Tras haber sido desaparecido, según director de Cofopri. David Ramos López informó que al asumir el cargo en reemplazo de Omar Quezada tuvo que separar a diez jefes zonales para levantar imagen de Cofopri.
El director ejecutivo interino de Cofopri, David Ramos López, señaló que se pudo finalmente reconstruir el expediente de la adjudicación irregular de 30 hectáreas a favor del traficante de tierras Oswaldo Chauca Navarro por funcionarios de esa institución.
“El expediente original se había perdido o no había existido. Hemos logrado reconstruirlo”, dijo Ramos a una emisora local.
“Hoy (ayer) hemos emitido las resoluciones directorales 111-2010 y 112-2010, con lo cual se declara la nulidad del acto jurídico en cuanto a la adjudicación de estos terrenos, por lo que esto corre traslado a la Fiscalía y todas las dependencias del Estado”.
Señaló que según lo investigado Chauca y los demás solicitantes no poseían el predio ni tenían una actividad productiva, por lo que el Estado no debió haberles reconocido como titulares de los terrenos.
Recuperar imagen
David Ramos señaló que des-de su llegada a la dirección luego de la salida de Omar Quezada por las irregularidades reveladas por la prensa dentro de la institución se estableció una serie de medidas para cambiar la imagen de la institución.
“Se ha removido de sus puestos a diez jefes zonales y se ha rotado personal de confianza. Se amplió denuncia a otros a través de la Procuraduría. Todo el personal ha sido evaluado, todo el personal ha presentado sus declaraciones juradas para ver si tienen procesos judiciales”, sostuvo.
El director interino de Cofopri agregó que se ha implementado una gestión “absolutamente transparente, para lo cual se ha habilitado en la página web un link donde la gente puede hacer sus denuncias”.
Anulan irregular adjudicación
COFOPRI declaró formalmente la nulidad de los procedimientos y títulos de propiedad rural sobre 2 terrenos de 15 hectáreas cada uno, concedidos a Oswaldo Chauca Navarro, Mery Rosa Campos, Juan Carlos Quiñónez, Ana Salazar Olivares y Jorge Abanto Medina, en la zona de Chilca, provincia limeña de Cañete.
Según las dos resoluciones directorales publicadas ayer en El Peruano, el procedimiento administrativo fue irregular al vulnerarse diferentes etapas como la elaboración del diagnóstico físico-legal y la inspección de campo.
Por otro parte, este fin de semana, el fiscal a cargo del caso decidirá si formaliza denuncia contra los funcionarios de Cofopri implicados en la adjudicación de terrenos en Chilca.