Exportación de madera ilegal podría motivar sanción de los Estados Unidos
Viernes, 20 de abril de 2012 | 5:00 am
Exportación de madera ilegal. (Foto motivo/internet).
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Verificación. ONG hizo un pedido formal al gobierno de EEUU para que active sus mecanismos previstos en el Tratado de Libre Comercio (TLC) y verifique que no es cómplice de la tala ilegal de cedro y caoba en la amazonía peruana.
Magda Quispe/
Esta semana, la ONG Environmental Investigation Agency (EIA) hizo un pedido formal al gobierno de Estados Unidos para que active los mecanismos previstos en el Tratado de Libre Comercio (TLC) con el Perú con el objetivo que investigue y verifique el origen de las exportaciones de madera.
El pasado 10 de abril, esta ONG presentó un informe, el cual demuestra que al menos un 35 % de la caoba y cedro que se exportó desde la Amazonía peruana hacia los EEUU entre enero del 2008 y mayo del 2010 tuvo un origen ilegal.
Según señala el informe, realizado a partir de información oficial del gobierno, de los 305 permisos otorgados para exportar caoba y cedro, unos 112 contenían madera de origen ilegal.
Esta acción va en contra del acuerdo comercial que mantiene el Perú con Estados Unidos y que está vigente desde el 2009, ya que incluye un anexo sobre el manejo del sector forestal en el que se establece una serie de medidas que permiten que el país norteamericano solicite al Perú el desarrollo de auditorías a los concesionarios o exportadores sobre los que exista la sospecha de comercializar madera ilegal.
«Si se encuentra evidencia de ilegalidades o declaraciones intencionalmente falsas, EEUU puede tomar medidas como el decomiso de embarques específicos o incluso prohibir el ingreso de todas las importaciones provenientes de una empresa determinada hasta que el Perú demuestre que dicha compañía está cumpliendo con las leyes y los reglamentos pertinentes», informó Andrea Johnson, directora de campañas forestales del EIA.
Verificar dos empresas
Johnson explicó que con este pedido lo que se plantea es que EEUU solicite al Perú la verificación de las exportaciones de madera provenientes sobre todo de Maderera Bozovich SAC y Maderera Vulcano SAC, empresas que tienen la mayor cantidad de casos de exportaciones a EEUU de madera proveniente de concesiones con actividades ilegales.
«El pedido también requiere que se realicen verificaciones sobre los embarques que contengan madera proveniente de concesiones que se encuentren actualmente suspendidas por supuestas actividades ilegales de acuerdo a las regulaciones peruanas. El TLC Perú-EEUU tiene novedosos mecanismos ambientales diseñados para asegurar que un comercio más abierto no se traduzca en mayor comercio ilegal», dijo.
Julia Urrunaga, directora del Programa Perú de la ONG EIA, sostuvo que según un reciente estimado del gobierno peruano se calcula que la tala ilegal le cuesta al Perú unos US$ 250 millones anuales.
«Este pedido ante la Oficina de Comercio de EEUU (USTR, por sus siglas en inglés) apunta a que se actúe sobre el grupo de concesiones con problemas y a los principales exportadores, pero se debe reconocer que se trata de un problema endémico y sistémico por el que atraviesa todo el sector forestal peruano», advirtió la experta.
Urrunaga enfatizó que el gobierno de EEUU tiene la responsabilidad de verificar que no está siendo cómplice de la tala ilegal que se esconde detrás del comercio formal de madera proveniente del Perú, actividad que impacta en la biodiversidad y viola los derechos humanos y genera corrupción.
«Pedimos al Perú que continúe en la dirección del aumento de transparencia y reforma que viene implementando y hacemos un llamado a los gobiernos y compradores para que sinceramente apoyen estos esfuerzos. El futuro de los bosques del mundo depende de ello», manifestó Urrunaga.
Asunto de prioridad
Ante esta situación recomendó que el gobierno central y los gobiernos regionales eleven la reforma de la industria maderera y el control contra el comercio de madera ilegal como prioridad nacional.
Asimismo, que se fortalezca la capacidad de entrega de recursos disponibles para la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales y la Procuraduría Pública especializada en Delitos Ambientales y en sus instancias regionales, para atender casos contra funcionarios corruptos y empresas participantes en la tala ilegal.
PCM emite un comunicado
Días después de presentado el informe realizado por el EIA, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) emitió un comunicado en el que señalaba que dentro de los objetivos del gobierno está reconocer el origen legal de la madera, reducir la tala ilegal y establecer sanciones consistentes para evitar la depredación de los bosques naturales.
La PCM adelantó que analizará una serie de medidas incluyendo una evaluación del sistema de concesiones forestales en el país y la creación de un tribunal fiscal forestal.
Claves
En el 2006, el Banco Mundial calculó que la tala ilegal en el Perú generó entre US$ 44,5 y US$ 72 millones al año.
Mientras que las ganancias legales provenientes de la venta de madera registradas en ese mismo año fue solo de US$ 31.7 millones.