La Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la República aprobó por mayoría un dictamen que propone sancionar con cadena perpetua a los altos funcionarios que hayan cometido delitos contra la administración pública tipificados en el Código Penal.
La iniciativa del legislador Otto Guibovich Arteaga (AP) propone castigar con la pena máxima a funcionarios comprendidos en el artículo 99 de la Constitución, es decir, el presidente de la República, congresistas, ministros de Estado y magistrados del Tribunal Constitucional.
Asimismo comprende a servidores públicos de Junta Nacional de la Justicia, vocales de la Corte Suprema, los fiscales supremos, el defensor del Pueblo, y al contralor general de la República.
“Entiendo que la educación es el camino, pero un cambio de mentalidad demorará más de una generación y necesitamos reeducar a la población, cambiar de modelos, cambiar la idea que se puede robar y quedar en el anonimato. Esta es una acción de contención necesaria ante la situación de corrupción que vivimos”, explicó durante su exposición el parlamentario de Acción Popular.