Barrios señala que el proyecto del Ejecutivo que sanciona la difusión de información fiscal «tiene un trasfondo»

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La doctora Elvia Barrios, presidenta del Poder Judicial, reiteró su pedido al presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, para que «tenga más mesura» luego de que acusara a su institución de tener responsabilidad en la inseguridad ciudadana y de estar a favor de una destitución del mandatario Pedro Castillo.

«Yo una vez más tengo que pedirle al premier que tenga más mesura en sus expresiones. No se puede articular de manera eficiente cuando hay confrontación y ataque sistemáticos a las instituciones. Tenemos que construir y no obstruir los diálogos necesarios entre nuestras instituciones», señaló.

La titular de la Corte Suprema de Justicia recordó que el Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia y el Consejo de Estado son los dos espacios para tratar este tema. Agregó que en uno de estos encuentros se encontró con el jefe del Gabinete Ministerial y le pidió «que tenga mesura en sus expresiones porque con confrontación no vamos a llegar a ningún acuerdo».

Sobre la problemática de la inseguridad ciudadana, la magistrada consideró que «ninguna política pública es seria cuando hay un cambio permanente de quienes dirigen las instituciones». Agregó que la falta de convocatoria a las sesiones del Consejo de Estado «lo que hace es agudizar los problemas».

«Hoy vivimos una gran crisis política, económica y social y sin embargo no vemos medidas concretas. Es por eso que hemos pedido Consejo de Estado. Particularmente en mi caso yo estoy ad portas de tener un gran problema dentro del servicio de justicia que está asentado en la huelga generalizada que han anunciado las federaciones y el sindicato», indicó.

«Nosotros solo aplicamos la ley, no hacemos persecución política. Eso está claro», remarcó.

Ley de filtración «tiene un trasfondo»

En otro momento de la entrevista, Elvia Barrios cuestionó el proyecto de ley para sancionar a los jueces o fiscales que filtren información reservada de las investigaciones. Aseguró que es una «limitante a la libertad de prensa» y no consideró adecuado que se criminalice este comportamiento.

«Considero que tiene un trasfondo, creo que no es el tiempo ni la oportunidad en que ha tenido que presentarse y por lo demás hay que reconocer el trabajo que han hecho los medios de comunicación en muchos casos, a través de cierta información, develando casos importantes que han contribuido a sancionar a criminales», anotó.

La magistrada consideró que este proyecto del gobierno «no puede pasar por el Legislativo» porque -advirtió- «hay un trasfondo que va más allá de la sanción al juez y al fiscal que incumple sus obligaciones porque la sanción existe».

La titular del Poder Judicial opinó que el momento en el que se está presentando ese proyecto de ley «no es el adecuado» y cuestionó que con este tipo de medidas se está «sobrecriminalizando un comportamiento». Además, precisó que ya existe un catálogo de sanciones en el ámbito disciplinario.

«Lo primero que tengo que decir es que el Código Procesal Penal establece la obligación de jueces y fiscales de mantener la reserva del proceso. Si se incumple esa obligación, indudablemente están sometidos a un proceso disciplinario. La sanción puede llegar hasta la destitución del juez o el fiscal», indicó.

Sobre este tema, la Federación de Periodistas del Perú ha expresado recientemente su rechazo «categórico» al proyecto de ley que el Poder Ejecutivo envió al Congreso de la República que sanciona la difusión de información reservada en una investigación.

«Rechazamos y condenamos este tipo de coacciones y chantaje periodístico a quienes informan con la verdad. Con este proyecto de ley, estaría perjudicando la labor del periodismo de investigación, en el caso de aprobarse en el Pleno del Legislativo», señalaron.

A través de un comunicado, el gremio periodístico expresó su respaldo a las libertades de información, opinión y expresión «en todas sus formas». En ese sentido, alertaron que este proyecto de ley «busca sancionar hasta con cuatro años de prisión efectiva».

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