El Defensor del Pueblo (e), Eduardo Vega, señaló que el Proyecto de Ley N 1165/2011-CR, aprobado por la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso de la República, que permitiría el ingreso de autos usados con más de 8 años de antigüedad y con timón a la derecha, contravendría la política ambiental en marcha. La misma que tiene como finalidad reducir la contaminación del aire, a causa de la antigüedad del parque automotor, la sobreoferta del transporte público y el uso de combustibles con alto contenido de azufre.
“La sobreoferta y la antigüedad de las unidades vehiculares constituyen factores que incrementan los niveles de contaminación del aire en las principales ciudades del país. Asimismo, en Lima se mantiene operativo un gran número de vehículos públicos muy superior al que se necesita para satisfacer la demanda de transporte público”, señaló el funcionario.
Agregó que, si existe una necesidad de las personas de movilizarse en unidades de transporte, la mejora de las condiciones de movilidad de la población no implica necesariamente la adquisición cada vez mayor de vehículos particulares, sino la implementación de un sistema racional de transporte urbano. En tal sentido, es preciso que se tenga en cuenta que lo que se requiere es solucionar el problema de la sobreoferta del transporte público, especialmente en Lima y Callao.
Abundando en argumentos señaló que, se considera que el ingreso de vehículos con 8 años de antigüedad será un obstáculo para la modernización del parque automotor con miras a reducir la contaminación atmosférica.
En opinión de la Defensoría del Pueblo, el sector transportes debe caracterizarse por incorporar tecnologías más limpias, a la par de implementar la mejora en la calidad de los combustibles, como condición esencial para el goce efectivo del derecho a la vida, la salud y a un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de las personas.