Conoce cómo trabajan los fiscales peruanos que investigan delitos de ciberdelincuencia

0
76

06:00 | Lima, jul. 04.

Por Sofía Pichihua

Además de una mayor adopción de medios digitales, la pandemia también evidenció un incremento de las denuncias de delitos informáticos en el Perú. A escala nacional, entre enero y abril de 2022, el Ministerio Público ha recibido 7,297 denuncias que son investigadas por los fiscales peruanos, quienes recurren al uso de mecanismos tecnológicos para rastrear las evidencias digitales.

En ese sentido, la fiscal superior titular Aurora Castillo Fuerman, jefa de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia, explica a la agencia Andina que son los fiscales penales quienes solicitan este apoyo técnico cuando investigan delitos informáticos, estafa agravada en los casos de sustracción de datos en tarjetas de crédito u otros delitos en los cuales la prueba digital es determinante para la investigación. Es así que suman esfuerzos, siguiendo el compromiso firmado en el Convenio de Budapest. 

Para ello, los fiscales penales deben hacer uso de una plataforma de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia que les permitirá mantener contacto, de manera presencial o virtual con los fiscales especializados.

En búsqueda de evidencias digitales

Lo cierto es que cuando los fiscales deben investigar un delito informático no pueden manejar la evidencia como la de un delito tradicional debido a que ésta se encuentra en la red.

«La internet es maravillosa y la tecnología extraordinaria. Nos han permitido superar muchos problemas pero también ha sido un pretexto para que la ciberdelincuencia aproveche estas circunstancias.  ¿Cómo funciona el internet? A través de las comunicaciones virtuales. Entonces, hay que investigar el ciberespacio y para ello hay que hacer levantamiento del secreto de las comunicaciones, hay que saber cómo saber pedir información a un proveedor internacional, por ejemplo, como Facebook, entre otros», destaca Castillo.  

En el Perú, según información oficial de Facebook, el gobierno y entidades públicas han realizado 416 solicitudes de información que involucran a 779 usuarios o cuentas, casi el triple del 2020.

El incremento de las denuncias de ciberdelitos también se explica en la entrada en vigencia del Código Procesal Penal en el distrito fiscal de Lima, que permitió la creación de la Fiscalía Corporativa Especializada en Ciberdelincuencia de Lima Centro en junio de 2021 debido a que más del 47% de la carga procesal fiscal de delitos informáticos se concentra en este distrito fiscal.

Solo de enero a abril de 2022, los cuatro despachos de la Fiscalía Corporativa Especializada en Ciberdelincuencia de Lima Centro han recibido 6,138 casos, de los cuales 1,903 ya fueron resueltos. Aún así, la ardua labor de la fiscalía y la unidad especializada no es suficiente. 

En opinión de la fiscal superior, es necesario contar con más fiscalías especializadas en ciberdelincuencia en la capital y a nivel nacional, teniendo en cuenta que los distritos fiscales de Lima Norte, Lima Este y Lima Sur agrupan la mayor cantidad de carga fiscal. 

Aún con las limitaciones, los fiscales peruanos han logrado al menos 18 procesos -prisiones preventivas e incluso sentencias- que revelan su ardua labor en la protección de los datos personales. 

Este mes de junio, el Segundo Despacho de la Fiscalía Corporativa Especializada en Ciberdelincuencia de Lima Centro, a cargo del fiscal provincial Jonathan Portillo Vela, consiguió que el Poder Judicial dictara una sentencia en terminación anticipada por el delito de estafa agravada en la modalidad conocida como “vishing” (estafas telefónicas), a raíz de una transferencia bancaria no autorizada por S/. 2,997. 

Lamentablemente, los procesos pueden extenderse por ocho o más meses al seguir las evidencias digitales. Esto fue evidente durante el inicio de la pandemia, principalmente a raíz del bono económico del gobierno para familias vulnerables, pues se denunciaron suplantaciones de identidad y cobros indebidos. 

Los ciberdelincuentes, precisa la fiscal superior, suplantaron la identidad de algunos beneficiarios del bono clonando su línea telefónica mediante el uso de datos robados y un documento diferente (como el pasaporte) al DNI. Así, pudieron registrarse en la web oficial y luego hacer el cobro desde el cajero automático. Desafortunadamente, alerta Castillo, no todas las operadoras tienen el mismo compromiso para entregar información rápidamente. 

«Las empresas de telefonía muchas veces no envían la información completa y se ha hecho las denuncias para que Osiptel imponga las multas… Eso genera impunidad«, advierte la también fiscal superior a cargo de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Ciberdelincuencia de Lima Centro. Este mismo problema ocurre cuando se busca rastrear las direcciones IP que podrían ayudar a identificar al ciberdelincuente. 

Para la fiscal superior, si bien se evidencia una mayor cantidad de denuncias, aún es posible que esta cifra no refleje la cantidad total de ciberdelitos. Es por ello, resalta, que es importante dar resultados para que la ciudadanía confíe en las entidades públicas a cargo de estas investigaciones. 

Ingresando a la dark web

Además del compromiso del Ministerio Público por especializarse para atender estas denuncias, la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia ha contado con el apoyo de la cooperación internacional para capacitar a los fiscales que integran la red. También se han recibido donaciones de equipos tecnológicos de última generación para el Laboratorio de Ciberdelincuencia, ubicado en la misma sede.

El año pasado, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito – UNODC y el gobierno de Noruega donaron 50 computadoras (desktop como notebooks) que fueron destinadas a 33 fiscales a nivel nacional, y al equipamiento del laboratorio contra el cibercrimen. A ello se suman las nuevas donaciones de la Embajada de Estados Unidos en el Perú. 

El Laboratorio de Ciberdelincuencia, que cuenta con la asistencia de ingenieros especializados para el apoyo de los fiscales, permite que las búsquedas de evidencia digital sean seguras y en un ambiente controlado, sin riesgos de que la red del Ministerio Público se vea afectada.

Al investigar estos casos, los fiscales deberán abrir links fraudulentos que podrían resultar en la instalación de malware en los equipos, por lo que el laboratorio evita que estos programas maliciosos perjudiquen a otras computadoras de la fiscalía.

Además se reserva el anonimato al usar tecnologías que evitan la detección de la identidad de los usuarios. Esto les permite continuar su investigación.  

Incluso, los fiscales pueden ingresar a la dark web para rastrear a los ciberdelincuentes, desde donde ofrecen servicios ilegales como el hackeo de dispositivos o la venta no autorizada de información personal de sus víctimas. La atención en el Laboratorio de Ciberdelincuencia no se restringe únicamente a la modalidad presencial, pues los fiscales de provincia pueden realizar coordinaciones vía videollamada.

Este año se espera que se concrete el Manual de Investigación de Delitos Informáticos, elaborado con asesoría internacional, un nuevo recurso para los fiscales peruanos, que ya cuentan con guías sobre ciberdelitos, entre otros.

  

Publicado: 4/7/2022