La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) expresó su rechazo al nuevo gabinete presidido por el primer ministro Héctor Valer, quien fue denunciado por su hija y su difunta esposa por agresión física. La asociación señaló que este Consejo de Ministros es un atentado contra los derechos de las mujeres.
“Este gabinete no garantiza la lucha contra la corrupción ni la defensa de la institucionalidad democrática, es un atentado contra los derechos de las mujeres, genera una fuerte preocupación frente a los derechos de los pueblos indígenas y de las víctimas del conflicto armado interno. Además, ha dejado de lado las demandas de cambio social, a las que se comprometió (el jefe de Estado)”, manifestó la Coordinadora.
La red de organizaciones que defienden los derechos humanos recordó que Valer Pinto “ha recibido graves denuncias de violencia contra la mujer, lo que es una afrenta y una amenaza latente” a los derechos de ellas. Por esta razón, añaden, está descalificado para el cargo.
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Agregan que la situación se agrava debido a la presencia de “una ministra de la Mujer que reniega del derecho a la igualdad entre niñas y niños”, en referencia a la congresista Katy Ugarte, quien se ha mostrado en contra del enfoque de género, aunque tras ser designada como titular de la cartera de la Mujer aseguró que no dará “marcha atrás en la implementación de leyes y políticas con enfoque de género, así como la lucha contra las diversas formas de violencia hacia la mujer”.
Otros ministros cuestionados
Asimismo, la Coordinadora se refirió a otros integrantes del gabinete que están siendo criticados, entre ellos el ministro del Interior Alfonso Chávarry y el de Cultura Alejandro Salas, quienes “son seriamente cuestionados por sus antecedentes, expresiones o denuncias que los vinculan con un machismo que vulnera derechos, una violencia política expresada en el terruqueo y a una red de corrupción que atentan contra la institucionalidad democrática”.
Precisaron, además, que tener un gabinete como el actual frente a un estado de Emergencia, en donde los derechos deben estar garantizados, es peligroso. “En ese sentido, advertimos también que la suspensión de los derechos solo opera en relación con el tráfico de drogas y la delincuencia. Por todo esto, demandamos la conformación de un nuevo gabinete ministerial”, concluyeron.