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Contraloría tomará el control de las oficinas de OCI en las regiones

Fuad-Khoury

El Contralor General, Fuad Khoury, anunció que tomará el control de las oficinas encargadas de la fiscalización interna de 54 entidades públicas, entre las cuales destacan los 25 gobiernos regionales, para contribuir a garantizar el manejo transparente y eficiente de los recursos públicos.

Durante su presentación ante la comisión de Fiscalización del Congreso, Khoury Zarzar afirmó que se está procediendo a colocar a jefes y personal de la Contraloría en los órganos de control  institucional (OCI) de todos los gobiernos regionales, el Seguro Social de Salud, el Ejército del Perú, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú y la Marina de Guerra del Perú.

También en 18 municipalidades provinciales y 5 distritales. Enfatizó que es indispensable que la Contraloría maneje el personal de las OCI de todas las entidades públicas para que tengan mayor autonomía e independencia, tal como lo dispuso la

Ley N° 29555 promulgada en el año 2010.

Afirmó que esto se resolvería con una simple disposición en la Ley Anual de Presupuesto 2015, donde se establezca que se transfieran los recursos necesarios que permitan incorporar el personal CAS de las OCI a la Contraloría General.

PROCESOS JUDICIALES
Khoury Zarzar reveló que se han iniciado procesos judiciales a 5,493 funcionarios públicos que estarían involucrados en presuntos delitos contra la administración pública y/o que ocasionaron un perjuicio económico al Estado. El monto involucrado como perjuicio económico en los casos penales y civiles supera los S/. 808 millones.
Precisó que durante su gestión la Procuraduría Pública de la Contraloría denunció penalmente a 3,207 funcionarios que habrían incurrido en presuntos delitos, siendo el perjuicio económico identificado más de S/. 449 millones.
Mientras que 2,286 funcionarios fueron demandados para que paguen una indemnización al Estado de más de S/. 358 millones por las presuntas pérdidas ocasionadas al Estado.
El Contralor destacó que prácticamente se han duplicado los fallos favorables en los procesos judiciales iniciados por la Contraloría. En el 2009, los procesos favorables representaban el 35%, y en el 2013 aumentó la efectividad a 66%, luego que la Procuraduría Pública fuera reforzada y repotenciada.
Durante su exposición destacó la necesidad de que se impulse el proyecto de ley para que los funcionarios que cometan delitos en la administración pública reciban pena efectiva de cárcel para disuadir los actos de corrupción. Cuestionó que los 390 funcionarios sentenciados por los informes de control, 367 hayan recibido condenas suspendidas y solo 23 pena efectiva de cárcel, es decir, solo el 6%.
Khoury Zarzar afirmó que ahora se encuentran enfocados en tener una Contraloría General con capacidad de respuesta a entornos en constante cambio, lo que ha demandado tener un enfoque de control más agresivo y dinámico que pone mayor énfasis en las auditorías especializadas, operativos de control contra la corrupción y que aplica una efectiva sanción administrativa.
Afirmó que una forma efectiva de enfrentar a la corrupción es privarla de recursos y desde este año tienen la facultad de solicitar la suspensión de cuentas bancarias en aquellas entidades donde hay indicios de malos manejos, lo que permitió aplicar esta medida a gobiernos regionales de Áncash, Tumbes y Pasco así como en los gobiernos municipales de San Román, San Marcos, Chavín de Huántar, Vilcabamba, Olmos, entre otros.
EL DATO
La Contraloría General ha sancionado administrativamente a 107 funcionarios con inhabilitación o suspensión temporal por faltas graves o muy graves en el ejercicio de sus funciones.
Actualmente, 798 funcionarios se encuentran procesados por responsabilidad administrativa funcional.

 

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