La Defensoría del Pueblo «exigió» al presidente Pedro Castillo y al presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, reevaluar el nombramiento de Javier Arce Alvarado en el cargo de ministro de Desarrollo Agrario y Riego ante los cuestionamientos por su designación.
En su pronunciamiento, recordaron que diversos medios de comunicación han denunciado que el ministro Arce estaría siendo investigado por la presunta comisión de diversos delitos e incluso habría ingresado en un centro penitenciario por la comisión del delito de usurpación.
«Esto último ha sido confirmado por el propio funcionario luego de la difusión de esta información en la prensa. Esto se ve agravado debido a que el referido funcionario, en la declaración jurada exigida por la Ley n.o 31457 de forma previa a asumir el cargo ministerial, negó tener o haber tenido investigaciones fiscales y condenas en su contra», apuntaron.
En esea línea, señalaron que la consignación de esta información falsa en un documento público no solo constituye un acto ilícito, sino una grave afectación del principio de transparencia, un obstáculo para el control ciudadano de las decisiones públicas y «un actuar opuesto a los valores que debe representar un ministro de Estado».
Agregaron que en un oficio del 24 de mayo de 2022, dirigido al presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, advirtieron que el ministro Arce no contaba con la formación y experiencia específicas en el sector que le permita liderar la respuesta estatal frente a la inminente crisis alimentaria que afectará a las personas más necesitadas.
«Por lo expuesto, la Defensoría del Pueblo considera necesario que el presidente de la República y el presidente del Consejo de Ministros reevalúen la designación del referido funcionario y la pertinencia de mantenerlo en tan importante cargo, poniendo en riesgo la seguridad alimentaria de la población», indicaron.
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