El Comité de Ética del Consejo Regional de Lima del Colegio Médico del Perú (CMP) iniciará una investigación de oficio a sus agremiados que fueron denunciados penalmente ante el Poder Judicial por presunto delito de tráfico de órganos.
Dante Añaños, presidente del Comité de Ética del CMP, sostuvo que basta una denuncia, como la propalada por un programa periodístico dominical el último fin de semana, para empezar una indagación sobre la conducta ética del o los profesionales agremiados presuntamente involucrados en el tráfico de órganos.
“El Colegio Médico vela celosamente porque el profesional agremiado cumpla la normatividad legal. El Código de Ética es muy claro al señalar como falta grave el tráfico de órganos, tejidos, células, material genético u otros con propósito de lucro o sin él, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal que ello origine, manifestó.
Añaños Castilla dijo que si el Comité de Ética encuentra, tras una indagación preliminar, que hay indicios suficientes de infracción del código profesional, remite el expediente al Comité de Conteciosos, que se encarga de citar e interrogar a los involucrados, revisa documentos y analiza los hechos denunciados.
Indicó que de encontrarse responsabilidad en los investigados, el Comité de Contenciosos recomienda la separación temporal y hasta definitiva de la orden profesional. “De no encontrar responsabilidad se archiva el caso”, agregó.
Recordó que en el año 2003 fue separado por dos años del CMP un médico que fue encontrado responsable de participar en tráfico de órganos.
Según la denuncia periodística, una presunta red dedicada al tráfico de órganos que operaba en Lima pagaba siete mil dólares en promedio a personas de escasos recursos económicos por uno de sus riñones y otros órganos.
Este hecho fue denunciado en 2009 por el Ministerio de Salud y tras cuatro años de investigación, el Ministerio Público denunció penalmente ante el Poder Judicial a 66 personas, entre médicos, tramitadores y donantes.
El titular del 21° Juzgado Penal con Reos Libres de la Corte Superior de Lima, Christian Felipe Arámbulo Castro, tiene un plazo de quince días para pronunciarse sobre esta denuncia penal por delitos contra la tranquilidad pública, en la modalidad de intermediación onerosa de órganos y tejidos, así como por asociación ilícita para delinquir, en agravio de la sociedad.
En la denuncia formulada por el Ministerio Público se presenta además a un tercero civilmente responsable en los delitos antes mencionados, lo cual también será evaluado por el mencionado magistrado.