, sino por exigir medidas punitivas como mayores castigos a corruptos y delincuentes, y en segundo lugar estaría la motivación de cambiar “la Constitución de Fujimori” y en tercer lugar, mayor intervención estatal en la economía (DATUM, Octubre 2020), Si se llegara aprobar un nuevo texto constitucional en el Perú, lo más probable es que tenga mayores medidas punitivas, sea más conservador y dotaría al Estado con mayores capacidades intervencionistas en la economía.

El proceso chileno nos debe dar algunas lecciones para el Perú. En primer lugar, la Asamblea Constituyente se vende por Perú Libre como la solución a todos nuestros problemas, como un ente idealizado, que sería conformado por el verdadero “pueblo”. En Chile hemos visto que una Convención Constituyente anti-establishment, conformada en mayoría por independientes, ha ido perdiendo el favor de la población. Si en el Perú sucediera este fenómeno esta desilusión es altamente probable dado que los independientes rápidamente se convertirían en el nuevo establishment, tal como ha sucedido en nuestro país vecino. Es más, la desilusión sería aún más rápida con la fórmula propuesta por Cerrón, con cupos de poder para movimientos sociales que serían elegidos a dedo por aliados del gobierno. Dada la presente coyuntura, con cualquiera de los dos caminos, en vez de resolver los problemas del país, terminaríamos sumidos en la incertidumbre por dos o tres años, con estancamiento económico durante este tiempo, para finalmente rechazar un texto constitucional no idóneo.

En conclusión, más allá de la visión idealizada de este proceso – como sucedió inicialmente en Chile – el resultado es bastante previsible. Los peruanos debemos reflexionar acerca si queremos este desenlace para nuestro país.

Fuentes:

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