Guerra de denuncias y mociones en el Congreso

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La crisis política llega a una nueva etapa de mociones y acusaciones mutuas en el Congreso. Luego de las reiteradas arremetidas desde la oposición con el objetivo de fondo de sacar del cargo al presidente Pedro Castillo, el bloque oficialista decidió dar respuesta con una serie de acciones que buscan debilitar principalmente a la Mesa Directiva del Parlamento.

La más notoria iniciativa provino de la ministra de Trabajo y parlamentaria, Betssy Chávez, quien presentó una denuncia constitucional en contra de la titular del Congreso, María del Carmen Alva (Acción Popular).

Además de infracciones contra seis artículos de la Constitución, Betssy Chávez le atribuye a la acciopopulista Alva la comisión de los presuntos delitos de organización criminal y conspiración.

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La denuncia surge luego de que el semanario Hildebrandt en sus trece alertara sobre la reunión que sostuvieron, el 9 de febrero, Alva junto con otros congresistas únicamente del bloque opositor, en un hotel de Miraflores, donde analizaron algunos mecanismos para concretar la vacancia del presidente Pedro Castillo.

De hecho, el legislador Carlos Anderson (Podemos Perú) confirmó el lunes que en dicha reunión se habló de la vacancia, aunque deslizó que el motivo del encuentro fue una actividad organizada por la Fundación Friedrich Naumann.

Betssy Chávez incluye en su denuncia una secuencia de acciones impulsadas desde el Congreso solo para sacar del cargo a Castillo. Según precisó, estas “tienen todo el dolo que exige el tipo penal”.

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La parlamentaria de Perú Democrático reconoció que esta denuncia supone un camino largo para su trámite en un Congreso de mayoría opositora.

Chávez le atribuye a Alva infracciones contra seis artículos de la Constitución, y la comisión de los presuntos delitos de organización criminal y conspiración. Foto: composición Gerson Cardoso/La República

Distinto a lo ocurrido con la nueva denuncia presentada contra Castillo por supuesta traición a la patria debido a las declaraciones que diera el mandatario sobre el acceso al mar por parte de Bolivia. El caso avanza viento en popa en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC).

La denuncia fue formulada por personas afines al fujimorismo como Fernán Altuve, Lourdes Flores Nano y Hugo Guerra.

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El documento ingresó recién el 10 de febrero. Pero en la sesión de la SAC del viernes 11, Alejandro Cavero (Avanza País) pidió darle celeridad.

Fueron nueve los legisladores que votaron a favor de apurar la denuncia contra Castillo. Los fujimoristas Hernando Guerra, Martha Moyano y Ernesto Bustamante; los miembros de Acción Popular Wilson Soto y Jorge Flores; Cavero (Avanza País), Alejandro Muñante (RP) y las legisladoras de APP María Acuña y Rosío Torres, esta última presidenta de la SAC.

Perú Libre y sus aliados difícilmente tendrán este respaldo para acelerar la denuncia constitucional de Betssy Chávez contra la legisladora María del Carmen Alva.

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Mociones en curso

En paralelo con la denuncia de Betssy Chávez, solamente en esta semana, Perú Libre ha tramitado dos mociones contra el bloque opositor del Congreso.

Lo más reciente corresponde a la legisladora Silvana Robles, quien presentó ayer por la tarde la moción 2015, pidiendo la censura de toda la Mesa Directiva del Parlamento.

Según denuncia la parlamentaria, la Mesa Directiva incumple con el artículo 32 del Reglamento, que establece que esta instancia debe facilitar los consensos y el funcionamiento deliberante del Congreso.

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Sin embargo, agrega, la Mesa Directiva, conformada por María del Carmen Alva (AP), Lady Camones (APP), Enrique Wong (PP) y Patricia Chirinos (Avanza País), solo ha abonado en favor de la imagen de un Congreso golpista.

Previamente, el lunes, Perú Libre, con Waldemar Cerrón al frente, tramitó la moción 1993, pidiendo conformar una comisión investigadora de la reunión secreta de la facción opositora en el hotel de Miraflores.

Se suma a esto la moción número 1990 de Elías Varas Meléndez (Perú Libre), quien pide desactivar la comisión impulsada por la oposición para investigar las elecciones generales.

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Sustenta su pedido en el hecho de que la Fiscalía ya archivó las investigaciones del supuesto fraude inventado por Keiko Fujimori y todos sus allegados.

Dependerá de los votos si estos pedidos del oficialismo avanzan en el Congreso.

En contraparte, desde la oposición, hay una moción (1982) de Norma Yarrow (Avanza País) para expresar el rechazo del Congreso a la permanencia en el cargo del ministro de Salud, Hernán Condori, debido a los serios cuestionamientos que pesan en su contra.

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Y desde la tienda de Acción Popular, el portavoz Elvis Vergara presentó una moción (1981) para citar al ministro de Justicia, Ángel Yldefonso, a fin de que responda por los cambios suscitados en el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y la Procuraduría Anticorrupción. Ambos cambios se produjeron cuando Aníbal Torres estaba aún al frente del Ministerio de Justicia.

Sobre la Procuraduría, la Defensoría ha recomendado ayer al Ejecutivo abstenerse de designar a un nuevo titular de la entidad, hasta que se decida la legalidad del cese.

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Las denuncias y mociones del bloque oficialista

Denuncia constitucional. Betssy Chávez acusa a María del Carmen Alva de los presuntos delitos de organización criminal y conspiración.

Moción 1993. Waldemar Cerrón promueve una comisión para investigar la reunión secreta del bloque opositor en Miraflores.

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Moción 1990. Elías Varas plantea desactivar la comisión creada para investigar las elecciones generales del 2021.

Moción 2015. Robles pide censurar a la Mesa Directiva por contribuir con la imagen de un Congreso golpista.

Las denuncias y mociones de los aliados del bloque opositor

Celeridad. Cavero juega en pared con ciudadanos afines al fujimorismo que denunciaron a Castillo por “traición a la patria”.

Moción 1982. Norma Yarrow (Avanza País) ahora impulsa pedido para rechazar la designación del ministro Condori.

Moción 1981. Elvis Vergara (AP) pide citar al ministro Yldefonso para explicar cambios en el INPE y la Procuraduría.

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Contra la agudización de la crisis

Enfoque por Katherine Zegarra, politóloga

Si bien el Parlamento tiene medidas de control político, estamos entrando nuevamente a un escenario donde se intenta aplicar la herramienta más extrema, como es la denuncia constitucional, para sacar al presidente.

Una vez más se está normalizando la búsqueda del rompimiento del balance de poderes, en lugar de utilizar otras opciones, como la censura o las interpelaciones.

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También el oficialismo impulsa una denuncia constitucional contra la presidenta del Congreso, sin agotar otras medidas.

Desde la oposición y el oficialismo, el Congreso evidencia un trabajo en función de agendas particulares, sin guardar sintonía con las demandas de la ciudadanía.