“Algunos jóvenes se están yendo a trabajar con el narcotráfico. No podemos tapar el sol con un dedo”, afirma con resignación el presidente de la Central Asháninka del río Ene (CARE), Ángel Pedro Valerio.
En el último informe sobre el crecimiento de hoja de coca que ha publicado la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida), se reporta que 24 pueblos indígenas u originarios son afectados por el explosivo crecimiento de los cultivos de la hoja de coca. La lista la encabeza el pueblo Asháninka.
En 2008 se registraron 7.963 hectáreas de cultivos de hoja de coca destinados al narcotráfico ubicadas en áreas con población indígena. En 2022, conforme el estudio técnico de Devida, subió a 18.076 hectáreas. ¡127% en 4 años! Y la tendencia es ascendente.
El líder asháninka Ángel Pedro Valerio lo reconoció, amargamente, a La República.
“Hay hermanos asháninkas que están metidos, cosechando, y hasta puedo decir que están trabajando como ‘mochileros’ (transportadores de droga) por la falta de oportunidades. Hay que ser realistas en estos temas. Cuando no hay oportunidad para nuestros hermanos, se meten en cosas fáciles y eso es lo que está pasando”, expresó Ángel Pedro Valerio.
De las 18.076 hectáreas de cocales sembrados en territorios de pueblos originarios, 5.486 hectáreas se encuentran en territorios asháninkas; 4.201 en predios quechuas; y 2.244 en áreas de los ticuna.
Los dirigentes indígenas saben que la presencia de los cultivos de hoja de coca atrae la delincuencia, la corrupción y el asesinato. Precisamente en zonas donde los narcotraficantes han conseguido promocionar los cultivos ilegales de hoja de coca, se han registrado homicidios de líderes indígenas.
Izq a der. Shipibo. Miguel Guimaraes Vásquez; Asháninka. Ángel Pedro Valerio y Shawi. Segundo Chuquipiondo Chota. Foto: composiciónLR
Coca y muerte
“Ya no queremos ser una cifra más de la estadística de los muertos”, dijo Segundo Chuquipiondo Chota, comunicador del pueblo Shawi, ubicado en Loreto. Esta región amazónica también se ha registrado un crecimiento exponencial de los sembríos de hoja de coca. En 2018, se reportaron 5.072 hectáreas, y en 2022, un total de 13.844 hectáreas. ¡173% más en 4 años!
En la región Ucayali, que también acoge a numerosos pueblos originarios o indígenas, Devida ha encontrado una situación similar. En 2018 se contabilizaron 2.565 hectáreas, y en 2022, una cifra de 14.531 hectáreas. ¡466% de crecimiento!
El vicepresidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), Miguel Guimaraes Vásquez, pertenece al pueblo Shipibo de Ucayali. Para Guimaraes, las alarmantes cifras sobre el avance de los sembríos ilegales de hoja de coca son una confirmación de lo que han advertido desde hace mucho tiempo. Pero no han tenido respuesta desde el Estado. Mientras no haya acción, el narcotráfico seguirá expandiéndose en los territorios indígenas, por lo que pondrá en peligro la vida de las comunidades, como Flor de Ucayali, donde pertenece Miguel Guimaraes.
“La comunidad de Flor de Ucayali hace bastante tiempo recibe amenazas. (Los narcotraficantes hasta) hacen volar drones para ver qué actividades estamos haciendo. Usan herramientas tecnológicas con el fin de hacer seguimiento a los comuneros y hay una tensión muy fuerte. Esta situación sobre el avance del narcotráfico la venimos denunciando hace tiempo, pero, poco o nada han hecho las autoridades para frenar los sembríos de hoja de coca. No hay seguridad ni apoyo por parte del Gobierno ni Policía. Por estos hechos, en Flor de Ucayali había un acuerdo para que la Policía fuera a patrullar cada semana, pero no se cumple”, relató Guimaraes.
El dirigente ha sido varias veces amenazado por hacer denuncias sobre tráfico de tierras y la existencia de deforestación de bosques primarios por el narcotráfico.
Narcos contra indígenas
“En el Ene hay como 4.000 hectáreas de bosques primarios deforestados para siembra de hoja de coca, pero Flor de Ucayali no es una comunidad que participa en esa actividad. Sin embargo, hay otras zonas como Aguaytía, Padre Abad, Callería, Iparía, donde hay hermanos indígenas metidos en esas actividades y ahí la situación es crítica, es una situación alarmante y complicada. Hay que ser conscientes”, explicó el vicepresidente de Aidesep.
Los narcotraficantes incluso promueven los cultivos de hoja de coca destinados a la producción de cocaína, en áreas en reservas comunales, como en El Sira, que abarca las provincias de Oxapampa (Pasco), Puerto Inca (Huánuco), y Atalaya y Coronel Portillo (Ucayali). En la reserva El Sira residen comunidades indígenas asháninka, yanesha y shipibo-konibo.
En ámbitos territoriales de estas comunidades indígenas se detectaron 234 hectáreas de hoja de coca en 2018, y 1.420 hectáreas en 2022. ¡Es un crecimiento de 507%! Pero también significa que el narcotráfico sostenidamente va ganando terreno.
Última víctima. Por oponerse al narcotráfico, fue asesinado el líder Santiago Contoricón. Foto: difusión
Para algunos dirigentes indígenas, como Ángel Pedro Valerio, el último año los cultivos de hoja de coca experimentaron un excepcional impulso debido a la decisión política del expresidente Pedro Castillo de no promover la erradicación.
“El crecimiento exponencial del narcotráfico que se reflejan en las cifras de Devida es resultado de la gestión del anterior Gobierno que trató de conciliar con los grandes cocaleros haciendo un pacto social con ellos. Desde entonces nosotros hemos visto que ha crecido exponencialmente el tema del narcotráfico. Claro, desde antes había sembríos de hoja de coca. Pero en el Gobierno anterior esto se acrecentó más, sumando el avance de las invasiones en nuestras comunidades para sembrar más y más hectáreas de hoja de coca”, relató.
“Para nosotros es preocupante porque tenemos muchos hermanos asháninkas con amenazas de muerte que no tienen seguridad. Nuestros líderes y jefes de comunidades están expuestos a esta situación y el informe de Devida refleja que el Estado no hace nada para frenar el avance del narcotráfico en el valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem)”, argumentó el líder indígena Ángel Pedro Valerio.
Los episodios de asesinatos de dirigentes de pueblos indígenas también registran un incremento.
Los líderes entrevistados comentan que solo se acuerdan de ellos cuando asesinan a algunos de ellos. Los crímenes cometidos por los narcotraficantes es una forma de someter bajo el miedo a las comunidades. Así consiguen avanzar. Los pueblos originarios están dispuestos a enfrentar a las organizaciones criminales, pero no pueden hacerlo solos, mientras que los delincuentes están provistos de armamento y de tecnologías.
Lo que hace falta
“Con la erradicación de los cultivos de hoja de coca no hay avances. Entran a las chacras durante 15 días, no erradican ni el 50% de los cultivos y se van. Los que trabajan en las actividades ilícitas siguen allí y vuelven a trabajar con más fuerza porque pasarán años hasta que retornen las brigadas de erradicadores. Nuevamente, crece la deforestación y es una situación de nunca acabar. Además, el asesinato de los líderes indígenas es el resultado de esta situación, a la falta de una respuesta concreta de las autoridades competentes”, apuntó el vicepresidente de Aidesep, el líder shipibo Miguel Guimaraes.
Según el informe de Devida, se han detectado en 2022 un total de 13.994 hectáreas de cultivos de hoja de que comprometen áreas de 295 comunidades.
Como ha sido mencionado por los líderes indígenas entrevistados por este diario, el Gobierno de Castillo desaceleró el proceso de erradicación de los cultivos de hoja de coca. Devida al presentar el estudio informó que los cultivos de hoja de coca subieron a 95.008 hectáreas en 2022, un 18% más respecto a 2021. Y atribuye el alza al Gobierno de Castillo.
Sin embargo, medio año después, no se ha hecho público la nueva política del Gobierno de Dina Boluarte. Mucho menos en el caso particular de los pueblos originarios afectados por al avance de los cultivos de hoja de coca alentados por los narcotraficantes.
“Hay algunas personas que argumentan que por la necesidad apoyan como mano de obra al narcotráfico. Pero esta actitud puede cambiar si se aplican políticas públicas para fortalecer la economía indígena desde el territorio y, a la vez, puedan acceder a la educación y salud de calidad”, señaló Segundo Chuquipiondo, de la comunidad Shawi.
Eliminación sistemática de líderes indígenas
El pasado 8 de abril de este año, el dirigente y líder asháninka Santiago Contoricón Antúnez fue asesinado con arma de fuego por sicarios en la comunidad de Puerto Ocopa, distrito de Río Tambo, provincia de Satipo, Junín. Santiago era parte del Comité de Autodefensa de Puerto Ocopa.
PUEDES VER:
El asesinato de Santiago Contoricón está asociado a su defensa constante del territorio comunal de Puerto Ocopa y su colaboración con las fuerzas especiales de la Policía Nacional para frenar y erradicar el narcotráfico, que opera en asociación con los remanentes senderistas, liderada por Víctor Quispe Palomino.
El 2 de agosto de 2022, el líder awajún Genaro Comisario Bitap fue asesinado en la comunidad de Villa Saramiriza, distrito de Manseriche, provincia de Datem del Marañón, Loreto. Se dedicaba a velar por los intereses de su pueblo en el distrito de Manseriche.
El 19 de abril de 2022, el líder y profesor nomatsiguenga del valle de Pangoa, Ulises Rumiche Quintimari, fue ejecutado con un disparo en la cabeza. Rumiche era gerente de Desarrollo de Pueblos Originarios de la Municipalidad Distrital de Pangoa, de la provincia de Satipo, en Junín, y era uno de los líderes de la organización Kajun-Pangoa que agrupa 57 comunidades que luchan en la defensa de sus territorios.
El 3 de diciembre de 2021, el líder asháninka de la comunidad de La Paz de Pucharini (distrito de Puerto Bermúdez, Oxapampa, Pasco), Lucio Pascual Yumanga, fue encontrado muerto por heridas de bala.
El 17 de mayo de 2020 fue asesinado el líder indígena asháninka de la comunidad de Nuevo Amanecer del Hawai (ubicado en la unión de tres Regiones: Pasco, Junín y Ucayali) Gonzalo Pio Flores. Era defensor de los derechos indígenas y del territorio y se encontraba en contra de la presencia de actividades ilegales.
