La eventualidad de un terremoto de alta intensidad seguido de un tsunami en las costas de Lima y Callao, demanda la permanente coordinación entre todos los sectores y autoridades que permita implementar, efectivamente, las medidas necesarias para la ejecución presupuestal y el Acuerdo Nacional sobre gestión de riesgos y desastres.
Esa es una de las recomendaciones del informe final de la Mesa de Diálogo para el Hábitat dado a conocer y aprobado el martes 26 al concluir sus actividades correspondientes a la legislatura 2011-2012 con la conducción del congresista Marco Falconí Picardo (AP).
El informe sugiere también hacer un seguimiento sistemático de las normas existentes relacionadas con las políticas públicas en vivienda, servicios y saneamiento, a fin de que lleguen realmente a los beneficiarios, acompañadas de asistencia técnica, institucionalización y financiamiento previstos.
Igualmente, propone fortalecer la articulación de los diversos sectores que guardan relación con la problemática de la vivienda y los servicios públicos. Recomienda que tengan continuidad los programas y las políticas públicas que a veces se ven afectados por cambios de los titulares de un sector.
Al respecto, Falconí Picardo recordó que existen políticas públicas en el sector Vivienda, Construcción y Saneamiento expresadas en normas y programas de vivienda, agua y saneamiento a nivel urbano y rural, pero no son difundidas de manera pertinente y oportuna, y se suspenden, cambian de nombre o quedan vacíos para los posibles beneficiarios y sin orientación alguna para el ciudadano.
Otras de las conclusiones del informe final, explicados por el legislador, reconoce que los sectores Vivienda, Salud y Educación hacen esfuerzos por compartir diagnósticos, enfoques y propuestas.
Sin embargo, esa articulación no es permanente. Las experiencias validadas quedan en ‘proyectos piloto’ y no se concretan en políticas públicas, a la vez que hace falta socializar la información sobre vulnerabilidad e institucionalizar las buenas prácticas.
El informe reconoce, asimismo, que la sociedad civil representada por los colegios profesionales, universidades, ONG y organizaciones sociales aportan con propuestas y experiencias validadas, pero se trata de experiencias de baja cobertura, de poco alcance y con una débil relación con el Estado.
De otro lado, el documento final señala que existen cientos de miles de personas que viven en zonas de riesgo no mitigable, por lo que deviene en urgente enfrentar y solucionar los problemas de reubicación o reasentamiento de esas familias y de mejoramiento de las viviendas.
Da a conocer también un programa de destugurización, empezando por los Barrios Altos, con obras de apuntalamiento de fincas ruinosas en zonas tugurizadas, como medida de emergencia y cuyo costo sería de 1,700 millones de soles.
Un problema a enfrentar es la falta del marco legal que permite intervenir directamente en el apuntalamiento de viviendas privadas, como si lo tiene el programa ‘Mi Quinta’, que en la práctica se encuentra suspendido.
En la sesión de clausura participaron los congresistas Ramón Kobashigawa (GPF) y Norman Lewis del Alcázar (AP), integrantes de ese grupo de trabajo dela Comisión de Vivienda y Construcción.