Una propuesta para que los deudores de pensión alimenticia sean impedidos de salir del país y no puedan ser contratados por el Estado, fue formulada hoy en el Congreso de la República como una forma de hacer más efectivo el cumplimiento de esa obligación.
Mediante una iniciativa de ley, que próximamente será presentada ante la Comisión de Justicia del Parlamento, se busca incorporar estas y otras modificaciones a la norma que en el año 2008 creó el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (Redam) o “lista negra” de deudores.
Según la congresista Ana María Solórzano, titular de la Mesa de Mujeres Parlamentarias, en la actualidad se puede impedir la salida del país del deudor alimentario, pero esto procede solo a pedido de parte y por intermedio de una orden judicial.
MOROSOS EN LA MIRA
A su criterio, esa prohibición debe quedar establecida desde el momento en que el padre moroso es incorporado al Redam y no esperar una orden judicial que la determine.
Lo propio comentó el asesor de la comisión de Justicia del Congreso, Carlos Chipoco, quien dijo que si una persona figura en el Redam es porque ya dejó de pagar alimentos y, por lo tanto, existe el riesgo de que continúe esa evasión al viajar, eventualmente, al extranjero.
Consideró que es importante impedir que estos deudores puedan suscribir contratos con entidades estatales, pues sería incoherente que el Estado, que protege a la niñez, admita a quienes vulneran los derechos básicos de sus hijos o los abandonan.
El Redam se creó para persuadir al deudor a cumplir con pasar pensión de alimentos a sus hijos, toda vez que su identidad, con fotografía incluida, aparece en la página web del Poder Judicial y es reportada para ser incluida en las centrales de riesgo. Hay 1.844 padres en registro de morosos desde 2008.