Congresistas podrían ser denunciados por insistir con elección de Defensor pese a orden judicial

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Recurrieron a ‘leguleyada’ para sacarle la vuelta a medida cautelar que ordenó suspender proceso de selección, según Instituto de Defensa Legal.

Por Nicol León

El lunes 27 de junio, en una sesión liderada por el congresista Jorge Montoya (Renovación Popular), el Congreso instaló una nueva comisión especial para elegir al Defensor del Pueblo, a pesar de que el Poder Judicial ordenó que se suspenda este proceso porque se hallaron irregularidades.

El sindicato de trabajadores de la Defensoría del Pueblo interpuso una demanda de amparo para detener el proceso de selección porque observaron que el Congreso violó los principios de meritocracia, transparencia y participación política al permitir que su presidenta, María del Carmen Alva (Acción Popular), integre la comisión especial que elige a esta autoridad. Su presencia hizo que la comisión supere el número de congresistas (9) aptos para elegir al defensor del Pueblo.

El Poder Judicial otorgó la medida cautelar al sindicato de trabajadores porque halló que los congresistas que iban a elegir al Defensor del Pueblo no establecieron una etapa en el proceso para que la ciudadanía corrobore la información profesional de los postulantes. Los parlamentarios tampoco publicitaron la información que obtuvieron de los candidatos a esta entidad del Estado.

De esta manera, el Poder Judicial ordenó a la comisión especial del Congreso que suspenda el proceso hasta que dicten una decisión sobre la acción de amparo presentada por el sindicato de trabajadores.

DESACATAN ORDEN

Con la instalación de una nueva comisión especial para elegir al nuevo titular de la Defensoría, el Congreso estaría desobedeciendo la resolución del Poder Judicial que otorgó medida cautelar.

La abogada Cruz Silva, del Instituto de Defensa Legal (IDL), explicó que el Congreso recurrió a una ‘leguleya’ al aperturar otra comisión especial, pues la medida cautelar indica que se suspenda «el actual procedimiento de elección del nuevo Defensor del Pueblo». La reacción del Congreso, presidido por María del Carmen Alva, fue cerrar ese grupo de trabajo y abrir otro para continuar con un proceso de selección en el que se siguen cometiendo las mismas irregularidades señaladas por el sindicato de trabajadores.

«Entonces, el Congreso lo que ha hecho no es parar toda actividad relacionada con el proceso de elección del defensor del Pueblo y ha creado una figura que es, en sí, leguleya. Cerró esa comisión previa y creó una nueva en el entendido de que como si fuera una nueva comisión, la demanda de amparo hablaría de un caso diferente, lo cual no es así», señaló.

En ese sentido, comentó que los congresistas, que participaron de la apertura de esta nueva comisión, pueden ser denunciados constitucionalmente por desobedecer sentencias judiciales. Recordemos que, en la sesión presidida por Montoya, se eligió como presidente de este nuevo grupo de trabajo a Freddy Díaz Monago (Alianza para el Progreso). También a Rosangella Barbarán (Fuerza Popular) como vicepresidenta y Elvis Vergara (Acción Popular) como secretario.

«Ellos, al violar esta disposición constitucional, de que las sentencias judiciales se acatan, están incumpliendo la Constitución. Eso da para una denuncia constitucional y eso también lo puede presentar cualquier ciudadano. Ellos han violado una orden constitucional, un mandato constitucional de respetar y hacer respetar las sentencias», aclaró.