El reto de Humala ¡Liderar un país rico!

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 (Por: cynthia sanborn.)

El nuevo gobierno enfrenta múltiples retos, cuya resolución requiere la  participación de diversos actores dentro y fuera del Estado.  Pero el principal  reto del Presidente mismo, es liderar.  Tanto por razones constitucionales como  culturales, el Presidente del Perú debe marcar el ritmo de los cambios
anhelados, y motivar a los demás.    Y dos campos donde urge hacerlo, son el  manejo de los recursos naturales, y la reforma – no, la Revolución – de nuestro  sistema educativo.

Ollanta Humala fue elegido por una población que quiere cambios  significativos en la formar de manejar al Estado y liderar la Nación.   La gente  esta harta de presidentes que prometen y no cumplen, inauguran obras de  dudoso beneficio público, defienden intereses privados, e ignoran o insultan a  los sectores más vulnerables de la población.  Queremos un líder honesto, que  hable claro y exige lo mismo a los demás.  Un líder autónomo, que no se deja  llevar por poderes en la sombra o arreglos bajo de la mesa.  Y un líder
nacionalista, no en el sentido xenofóbico del término, tampoco en el estilo  marketero del gobierno saliente, sino en el sentido de unir a una nación  fragmentada por razones históricas, y también por una campaña electoral  marcada por las peores expresiones de racismo y odio entre peruanos.

Con 22 años de carrera militar, Humala debe tener dotes de liderazgo.  Sin  embargo, uno de los desafíos más serios que enfrenta es la de poner orden en sus  propias filas, incluyendo a su controvertida familia y una alianza política que  le permitió ganar la segunda vuelta, pero que le puede presentar dificultades para gobernar.

El liderazgo del Presidente es especialmente importante para un cambio de  rumbo en el sector minero.  Siendo Perú una potencia minera mundial, es  lamentable que la población esta tan dividida sobre esta actividad, y que su  expansión acelerada haya producido tantos conflictos sociales.  Es un marcado
contraste con países como Chile, Australia o Canadá, que asumen sin tanta  angustia la condición de “país minero” y enfrentan con mayor franqueza los retos que esto implica.

Desde los años 90, el Poder Ejecutivo se ha dedicado a promover la inversión  privada en minería e hidrocarburos, lo cual ha impulsado el crecimiento económico con notables ingresos tributarios.  Pero el Ejecutivo no se ha  preocupado de promover debate nacional, y menos algún nivel de consenso, sobre los objetivos de desarrollo que tenemos como país y el papel de estas actividades para lograrlos.  ¿Cuál debe ser el balance entre explotación minera  y conservación del ambiente?  ¿Cómo incorporar a la población más plenamente  en los beneficios de estas actividades, y también en su regulación?   ¿Cómo  proteger a las poblaciones más vulnerables, especialmente los pueblos  indígenas?    ¿Y cómo invertir los recursos tributarios generados en objetivos prioritarios de largo plazo?

Hoy las más importantes empresas privadas y públicas del mundo compiten para explotar nuestros minerales y otros recursos.  El Poder Ejecutivo les otorga  concesiones, y luego deja en sus manos la tarea de “consultar” a la población,  compensar a los propietarios, y satisfacer a las autoridades locales.  Cada actor  debe velar por lo suyo, utilizando las diversas y asimétricas formas de poder que  tienen a su disposición.  Esto no es liderazgo, sino abdicación, y no debe
sorprendernos cuando surgen conflictos en el camino.

Por otro lado, el Estado peruano ha sido tímido la hora de exigirles a los  operadores privados transparencia y altas estándares de operación, y de aplicar  sanciones a quienes no las cumplen, como los casos de Doe Run o Shougang.
Incluso en iniciativas voluntarias, como la Iniciativa de Transparencia en las  Industrias Extractivas (EITI), el Perú ha cojeado por el poco interés del Estado  en cumplir con los pasos establecidos.   No necesitamos un estado-empresario,  pero si una autoridad que se respeta, personificada en un presidente que  consulta y educa a la población, y vela por un aprovechamiento racional de los  recursos naturales que tenemos.

Un segundo campo donde se requiere mayor liderazgo presidencial, es la  transformación del sistema educativo.   Como sostienen Juan Francisco Castro y  Gustavo Yamada en unCastro Yamada Brechas Educacion.doc, la educación  debe ser el principal mecanismo para igualar oportunidades en una sociedad, dado  que las brechas de acceso a ella crean diferencias en muchas otras esferas de la vida,  que perduran en el tiempo y que, sin adecuada intervención publica, se trasmiten  de generación a generación.    En los últimos años, el Perú ha vivido un boom  de la educación en todos sus niveles, ayudando a formar a nuevos sectores  medios y empresariales emergentes.   Sin embargo, en las escuelas donde
estudian la mayoría de peruanos, la situación de atraso, desigualdad y  deserción sigue siendo alarmante.

En exámenes de lengua, matemática y comprensión lectora, los peruanos están  al final de la cola en América Latina y lejos de las otras potencias mineras  mencionadas líneas arriba.  Según Castro y Yamada, las tasas de conclusión de  la secundaria y el progreso hasta la educación superior se han mantenido  relativamente constantes en los últimos 50 años (alrededor de 80% y 55%,  respectivamente), mientras que hay un retroceso preocupante en la proporción  de jóvenes que inician pero no culminan sus estudios superiores.   Y aunque las  brechas entre hombres y mujeres están prácticamente cerradas en cuanto al  avance educativo formal, las diferencias socioeconómicas y étnicas siguen  siendo profundas.

El Estado peruano hace muy pocos esfuerzos para identificar y conocer a los  diversos grupos que constituyen la Nación.  No hay información racial y étnica  en la mayoría de censos y otros instrumentos de medición oficial.  Tampoco hay
consenso – ni siquiera debate – sobre quienes son “indígenas”, “afroperuanos”, o  «mestizos» en el Perú hoy, especialmente entre la población de jóvenes y quienes  residen en centros urbanos.   No obstante, diversos estudios del CIUP, GRADE y
el mismo INEI, señalan que los mayores niveles de pobreza y de inacceso a los  servicios básicos siguen concentrados en la población rural de habla quechua, aymara y  lenguas nativas de la Amazonía.  Definidos por su lengua materna, hay más de  un millón de niños y niñas indígenas en edad escolar, de los cuales, según  Vasquez Libro EDU_020_eduintind.pdf, uno de cada tres no asiste a la escuela  y el 73% se encuentra atrasado según su edad escolar.

Hace poco el Presidente García anunció el “fin del analfabetismo en el Perú”,  afirmación cuestionada por expertos en la materia.  Este mes se promulgó la Ley  de Lenguas Originarias, para garantizar el uso y la preservación de los idiomas
indígenas.   Sin embargo, como señala Wilfredo Ardito, es paradójica que la  principal política que el Estado ha implementado en esta dirección, la  educación bilingüe intercultural (EBI), no alcanza a la mayoría de niños y  niñas con derecho a ella, y es rechazada por miles de familias que si la recibe,  debido a su baja calidad y prestigio social.    En Puno, por ejemplo, la cobertura  es 34% y se registran solo 273 docentes capacitados en EIB.  En Huanuco la  cobertura es solo 8,6% (Vásquez, 2010).   Un informe reciente de la Defensoría  del Pueblo señala la urgencia de cambiar esta situación.

Ante esta situación, no es sorprendente que solo un pequeño porcentaje de  estudiantes indígenas logra desarrollar las capacidades lectoras esperadas en  su lengua originaria (2% de los escolares aymara, 5,9% de los quechua, 3,2%  awajun, según Vásquez 2010).  La mayoría tampoco desarrollan capacidades  lectoras adecuadas en castellano como segundo idioma, y las evaluaciones ni  siquiera miden aprendizaje de matemáticas, ciencias naturales o sociales.
Para educación superior la información disponible es más escasa aún, pero esta  claro que  quienes tienen lengua materna indígena y secundaria rural, son  quienes tienen menos oportunidades de llegar a la educación superior.  Y  aunque existen al menos doce universidades y diversos institutos pedagógicos  con programas de  “acción afirmativa” o admisión selectiva para alumnos  indígenas, son muy pocos los alumnos calificados para ellos, y su manejo ha sido  ampliamente cuestionado.

Con la educación así, no estamos formando los ciudadanos críticos y exigentes  que la democracia requiere, y tampoco la fuerza laboral que una economía  competitiva necesita.  Persisten profundas desigualdades en el acceso a la  educación de parte de los niños y las niñas que más la necesitan, y estamos lejos  de producir los profesionales indígenas, nativos y afrodescendientes necesarios  para empoderar a estas poblaciones e integrar al Estado y al mercado laboral.

Todos los presidentes prometen dar prioridad a la educación, pero dejan de  lado el tema al asumir el poder.  ¿Por qué?  No es por falta de diagnósticos,  porque en Perú abundan los estudios y las propuestas técnicas.    No es por falta  de dinero, porque tenemos la plata.  Lo que faltan, son coraje y liderazgo  político.  Coraje para enfrentar a los temores e intereses de una minoría que se  beneficia de la situación actual.  Liderazgo, para revertir el desinterés de nuestra elite política y económica, que hace tiempo abandonó el sistema de  educación pública y tiene pocos incentivos para comprarse ese pleito.

Si el nuevo Presidente realmente quiere una revolución educativa, debe darle  mayor urgencia y liderarla como cruzada.  Cruzada contra la inercia y el  estatus quo, la corrupción y la discriminación, que existen en todos niveles del  sistema.  Mas allá de quien sea su Ministro(a) de Educación, el Presidente debe  liderar, convocar a los demás poderes del estado, y a los padres de familia, y

educarles sobre sus derechos y deberes para con la educación de sus hijos.   También convocar a actores privados, como “Empresarios para la Educación”  o  los voluntarios de Enseña Perú, y así reforzar la educación y el compromiso de nuestras élites.

En resumen, el reto para el próximo presidente es liderar procesos de cambio  para un país que se reconoce como rico — en recursos humanos, diversidad  natural y cultural. Un país que se respeta, y que respeta a todos sus integrantes.   Y no gobernar a un país de “neo-ricos”, donde los que mas tienen no se  responsabilicen por el resto, y los que mas necesitan no tienen las oportunidades  y herramientas para triunfar.

(Esta nota será publicada en la revista Ideele de julio 2011).