Daniela Ibáñez: “Más del 85% de las ONG que reciben dinero no registran sus actividades”

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Huaral Pe

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Tal como están planteadas las normas actuales, ¿Cuál es la capacidad de fiscalización que tiene el Perú del dinero que ingresa del exterior hacia las ONG?

Justamente, lo que se está debatiendo actualmente es ampliar el margen de transparencia y fiscalización hacia las ONG, aquellas especialmente que reciben dinero de la cooperación técnica internacional. Según las cifras del Ministerio de Relaciones Exteriores, más del 85% de organizaciones que reciben dinero de la cooperación técnica internacional no registran sus programas, proyectos o actividades en lo que es la APCI (Agencia Peruana de Cooperación Internacional), que es la entidad encargada para supervisar a este tipo de organizaciones. Entonces, la capacidad de fiscalización es baja de momento. Según la propia APCI, existen aproximadamente 1.800 ONG inscritas, menos de 70 son fiscalizadas y menos de 270 presentan sus reportes anualmente de forma voluntaria. Entonces, se encuentra un vacío respecto de algunos fondos que reciben estas ONG del exterior y de qué manera se están utilizando.

—¿Cuál es el papel de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) respecto al manejo de estos fondos?

La UIF supervisa las actividades financieras de las organizaciones sin fines de lucro (OSFL), dentro de las cuales en gran parte son ONG. Lo que se pretende en la ley es que se cree un organismo que trabaje con la APCI y este adscrito a la Sunat para que pueda haber una mayor supervisión, específicamente, de las ONG de la cooperación técnica internacional. La razón por la cual se quiere hacer esto es porque la UIF ha detectado varias operaciones sospechosas de las OSFL y se busca conocer cuales deben ser atribuidas a las ONG. Definitivamente, hay cosas que se deben ajustar en este margen de competencias, por ejemplo, en el dictamen mismo se piden tres días para subsanar las observaciones de la APCI, pero estos trámites podrían estar mejor espaciados, especialmente para las ONG que no tengan que ver con actividades políticas, sino aquellas que tienen que ver con caridad o fines humanitarios.

"No se está inventando la pólvora, en países de la OCDE, Estados Unidos, Inglaterra, se da la categorización de ONG que hacen activismo político", indicó. (Foto: ALESSANDRO CURRARINO / EL COMERCIO)

«No se está inventando la pólvora, en países de la OCDE, Estados Unidos, Inglaterra, se da la categorización de ONG que hacen activismo político», indicó. (Foto: ALESSANDRO CURRARINO / EL COMERCIO)

/ ALESSANDRO CURRARINO

—¿Cuáles son los puntos más importantes que destaca del dictamen aprobado?

El aspecto más importante y que definitivamente se debe conversar es sobre incrementar la transparencia sobre los fondos que reciben, justamente por lo que hablábamos: que las competencias ahorita son limitadas y, tal vez, hay preocupaciones sobre la desviación de fondos y, especialmente, porque se trata de organismos que tienen exoneraciones fiscales. Entonces transparentar qué tipo de actividades tienen es importante. Ahora, sí deben haber mejoras definitivamente al dictamen como está puesto actualmente, hay varias críticas al respecto. Es bien importante que los congresistas puedan estudiar más los modelos, por ejemplo, de Estados Unidos, Inglaterra, Australia, que sí fiscalizan ONG que tienen componente de activismo político y salvaguarda la libertad de expresión.

—¿El dictamen como tal merece mejor análisis?

Sí, yo creo que debe ser revisado. Hay varias observaciones de parte de varios grupos, incluyendo la misma SBS. Entonces sí creo que es importante que tenga una revisión y, además, el principio que prime que sea de la transparencia y que se modele bastante bien lo que va a ser la APCI con estas competencias incrementadas, y que los criterios a la hora de transparentar cómo se utilizan estos fondos no sean politizados sino más bien el criterio sea técnico. Que por más que se vayan a supervisar ONG que definitivamente tienen en algún porcentaje activismo político, que no son todas, pero algunas sí lo tienen, que el criterio de parte de la APCI sea un criterio técnico y no politizado.

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—Pero si bien apunta mejoras, usted respalda la propuesta….

Yo respaldo el principio de transparencia hacia el dinero que ingresa en el Perú de la cooperación técnica internacional, y que sea utilizada en la manera que las personas a cargo de estas entidades dicen utilizar este dinero. Porque es cierto, y eso es bastante preocupante, que hay indicios importantes de desviación de fondos hacia operaciones que no se están declarando y, además, creo que es importante hacia la ciudadanía, en democracia, que haya transparencia sobre el tipo de dinero que se esté utilizando para el activismo político. Esto hay que entenderlo en el contexto que en las normas electorales en el Perú, especialmente con la modificación del 2020, las organizaciones políticas pueden recibir aportes de personas jurídicas extranjeras sin fines de lucro para formación, capacitación e investigación. Sin embargo, está limitado para otras personas jurídicas nacionales y extranjeras con fines de lucro. Entonces, es importante transparentar para qué se está utilizando este dinero.

—Con el dictamen se establece una serie de infracciones leves, graves y muy graves para estas ONG. ¿Esto no generaría un desincentivo o trabas para la cooperación internacional que sí ha tenido una participación importante en otros aspectos?

Creo que es importante distinguir entre lo que son digamos actividades humanitarias, caritativas y, además, que los plazos sean razonables. Una infracción leve sería pasarse del plazo de tres días para reportar, a lo mejor eso podría ser aligerado, sin embargo, sí es importante que las ONG, especialmente aquellas que están recibiendo dinero sobre un umbral, puedan reportar este dinero de manera célere, especialmente si es que este dinero va al activismo político, que es una realidad y es algo que hacen otros países. Por ejemplo, en el Reino Unido hay una ley en la que se dice que las ONG o aquellas organizaciones que buscan influencia política en el país tienen que estar registradas y estas actividades deben ser transparentadas y si es que no son registradas, entonces es considerado un delito. En EE. UU. existe la ley de registro de agentes extranjeros. Es importante guiarnos por este tipo de modelos.

—Las críticas contra este dictamen aprobado por la Comisión de Relaciones Exteriores señalan que se afecta a la libertad de asociación. ¿Cuál es su opinión respecto a ello?

Creo que no tendría por qué afectar la libertad de asociación si está bien modelada. Lo que se pide, sobre todo, es la transparencia. La libertad de asociación no debería de estar limitada bajo ningún criterio, a menos que haya algún tipo de actividad ilícita o desviación de fondos o cuestiones de este tipo. No se está prohibiendo la actividad de las organizaciones que reciben dinero del exterior en el Perú, esto no debe ser permitido bajo ninguna circunstancia, pero sí que sea transparentado.

—Ahora, pero el contexto en el que se da esto, ¿es el más adecuado? Hay una serie de críticas al Congreso…

Sí, creo que últimamente el Congreso ha estado viendo varias reformas de manera bastante acelerada y capaz no tan premeditadas. Vemos que esta última semana que fue el cierre de la legislatura se dio la aprobación de varias cosas, que tal vez hubieran podido tener más premeditación. En el caso que estamos hablando, es un caso delicado, bastante importante para nuestro país, y creo que tiene que ser discutido con calma. Creo que la ‘autopresión’ que se exigen los congresistas es porque las siguientes elecciones se acercan y definitivamente aquellas organizaciones que están jugando un rol en el activismo político que reciben dinero del exterior, no están siendo debidamente fiscalizadas y transparentadas; y creo que en el cálculo político de los congresistas están buscando incluir esto en un paquete de reformas políticas. Creo que por eso los congresistas sienten esta urgencia, pero es importante que este tipo de normas sean premeditadas y con más tranquilidad.

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—En una situación nunca vista, al menos en los últimos años, 16 embajadas, entre ellas, la Unión Europea, expresaron su preocupación por el trámite de este proyecto. ¿La aprobación de esta iniciativa no perjudica más bien la imagen internacional del país?

Hay que recoger las observaciones que tienen las embajadas internacionales. Ahora, también es cierto que los países que firman este comunicado también tienen legislación que fiscaliza la labor de las organizaciones como las ONG en sus propios países, como es el caso de Estados Unidos. Inclusive la OCDE, en la cual varios de esos países de ese comunicado se encuentran, ha sugerido en el pasado estándares de transparencia y control de la influencia política extranjera en varios de sus países miembros. La preocupación va porque hay muchos que han expresado que estaríamos acercándonos más a un modelo nicaragüense o venezolano y, por su puesto, eso es algo que no debería de suceder.

—¿Qué tan palpable es esta vinculación, entre estas ONG que no registran sus actividades con el tema de lavado de activos, que es un delito tan grave?

Eso es algo que se tiene que estudiar. Parte del ánimo de transparentar los fondos es buscar esa información que ahorita, de momento, no se tiene detalladamente. Ahora, importante distinguir entre una ONG y aquellas ONG que reciben dinero de la cooperación técnica internacional; y por eso es que se tienen que precisar los criterios para que se pueda dar la adecuada transparencia.

—Mencionaba antes que había operaciones sospechosas por más 3 mil millones de dólares…

Sí, es un estudio de la UIF entre 2018 y 2020, y esta cantidad de dinero que podría provenir de operaciones sospechosas son de organizaciones sin fines de lucro (OSFL), en la cual las ONG son un subconjunto, que no deben de ser un porcentaje menor y por eso es importante que debe ser estudiado. (…) Las ONG cuentan con incentivos tributarios favorables, las sumas de dinero que pueden entrar a estas organizaciones, si no son debidamente fiscalizadas, pueden ser susceptibles a este tipo de operaciones y desviaciones de fondos de todo tipo, hacia el lavado de activos, paraísos fiscales, minería ilegal. Podríamos hablar de una serie de actividades ilícitas en las cuales podrían ser comprendidas. Ahorita de momento no hay información, entonces no se sabe a ciencia cierta, por eso es importante abrir los criterios de transparencia sobre todo.

—Justamente, el dictamen apunta que la APCI llevará un registro actualizado de aquellas ONG que desarrollan un activismo político con el financiamiento de la cooperación técnica. ¿Esto no es entrar a un terreno más ideológico? ¿Cómo se podría definir qué cosa es activismo político y qué cosa no respecto al trabajo de una ONG?

Sí, creo que eso definitivamente tiene que ser debidamente categorizado. Nuevamente, no se está inventando la pólvora, en países de la OCDE, Estados Unidos, Inglaterra, se da la categorización de ONG que hacen activismo político. Es importante estudiar el tipo de normas que ellos tienen, con criterios de razonabilidad y que haya dentro del mismo organismo de la APCI los incentivos para que esta categorización sea lo más técnica posible y no sea politizada o no haya una injerencia de intereses políticos para querer perseguir a ciertos activistas políticos. De eso no se trata, se trata de transparentar la información.

—Estamos actualmente en un receso parlamentario pero, ¿este proyecto debería ser visto cuanto antes en la Comisión Permanente?

La Comisión Permanente es un grupo reducido de congresistas, entonces si bien podría debatirse (es una posibilidad si es que los congresistas de la Permanente lo ponen de manera prioritaria), tal vez no sería lo más oportuno porque se trata de un grupo reducido de congresistas, no es toda la representación nacional. Y, además, porque, de momento, creo que hay varios criterios para ajustar.

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