Más de un millón de personas de los sectores D y E no han podido acceder a una casa de interés social bajo la modalidad CSP (Construcción en Sitio Propio), porque el financiamiento del Fondo Mivivienda fue direccionado mediante coimas a la modalidad AVN (Adquisición de Vivienda Nueva), que favoreció a los proyectos inmobiliarios de la empresaria Sada Goray.
El pago de 4 millones de dólares que la empresaria Sada Goray reconoció haber hecho a Salatiel Marrufo, asesor del ex ministro Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Geiner Alvarado, para ser favorecida con el direccionamiento de los fondos de Mivivienda hacia sus proyectos inmobiliarios, dirigido a quienes tienen acceso crediticio, ha afectado a más de un millón de personas de los sectores más pobres al no poder acceder a una casa bajo la modalidad CSP (Construcción en Sitio Propio).
Enrique Valderrama, vocero de las mypes dedicadas a la construcción de este tipo de casas, lamentó que esta orientación del presupuesto no obedezca a una política pública sino a malos manejos que viene de gestiones anteriores, especialmente de la del exministro Geiner Alvarado. Mencionó la transferencia de 376 millones a la modalidad AVN (Adquisición de Vivienda Nueva) con una coima de 2.5% sobre dicho monto.
“Se ha reducido sistemáticamente la orientación del programa popular en los últimos años otorgando cada vez menos bonos para la construcción en sitio propio. Esto se acentuó en el gobierno de Pedro Castillo. Pensábamos que correspondía a un criterio de política pública, pero comprobamos que en realidad se trataba de malos manejos”, cuestionó.
Valderrama también saludó la declaración del viceministro de Vivienda, Hernán Navarro, respecto a la necesidad de construir 140 mil viviendas al año, aunque lamentó que no se esté tomando medidas concretas para hacerla realidad.
Precisó que de las 140 mil viviendas anuales señaladas por el viceministro, actualmente solo se está edificando 18 mil. Dijo que esta cifra se puede triplicar o cuadruplicar rápidamente si hay decisión, sobre todo porque el enfoque a la modalidad de Construcción de Nueva Vivienda ha sido por un negociado y no por criterio técnico.
“Ese asunto de corrupción ha afectado la asignación presupuestal para la vivienda social y ha perjudicado a muchísimos potenciales beneficiarios. Hay una brecha de 1 millón 800 mil viviendas en el país y el 70% es gente de los sectores D y E; estamos hablando de más de un millón de personas de los sectores más pobres que necesitan vivienda y el programa no ha podido aliviarles porque se desviaron estos fondos. Nosotros estamos pidiendo cerrar esta brecha”, sostuvo el vocero de las pymes de construcción, Enrique Valderrama.