El Perú necesita triplicar sus inversiones en infraestructura

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Huaral Pe

Invertir en carreteras, puertos y aeropuertos permite que una nación acceda a más mercados, aumente la competitividad de sus empresas, integre a su población y reduzca la pobreza y la desigualdad.

China, por ejemplo, invierte cerca del 10% de su producto bruto interno (PBI) en infraestructura y en los últimos años ha crecido a tasas de dos dígitos. Otros países del sudeste asiático invierten 6% como mínimo. La media de inversión de los países desarrollados se sitúa entre 5% y 6%.

Sin embargo, el Perú ha invertido un promedio de US$2.500 millones anuales en la última década, equivalentes al 2,3% de su PBI (el promedio en América Latina es 3%), según un estudio del economista senior, Christian Garay, del Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (IEDEP) de la Cámara de Comercio de Lima.

La inversión privada en infraestructura entre 1990 y el 2010 alcanzó los US$24.000 millones, bastante menos que países geográficamente más pequeños como Chile (US$30.000 millones) y Colombia (US$28.000 millones). La diferencia aumenta si nos comparamos con países más poblados como Brasil (US$287.000 millones), México (US$100.000 millones) o Argentina (US$84.000 millones).

REZAGADOS
¿Cuánto tenemos que mejorar? Nuestro déficit en infraestructura varía de acuerdo con la metodología empleada por cada institución y lo que cada una considere bajo ese concepto, e irá variando según aumente la población y sus necesidades. Pero sea cual fuere la cifra que manejemos, queda claro que todavía existe una fuerte carencia de inversión en este sector.

El Instituto Peruano de Economía (IPE) había estimado que la brecha del país al 2008 ascendía a US$37.760 millones. El presidente de la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN), Gonzalo Prialé, calcula que en cuatro años ese déficit se redujo a unos US$30.000 millones, aunque recién en julio publicará un estudio que incluirá la brecha en infraestructura básica, de salud y educación, así como la dificultad geográfica para construir en el país.

En el 2009, el BID calculó el déficit entre US$40.000 millones y US$45.000 millones. El IEDEP estimó en el 2011 que la brecha se sitúa en US$34.000 millones en los sectores de saneamiento, telecomunicaciones, electricidad y transporte. Pero en los próximos diez años este déficit, incorporando los sectores de vivienda y educación, superaría los US$55.000 millones. Más del 70%de ese monto se necesitaría para el desarrollo de las provincias.

Suena desalentador y, si bien han habido avances, estos han sido muy lentos. Hace veinte años invertíamos apenas un promedio de US$1.960 anuales, equivalente al 2,1% del PBI. Desde la década del 2000, hemos aumentado esa 
inversión promedio solo en 0,2% del PBI, según el IEDEP.

La inversión pública pasó del 3% al 6% del PBI en los últimos cuatro años, pero Garay estima que nos tardaríamos treinta años en cerrar la brecha de US$34.000 millones solo con inversión pública. “Por eso urge facilitar la inversión privada. Los conflictos sociales la ponen en riesgo. Por ejemplo, las protestas en Conga nos podrían hacer perder los US$4.000 millones ya comprometidos”, señaló.

Entre el 2010 y el 2011, nos fue un poco mejor. Invertimos US$4.500 
millones en promedio (2,8% del PBI).

Todavía hay mucho por hacer, qué duda cabe, pero la tarea no es fácil. Por ejemplo, de los 68 proyectos priorizados con decretos de urgencia durante la gestión del presidente Alan García, solo salieron a concurso menos de veinte.

¿QUÉ SE HA HECHO?
En los primeros diez meses del gobierno de Ollanta Humala se entregaron en concesión solo dos proyectos: la banda ancha de 10,15 gigahertz entre Lima y Callao y el proyecto de reserva fría de generación eléctrica que comprende la construcción de dos plantas termoeléctricas en Pucallpa (Ucayali) y Puerto Maldonado (Madre de Dios).

En mayo de este año, Pro Inversión presentó finalmente una cartera de 26 proyectos, por poco más de US$10.000 millones, que espera concesionar en los próximos dos años. Entre ellos destacan la masificación del gas natural, la línea 2 del sistema eléctrico de transporte de Lima y Callao y la central hidroeléctrica de Molloco en Arequipa.

“Ya pasó bastante tiempo desde que Humala asumió la presidencia y hasta ahora solo se han dado anuncios de concesiones. Pensé que con la experiencia que ya tenemos y con la cantidad de obras inclusivas por desarrollar, este gobierno encontraría el ritmo más rápido”, se quejó Prialé.

Según él, si se cumple con el programa de Pro Inversión para este año, se concursaría solo 0,3% del PBI. Además, calcula que a la velocidad que está yendo el Ejecutivo, las cinco líneas del sistema de transporte masivo de Lima recién estarían para el 2035. Sugiere, más bien, concursar los estudios de las cinco líneas en conjunto y luego una línea por año, con calidad en el control y gasto, para que todas estén operativas en el año 2021.

“La preparación y evaluación de los proyectos toma tiempo. Hay que cambiar el ‘chip’ de la gente de rápido a bien. Hace más de 25 años alguien tuvo la idea de hacer rápido el tren eléctrico, sin planificación. Se gastaron más de US$2.000 millones y ahora lo usa menos del 1% de la población. Además, para el programa Agua para Todos se destinaron más de US$1.000 millones de forma rápida y este no le hizo ni cosquillas a la brecha en agua y saneamiento”, se defiende el director ejecutivo de Pro Inversión, Milton von Hesse, quien asumió el cargo hace unos cuatro meses.

Su apuesta es continuar con los ‘road shows’ en plazas importantes y al más alto nivel gubernamental y empresarial –como los que ya se realizaron en Japón, Corea, Inglaterra y Estados Unidos– para vender la cartera de 26 proyectos.

¿Estamos avanzando en forma lenta? Para algunos quizá sí, pero “más que la velocidad, lo importante es avanzar según un plan articulado de desarrollo”, enfatizó el profesor de ESÁN, Justo Cabrera. El presidente del Ceplán, Mariano Paz Soldán, dijo que se está alineando el plan estratégico nacional con el de los diferentes gobiernos locales.

¿QUÉ SE NECESITA?
Los especialistas coinciden en que el Perú necesita, como mínimo, triplicar su inversión en infraestructura al 6% del PBI anual, lo que representa unos US$10.000 millones. A ese ritmo, podríamos alcanzar a Corea del Sur en veinte años y aumentar unos tres puntos porcentuales al crecimiento del PBI. Además, el cierre de la brecha disminuiría en 4,5% los niveles de desigualdad medidos por el índice GINI, según estimaciones del BID.

Con el crecimiento económico sostenido del país, la falta de presupuesto no puede ser más una excusa para no desarrollar infraestructura. Lo que urge es unidad de criterio entre las diferentes autoridades para esbozar planes con impacto de largo plazo.

También es necesario priorizar los proyectos bajo principios de crecimiento e inclusión, ser más eficientes en el gasto, poner énfasis en la calidad y mantenimiento de las obras y convencernos sobre la importancia de la inversión privada.

Para Prialé, también debe haber un trabajo más coordinado entre el sector privado y público y se deben modificar las leyes de asociaciones público privadas y de obras por impuestos, así como el reglamento del SNIP. “Se lo propusimos al Gobierno desde el inicio de su gestión, pero hasta ahora lo están evaluando”.

El Perú no puede desaprovechar su dinamismo –y la crisis financiera que afecta a otras regiones– para captar inversiones en obras que nos hagan salir del subdesarrollo y que mejoren la calidad de vida de la población. Si otros países ya lo hacen, ¿nosotros por qué no? El esfuerzo es difícil, pero no imposible, y vale la pena.

Huaral Pe