Emiten Resolución judicial desfavorable para director de UGEL 10 Agustín Bravo García

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Agustín-Bravo-García

Según el Colectivo Huaral difundió la resolución  del 2°  JUZGADO  CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRANSITORIO  DE  HUAURA, en la cual declara INFUNDADA EN TODOS SUS EXTREMOS LA DEMANDA, sobre Proceso CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, que obra de fojas treinticinco a cuarenta, subsanada por escrito de fojas cuarentiséis; en los seguidos por don AGUSTIN AVELINO BRAVO GARCIA contra la DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE LIMA PROVINCIAS y el GOBIERNO REGIONAL DE LIMA PROVINCIAS.

 Con esta decisión se estaría dejando sin efecto la designación del Lic Agustín Bravo en el cargo de director de UGEL.

2°  JUZGADO  CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRANSITORIO  DE  HUAURA.

EXPEDIENTE        : 00254 – 2011 – 0 – 1308 – JR – CI – 03

MATERIA              : ACCION CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA

ESPECIALISTA      : MARINO NARVAEZ SALAZAR

DEMANDADO       : DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE LIMA PROV.

DEMANDANTE      : AGUSTIN AVELINO BRAVO GARCIA

RESOLUCION NÚMERO DIECISIETE.-

Huacho, trece de enero

del dos mil catorce.-

 

         AUTOS: Puesto los autos en Despacho para Sentenciar; con el Dictamen Fiscal que obra a fojas 82 y 83;

         Y ATENDIENDO.

 

ANTECEDENTES.

UNO: Mediante escrito de fecha 14 de enero de 2011, que obra de fojas 35 a 40, subsanada por escrito de fojas 46; don AGUSTIN AVELINO BRAVO GARCIA, interpone demanda contencioso administrativa, contra la Dirección Regional de Educación de Lima Provincias, y el Gobierno Regional de Lima, solicitando:

a) Se declare la nulidad de la Resolución Directoral Regional N° 001155 que le impone una suspensión por 02 meses sin goce de remuneraciones.

b) Se declare la nulidad de la Resolución Ejecutiva Regional N° 636-2010-PRES, mediante la cual se confirma la sanción impuesta.

  

ARGUMENTOS DE LA PARTE DEMANDANTE.

DOS: El demandante manifiesta lo siguiente:

A) La Comisión de Proceso Administrativos de las demandadas, no han compulsado adecuadamente los medios probatorios adjuntados a su escrito de absolución de cargos.

B) La sanción impuesta no guarda proporción  con los hechos, por lo que debe tenerse como no impuesta.

 

         ARGUMENTOS DE LA PARTE DEMANDADA.

TRES: Por Resolución N° 02 de fecha 03 de marzo de 2011, que obra a fojas 47 y 48, se admitió la demanda en la vía del proceso especial; corriéndose traslado a la parte demandada para su respectiva absolución.

CUATRO: Mediante escrito de fecha 04 de abril de 2011, de fojas 55 a 59, el Procurador Público del Gobierno Regional de Lima contesta la demanda, solicitando que se declare improcedente y/o infundada en base a los siguientes argumentos:

A) En ninguno de los fundamentos fácticos se ha precisado o identificado la causal de nulidad en la que se fundamenta el petitorio.

B) Es potestad de toda entidad pública o privada aperturar proceso administrativo disciplinario a su trabajador, cualquiera que sea el cargo o función que cumpla, cuando advierta indicios de actos que por acción u omisión voluntaria o no, contravengan las obligaciones, prohibiciones y demás normatividad específica sobre deberes de servidores y funcionarios, sin  que ello signifique en forma gratuita la vulneración del derecho de defensa que tiene el investigado.

C) La apertura del proceso disciplinario y sanción impuesta al demandante, ha sido prudencial y equitativa, en razón de haberse advertido y demostrado el incumplimiento de sus deberes y obligaciones, por lo que la demanda debe ser desestimada.

 

FIJACION DE PUNTOS CONTROVERTIDOS.

CINCO: Mediante Resolución N° 4 de fecha 11 de mayo de 2011, que obra a fojas 73, se declaró SANEADO EL PROCESO, por existir una relación jurídica procesal válida entre las partes.

Se fijaron como PUNTOS CONTROVERTIDOS, los siguientes:

a) Determinar, si corresponde declarar la nulidad de la Resolución Directoral Regional N° 001155, de fecha 25 de junio del 2010.

b) Determinar, si corresponde declarar la nulidad de la Resolución Directoral Regional N° 0636-2010.

c) Determinar, si corresponde o no la sanción impuesta al demandante.

 

MEDIOS PROBATORIOS DE LAS PARTES PROCESALES.

         SEIS: Se admitieron los siguientes medios probatorios;

a) Demandante: Los ofrecidos en los puntos 1. al 3. del ofertorio de demanda.

b) Demandado: Los ofrecidos en la contestación de la demanda.

 

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCION.

         SIETE: El Proceso contencioso – administrativo es el instrumento procesal ordinario de control de la Administración pública, y como tal, esencialmente tiene una doble finalidad: de un lado, tiene una finalidad objetiva, cual es la de garantizar el sometimiento de la Administración Pública hacia la juridicidad, finalidad ésta que coexiste con una finalidad subjetiva, cual es la de constituir el medio ordinario de tutela de los ciudadanos frente a la Administración Pública.

OCHO: El artículo 3° de la Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo – Ley N° 27584, sostiene que: Las actuaciones de la administración pública sólo pueden ser impugnadas en el proceso contencioso administrativo, salvo los casos en que se pueda recurrir a los procesos constitucionales.

NUEVE: El artículo 5°, del mismo cuerpo legal, norma: En el proceso contencioso Administrativo podrán plantearse pretensiones con el objeto de obtener lo siguiente:

a) La declaración de nulidad total o parcial o ineficacia de actos administrativos;

b) El reconocimiento o restablecimiento del derecho o interés jurídicamente tutelado y la adopción de las medidas o actos necesarios para tales fines;

c) La declaración de contraria a derecho y el cese de una actuación material que no se sustente en acto administrativo;

d) Se ordene a la administración pública la realización de una determinada actuación a la que se encuentre obligada por mandato de  la Ley o en virtud de acto administrativo firme;

e) La indemnización por el daño causado con alguna actuación impugnable, conforme al artículo 238 de la Ley N° 27444, siempre y cuando se plantee acumulativamente a alguna de las pretensiones anteriores.

         DIEZ: En el presente caso, el demandante solicita se declare la nulidad de la Resolución Directoral Regional N° 001155 que le impone una suspensión por 02 meses sin goce de remuneraciones; y la nulidad de la Resolución Ejecutiva Regional N° 636-2010-PRES, mediante la cual se confirma la sanción impuesta.

ONCE: El Artículo 10° de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, establece las causales de nulidad de los actos administrativos: Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes:

1. La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias.

2. El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los supuestos de conservación del acto a que se refiere el Artículo 14.

3. Los actos expresos o los que resulten como consecuencia de la aprobación automática o por silencio administrativo positivo, por los que se adquiere facultades, o derechos, cuando son contrarios al ordenamiento jurídico, o cuando no se cumplen con los requisitos, documentación o trámites esenciales para su adquisición.

4. Los actos administrativos que sean constitutivos de infracción penal, o que se dicten como consecuencia de la misma.

DOCE: Al respecto, de la Revisión de los autos se observa que mediante Resolución Directoral Regional N° 01155 de fecha 25 de junio de 2010, que obra de fojas 03 a 16, se dispone el CESE TEMPORAL en el servicio por el periodo de dos meses sin derecho a remuneraciones a don Agustín Avelino Bravo García, señalándose que el demandante, ex Jefe de Área y de la Comisión de Procesos Administrativos de la UGEL 10-H ha incurrido en incumplimiento de sus obligaciones estipuladas en el Art. 127° y 132° del D.S. 005-90-PCM, concordante con los inciso a) y d) del Art. 21° del D.L. 276 – Ley de Bases de la Carrera Administrativa, y en consecuencia, constituyen faltas de carácter disciplinario.

TRECE: Mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 636-2010-PRES, de fecha 27 de agosto de 2010, que obra de fojas 17 a 22, se declara Infundado el recurso de apelación interpuesto por Agustín Avelino Bravo García contra el artículo Tercero de la Resolución Directoral Regional N° 01155, estableciéndose lo siguiente:

A) Como titular de la UGEL N° 10 – Huaral, el recurrente tenía la obligación y responsabilidad de la aplicación del Sistema de Control Interno, así como en mantener una estructura sólida que promueva el logro de los objetivos, eficiencia, eficacia y economía de las operaciones desarrolladas a nivel de su entidad. Por lo tanto, al no darse los lineamientos, criterios, métodos y disposiciones para la implementación del Control Interno en las Comisiones de Procesos Administrativos Disciplinarios, el recurrente no ha podido identificar y analizar los eventos adversos a los que estaban expuestas las referidas Comisiones.

B) El Informe de Pronunciamiento N° 001-2008 de la CPPAD es de fecha 30 de enero de 2008, es decir, al 30 de julio de 2008, fecha en que fue cesado el recurrente, no cumplió con emitir la apertura de proceso administrativo disciplinario correspondiente, cuando asume el cargo de directora doña Rosa Elena Guerrero Millones que se formaliza mediante RDR N° 940-2008 la recomendación emitida en el Informe de Pronunciamiento N° 01-2008 de la CPPAD; consecuentemente, es claro y lógico que el recurrente actuó negligentemente causando retardo en el trámite del referido Informe.

C) Respecto a la recomendación de Inhabilitación de don Juan Carlos Requena Saavedra realizada en el Informe Final al caso del Informe Especial Legal N° 004-2007, existe responsabilidad del recurrente al haber emitido una sanción disciplinaria no expresada en normas con rango de Ley, contraviniendo el principio de tipicidad previsto en la Ley 27444.

D) En relación a los expedientes recepcionados en el año 2007, se evidencia que la CPPA-2008 ha permitido la prescripción de denuncias, el recurrente no ha acreditado el trámite que se le dio a las denuncias referidas, porque si bien es cierto  que a enero de 2007 no estaba de Director, cuando asumió el cargo aún no había prescrito las referidas causas.

E) Respecto a que el recurrente durante su gestión no efectuó capacitaciones al personal nombrado así como a las CPPAD y CPPA; no se ha presentado la documentación que sustente que en su calidad de Director de la UGEL realizó las capacitaciones al personal de la entidad y a los miembros de las comisiones de procesos administrativos.

CATORCE: Ante los cargos imputados, el demandante, en fecha 20 de abril de 2010, presenta su Absolución de Pliego de Cargos (ver fojas 360 a 364), manifestando lo siguiente:

A) Respecto al cargo de no haber implementado los Sistemas de Control Interno, es totalmente falso, pues una vez recibidas las recomendaciones efectuadas se corrían traslado  las Áreas competentes de la UGEL de Huaral, para que se adopten los correctivos necesarios y así poder actuar dentro de sus funciones al interior de las Comisiones de Procesos.

B) En cuando a que no se cumplió con ordenar a la CPPA y CPPAD la realización de sesiones para el tratamiento de las denuncias, ello es completamente falso, por cuanto dichas comisiones si conocían y emitían pronunciamiento en torno no sólo a las denuncias, sino a las quejas interpuestas contra diversos Servidores de la UGEL N° 10 Huaral.

C) En cuanto a que no se realizó la capacitación a los integrantes de las Comisiones, también es falso, porque si se efectuaron las capacitaciones no sólo para los miembros de la comisiones, sino para todo el personal de la Sede administrativa de la UGEL 10 Huaral.

D) Respecto a no haber realizado la modificación del Reglamento Interno 2008-CPPAD en al cual se incluya al integrante del SITRAUGEL, no fue posible la modificación de dicho Reglamento, por cuanto según lo establece el D.S. N° 005-90-PCM la comisión de Procesos Administrativos sólo deberá ser compuesta por 03 miembros, lo que se acredita con la Resolución Directoral UGEL 10 N° 0819.

E) Respecto a que las Comisiones de Procesos Administrativos Disciplinarios durante el año 2008 proyectaban las Resoluciones de Apertura y Final de los Procesos vistos no siendo su función, ello es falso, porque el artículo 10 del MOF establece que la Comisión Permanente de Procesos Administrativos proyectará las Resoluciones Directorales de todos los procesos que se resuelvan en dicha instancia.

F) Referente de no haber dado el trámite respectivo al Informe de pronunciamiento N° 001-2008 de la CPPAD donde se recomienda aperturar proceso a la servidora contratada Sonia Amalia Morales Melgarejo; ello es completamente falso, porque si bien es cierto se le sancionó, también es cierto que dicha servidora apeló la sanción y por RDR N° 01433 se declaró la nulidad de la Resolución Directoral N° 00391-2009-UGEL 10 Huaral.

G) En lo que se refiere a la recomendación efectuada en el Informe  al caso del Informe Especial Legal N° 004-2007 de fecha 11 de abril de 2007, donde se recomendó sancionar a don Juan Carlos Requena Saavedra con inhabilitación; es falso, en tanto que la CPPAD tomo el acuerdo con la sanción según la ley a mérito de la Opinión Legal y Sugerencia del Asesor Legal de la CPPAD, variándose la decisión en mérito de la opción legal del asesor jurídico de la UGEL 10 Huaral.

H) Finalmente, en cuanto al cargo de haber permitido la prescripción de dos denuncias recibidas en el año 2007.- Respecto al Expediente N° 22725 de fecha 16-01-2007, según Informe N° 013-2008-D-UGEL 10 H-CPPA se recibió en su Despacho, pero dicho informe fue remitido a la Comisión de Procesos para su pronunciamiento, motivo por el cual es falso que dicho expediente haya prescrito.  Respecto al Expediente N° 19812 de fecha 02-0-2007 fue atendido con el Oficio N° 164-2008/DRELP/DIR-UGEL 10-H/P-CPPA de fecha 12 de noviembre de 2008, y archivado mediante Decreto Jefatural N° 017-2009DRELP/UGEL-10-H-CPPA del 27 de julio de 2009 de lo que se concluye que el expediente no prescribió.

QUINCE: En ese sentido, en cuanto a los cargos atribuidos al demandante, podemos afirmar lo siguiente: 

A) Respecto al cargo de no haber implementado los Sistemas de Control Interno.

El actor afirma que una vez recibidas las recomendaciones efectuadas se corrían traslado  las Áreas competentes de la UGEL de Huaral, para que se adopten los correctivos necesarios y así poder actuar dentro de sus funciones al interior de las Comisiones de Procesos; sin embargo, de la revisión de los autos no se advierte que haya presentado medios probatorios idóneos que sustenten tal afirmación, por lo que no logra desvirtuar la imputación referida.

         Esto se corrobora con lo indicado a fojas 217, del Examen Especial al Área de Gestión Administrativa Equipo de Personal 2008 (fojas 203 a 316) donde el Auditor opina lo siguiente: Los ex directores en cuestión, tenían pleno conocimiento de que se debía de implementar el sistema de Control interno en la entidad y simplemente no lo hicieron; por lo tanto se mantiene la observación, incurriendo en responsabilidad administrativa los ex directores: Lic. Agustín Avelino Bravo García y la Lic. Rosa Elena Guerrero Millones…  

B) En cuanto a que no se cumplió con ordenar a la CPPA y CPPAD la realización de sesiones para el tratamiento de las denuncias.

El demandante afirma que dichas comisiones si conocían y emitían pronunciamiento en torno no sólo a las denuncias, sino a las quejas interpuestas contra diversos Servidores de la UGEL N° 10 Huaral.

Sin embargo, no obra en autos documento alguno que acredite lo afirmado, por el contrario, se ha comprobado la comisión de esta falta, según lo establecido a fojas 218, del Examen Especial al Área de Gestión Administrativa Equipo de Personal 2008 (fojas 203 a 316):  …De la revisión de los documentos de gestión de dirección y los documentos de gestión de las comisiones de procesos administrativos y disciplinarios (año 2008), no se observa documento alguno donde se ordene a ambas comisiones a sesionar para el tratamiento de las denuncias teniendo conocimiento que no lo hacían…

C) En cuanto a que no se realizó la capacitación a los integrantes de las Comisiones.

El actor afirma que si se efectuaron las capacitaciones no sólo para los miembros de la comisiones, sino para todo el personal de la Sede administrativa de la UGEL 10 Huaral; sin embargo, no sustenta tal afirmación con medio probatorio alguno, por lo que tampoco logra desvirtuar dicha imputación.

Ello se puede corroborar con lo establecido a fojas 218, del Examen Especial al Área de Gestión Administrativa Equipo de Personal 2008 (fojas 203 a 316), donde se indica lo siguiente: …De la revisión a los documentos de gestión de dirección y los documentos de gestión de las comisiones de procesos administrativos disciplinarios (año 2008), no se observa documento alguno donde se disponga la realización de su labor encomendada…

D) Respecto a no haber realizado la modificación del Reglamento Interno 2008-CPPAD en al cual se incluya al integrante del SITRAUGEL.

El demandante dice que no fue posible la modificación de dicho Reglamento, por cuanto según lo establece el D. S. N° 005-90-PCM, la comisión de Procesos Administrativos sólo deberá ser compuesta por 03 miembros, lo que se acredita con la Resolución Directoral UGEL 10 N° 0819.

         Ante ello, debe tenerse presente que el Artículo 165° del D. S. N° 005-90-PCM, establece lo siguiente: La Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios estará constituida por tres (3) miembros titulares y contará con tres (3) miembros suplentes. La citada comisión será presidida por un funcionario designado por el titular de la entidad y la integran el Jefe de Personal y un servidor de carrera designado por los servidores. La Comisión podrá contar con el asesoramiento de los profesionales que resulten necesarios.

            Para el proceso de funcionarios se constituirá una Comisión Especial integrada por tres (3) miembros acordes con la jerarquía del procesado. Esta comisión tendrá las mismas facultades y observará similar procedimiento que la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios.

La norma citada establece que la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios estará constituida por tres (3) miembros titulares y contará con tres (3) miembros suplentes, pero no prohíbe que uno de ellos puedas ser representante del SITRAUGEL, por lo que el argumento sostenido por el demandante no  es válido.

Además, ello conlleva que no se promueva un adecuado sistema, que constituyen lineamientos, criterios, métodos y disposiciones para aplicación y regulación del control interno, implicando con ello que …los procesos vistos por los representante del SITRUGEL, queden viciados de puro derecho por no estar incluido sus funciones y responsabilidades en el Reglamento Interno de la CPPAD…   

E) Respecto a que las Comisiones de Procesos Administrativos Disciplinarios durante el año 2008 proyectaban las Resoluciones de Apertura y Final de los Procesos vistos, no siendo su función.

El demandante afirma que el artículo 10° del MOF establece que la Comisión Permanente de Procesos Administrativos proyectará las Resoluciones Directorales de todos los procesos que se resuelvan en dicha instancia.

         De fojas 203 a 316, obra el Examen Especial al Área de Gestión Administrativa Equipo de Personal 2008, en el cual se establece lo siguiente:

Revisado el reglamento Interno 2008, de las CPPA y CPPAD, en su Art. 23° y 24° se lee sobre la Resolución de Apertura y de Finalización de Proceso lo cual contraviene con lo dispuesto en el D.S. N° 019-90-Ed, en su Art. 129° y el D.S.  N° 005-90-PCM, en su Art. 167, que señala: ‘El proceso administrativo será instaurado por resolución del titular de la entidad o del funcionario que tenga autoridad delegada para el efecto…’ se observa que en el presente caso no hay documento que acredite la facultad delegada. Así también contraviene lo dispuesto en el Art. 132 del D.S. N° 019-90-Ed y el D.S. N° 005-90-PCM en su Art. 170 que señala: “La Comisión hará la Investigación del caso, solicitando los informes respectivos, examinará las pruebas que se presenten y elevará un informe al titular de la entidad…”

Esta situación se da por desconocimiento y falta de capacitación en la labor encomendada a los integrantes del colegiado en cuestión, además que siempre se ha laborado y se sigue laborando de esa manera lo cual no es legal…

         En consecuencia, está comprobado que la proyección de resoluciones de apertura y finales, no es función de las Comisiones CPPA y CPPAD, sin embargo se ha venido realizando con el asentimiento del demandante.

F) Referente de no haber dado el trámite respectivo al Informe de pronunciamiento N° 001-2008 de la CPPAD donde se recomienda aperturar proceso a la servidora contratada Sonia Amalia Morales Melgarejo.

El demandante afirma que por R.D.R. N° 01433 se declaró la nulidad de la Resolución Directoral N° 00391-2009-UGEL 10 Huaral.

Al respecto, la entidad demandada ha manifestado que se apertura proceso contra Sonia Amalia Morales Melgarejo a mérito de la hoja Informativa N° 006-2007-DPSIII-UGERL-10-H-OCI de fecha 23 de agosto de 2007, demostrándose el retraso en dar trámite a dicho proceso, y que a la fecha en que fue cesado del cargo, el recurrente no cumplió con emitir la apertura del proceso administrativo correspondiente, formalizada mediante RDR N° 940-2008; hecho que no ha sido desvirtuado por el demandante.

G) En lo que se refiere a la recomendación efectuada en el Informe  al caso del Informe Especial Legal N° 004-2007 de fecha 11 de abril de 2007, donde se recomendó sancionar a don Juan Carlos Requena Saavedra con inhabilitación.

El demandante afirma que la CPPAD tomó el acuerdo con la sanción según la ley a mérito de la Opinión Legal y Sugerencia del Asesor Legal de la CPPAD, variándose la decisión en mérito de la opción legal del asesor jurídico de la UGEL 10 Huaral.

         Al respecto, en cuanto a las sanciones disciplinarias, el Artículo 26° del D.L. N° 276, establece que las sanciones por faltas disciplinarias pueden ser:

a) Amonestación verbal o escrita;

b) Suspensión sin goce de remuneraciones hasta por treinta días;

c) Cese temporal sin goce de remuneraciones hasta por doce meses; y

d) Destitución.

         En consecuencia, al no encontrarse contemplada la inhabilitación como una sanción disciplinaria, el demandante ha incurrido en responsabilidad, pues tal como consta de fojas 371 y 372, el actor suscribe la  Resolución Directoral N° 001000 UGEL. 10-H, mientras que la Resolución Directoral N° 002474-UGEL. 10-H que modifica la Resolución Directoral cuestionada la suscribe doña Rosa Elena Guerrero Millones, tal como se observa de fojas 373 y 374.

H) En cuanto al cargo de haber permitido la prescripción de dos denuncias recibidas en el año 2007.

El actor sostiene que dichos expedientes no han prescrito, lo cual es falso, por cuanto en la Resolución Directoral Regional N° 01155 de fecha 25 de junio de 2010 (fojas 3 a 16), se establece que si bien es cierto que, tal como lo afirma el demandante en el Expediente N° 22725 de fecha 16-01-2007, se emitió el Informe N° 013-2008-D-UGEL 10 H-CPPA, este recomendó la PRESCRIPCION. Y en cuanto al Expediente N° 19812 de fecha 02-0-2007, este fue archivado; información que se corrobora con lo consignado a fojas 227 del Examen Especial al Área de Gestión Administrativa Equipo de Personal 2008 (fojas 203 a 316).

DIECISEIS: De lo expuesto, se concluye que el demandante no ha logrado desvirtuar los cargos imputados, por lo que ha incurrido en falta de carácter disciplinario, de conformidad con los inciso a) y d) del artículo 28° del D. Leg. N° 276, que establece lo siguiente: Son faltas de carácter disciplinarias que, según su gravedad, pueden ser sancionadas con cese temporal o con destitución, previo proceso administrativo:

a) El incumplimiento de las normas establecidas en la presente Ley y su reglamento; (…)

d) La negligencia en el desempeño de las funciones;…

DIECISIETE: En consecuencia, la Resolución Directoral Regional N° 001155 y la Resolución Ejecutiva Regional N° 036-2010-PRES, se han emitido conforme a Ley, no encontrándose incursas en causal de nulidad alguna, por lo que la demanda deviene en Infundada.

DIECIOCHO: En cuanto a la sanción disciplinaria impuesta al demandante, la misma resulta adecuada, teniendo en cuenta la gravedad de la falta cometida.

DIECINUEVE: De acuerdo a lo establecido en el artículo 50° de la Ley 27584 – Ley que regula el proceso contencioso administrativo:Las partes del proceso contencioso administrativo no podrán ser condenadas al pago de costos y costas.

 

DECISIÓN.

     Por tanto, estando a las consideraciones expuestas, con las facultades conferidas por la Constitución política del estado y la Ley Orgánica del Poder Judicial; el señor Juez del Segundo Juzgado Contencioso Administrativo Transitorio de Huaura, administrando Justicia a Nombre de la Nación, FALLA: Declarando;

INFUNDADA EN TODOS SUS EXTREMOS LA DEMANDA, sobre Proceso CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, que obra de fojas treinticinco a cuarenta, subsanada por escrito de fojas cuarentiséis; en los seguidos por don AGUSTIN AVELINO BRAVO GARCIA contra la DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE LIMA PROVINCIAS y el GOBIERNO REGIONAL DE LIMA PROVINCIAS.

         Consentida o ejecutoriada que sea la presente, ARCHIVESE los de la materia de manera definitiva.

         Sin costas ni costos.

Avocándose al conocimiento del proceso el señor Juez que suscribe, por mandato Superior.

Notificándose conforme a Ley.-