(EFE)

Según este portavoz, Repsol envió una carta a Enarsa en la que se dice que “en virtud de varios aspectos”, como el impago de un anterior cargamento y las peticiones de la empresa argentina para que aumentaran los precios de futuras partidas y se ampliaran las fechas para entregar estas, el contrato se considera “nulo por falta de cumplimiento”.

La expropiación del 51% de las acciones que Repsol tenía en la petrolera argentina YPF también era indicativa de que el contrato no se iba a cumplir, según este portavoz.

La compañía española informó, además, que esta cancelación de contrato podría llevarla a “reclamar daños” a Enarsa.

Fernanda, personaje interpretado por la actriz Nataniel Sánchez, se realizó una prueba de embarazo y esta dio un resultado negativo, causando la alegría extrema de Joel, interpretado por Erick Elera.

Al parecer, esta reacción dará pase a un nuevo cambio en estos personajes. Sin embargo, nada está dicho.

“Al fondo hay sitio” debutó en la televisión peruana en marzo del 2009 y se prevé que terminé sus emisiones a finales de este año.

La funcionaria apuntó que el déficit se debe a que solo hay 18 mil de estos especialistas en el Perú, frente a los 40 mil colegios que existen a nivel nacional.

El Nicanor Rivera es, justamente, uno de los planteles que carece de psicólogo. Ante ello, el Ministerio Público ha señalado que coordinará con uno de estos profesionales para que brinde ayuda a los menores implicados.

Al respecto, la directora Victoria Salsavilca calificó este hecho como fortuito y dijo que el ‘bullying’ no existe en los niños. Afirmó que solo se presenta entre los adolescentes. “En mi colegio no hay bullying. Me molesta que la prensa maneje la psicosis social. Quieren crear pánico”, expresó a Perú21.

Al referirse al niño agresor, indicó que este era un “buolonista”, palabra que simplemente no existe y que refleja el poco conocimiento que tiene la educadora sobre el tema. Agregó que el menor viene atravesando problemas familiares porque sus padres se están divorciando.

También negó haber intentado sobornar a la sereno de Barranco porque, dijo, “nadie tiene la culpa”.

ACUÑA DEBE ACLARACIÓN
El 13 de setiembre del 2010, a tres semanas de las elecciones en las que se reeligió, el alcalde de Trujillo,César Acuña, firmó la Resolución de Alcaldía Nº 995-10, por la que autorizó la distribución de cerca de medio millón de soles entre 251 comedores populares de 11 distritos. Las 251 solicitudes obligatorias existen, pero ingresaron al municipio de manera bastante particular.

INFOS tuvo acceso al reporte impreso del software con el que la Oficina de Trámite Documentario recibió y registró las solicitudes.

En el documento se aprecia también cómo el sistema no les asignó hora de ingreso a las mismas y cómo ingresaron en un solo bloque y el mismo día. Además, cuenta con el sello y firma de una conocida notaría de la ciudad. La evidencia que halló INFOS ha sido puesta a disposición de la Fiscalía Anticorrupción.

SOLICITUDES EN CUESTIÓN
Por si fuera poco, las fechas de recepción registradas por la municipalidad se contradicen: mientras que en los cargos sellados en las solicitudes figura como fecha de ingreso el 17 de junio del 2010 (domingo), en la imagen de arriba puede apreciarse cómo, para el software, estas entraron el 26 del mismo mes.

Se supo que la Fiscalía Anticorrupción de Trujillo viene esperando la aprobación para la contratación de un perito informático que ayudará a verificar si los software de la comuna provincial fueron vulnerados por terceros.

Asimismo, luego de la intervención que hiciera al municipio hace un mes, la Fiscalía ha seguido solicitando la entrega de información a una serie de oficinas ediles. La investigación continúa.

DATOS

- Perú21 informó también que las solicitudes fueron llenadas con la misma letra.

- INFOS identificó hasta tres tipos de caligrafía en el llenado de las mismas, lo que corrobora las versiones de las dirigentes de los comedores consultadas.

- Un video da cuenta de que ellas no llenaron las solicitudes. Al contrario, se las dieron solo para firmarlas y beneficiarse con el dinero a pocas semanas de las elecciones.

El arzobispo de Lima, Juan Luis Cipriani, recibió el respaldo del obispo de Chachapoyas, monseñor José Ignacio Alemany, y del
padre Raúl Pariamachi, superior provincial de la Congregación de los Sagrados Corazones, en su decisión de no renovar la licencia pastoral del sacerdote Gastón Garatea.

Alemany sostuvo que muchas veces al cardenal Cipriani “se le falta el respeto como persona” a a raíz de esta polémica decisión respecto del padre Garatea.

Por su parte, el obispo de Chimbote, Luis Bambarén, opinó que Garatea tiene el derecho de acudir a Roma y apelar.

Damián Retamozo

La referida entidad admite a trámite denuncia de tres consorcios contra la ordenanza edil Nº 1538 que busca que el servicio vehicular urbano cuente con unidades modernas y no contaminantes.

Carlos Contreras Ch.
 

Otra intervención de Indecopi que preocupa. Esta vez decidió admitir a trámite una denuncia contra la ordenanza Nº 1538, presentada por tres consorcios que agrupan a empresas de transporte público, una de ellas la controvertida Orión.
 

La demanda presentada ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección Intelectual (Indecopi) precisa que la Municipalidad Metropolitana de Lima habría actuado en “una presunta imposición de barreras burocráticas ilegales”.
 

Los tres consorcios que tratan de evitar la reforma emprendida por el concejo limeño son Empresarial del Callao S.A (Conecsa), en el que participa la controvertida empresa Orion. También el Consorcio Inversiones Los Ángeles del Perú S.A y el Consorcio Inversiones M. Milan S.A.C. 
 

La denuncia de estas agrupaciones de empresas de transporte público de interconexión entre Lima y Callao fue admitida el 10 de mayo, según la resolución Nº 114-2012 de Indecopi.
 

Estas empresas demandan: 
 

1) Que se suspenda el congelamiento para incrementar la flota ya existente, como lo establece el municipio a través de la ordenanza Nº 1538. 
 

2) Que no sea obligatorio registrarse ante la Gerencia de Transporte Urbano de Lima para prestar el referido servicio en la capital.
 

3) Que no se exija incorporar al transporte público vehículos con las nuevas características y especificaciones técnicas que el municipio de Lima exige como condición para prestar dicho servicio en las rutas de interconexión.  Esto en clara alusión a las exigencias para usar el nuevo Bus Patrón. 
 

4) El último punto  demandado por estos consorcios es omitir el cumplimiento de los estándares mínimos de emisión de gases contaminantes, conforme a la ordenanza 1538 que establece el concejo metropolitano.
 

Indecopi, por el momento, parece darles la razón a estos consorcios al aceptar a trámite la denuncia por “presunta imposición de barreras burocráticas ilegales y carentes de razonabilidad”.
 

Increíblemente, Indecopi decidió incorporar en esta resolución a la Municipalidad Provincial del Callao como “tercero administrado”, otorgándole las obligaciones de participar en el presente procedimiento.
 

A las dos municipalidades, la de Lima y el Callao, les concede el plazo de cinco días hábiles para que formulen sus descargos, presentando información que permita evaluar la legalidad y “razonabilidad” de la presunta barrera burocrática ilegal. Es decir, los concejos deben responder este lunes.
 

Al respecto, Héctor Rubio, representante legal de la Gerencia de Transporte Urbano del concejo de Lima, informó que ya presentaron una solicitud de prórroga de 15 días ante Indecopi para presentar su defensa. “El lunes (en que se vence el plazo) esperamos que Indecopi emita una resolución que presente esta prórroga. De no hacerlo,  estaríamos presentándolo ese mismo día.  Nuestros argumentos son viables”, concluyó.
 

Delia Farje, secretaria técnica de la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas del Indecopi, explicó que la demanda de los citados consorcios cumplieron los requisitos del Texto Único de Procedimientos Administrativos.❧

El primer fallo polémico 
 

El viernes 4 de mayo, Indecopi emitió una resolución que le abrió las puertas a la empresa de transporte Solidaridad para que circule nuevamente por la avenida Túpac Amaru. Esta decisión paralizó el Plan de Desvíos que ejecutaba en esa avenida el municipio de Lima desde noviembre del 2011, cuando modificó las rutas de más de 50 empresas de transporte.
 

Después de varias opiniones, la comuna de Lima presentó el recurso de apelación el jueves 10. Recién cuatro días después, Indecopi dejó sin efecto su decisión de permitir a las combis pasar por la Av. Túpac Amaru. Ahora Indecopi tiene cerca de 120 días para dar un pronunciamiento definitivo.

En cifras

32 mil unidades de transporte público  se calcula que habría en Lima y Callao. La Ordenanza Nº 1538 busca evitar el ingreso de más vehículos.
 

65% de limeños considera que el transporte público es un verdadero caos.

Claves

El 6 de agosto del 2011 una cúster de la  empresa Orión conducida por Weimer Huamán atropelló al reportero gráfico Ivo Dutra (25), quien falleció a los 6 días en la clínica San Felipe.
 

El 11 de febrero, otro chofer de la compañía Orión, Rossel Ortiz, dejó al ingeniero Samuel Cerón Escobar (24) en coma. El chofer tenía  en su haber 88 infracciones de tránsito impuestas en los últimos 10 años.

En el documento presentado en la comisión se les imputa delitos como malversación de fondos y colusión. Existe polémica entre congresistas por recomendación para investigar a la Universidad San Martín de Porres.

Martín Hidalgo Bustamante
 

La Comisión que investiga las presuntas irregularidades del gobierno pasado presentó el informe preliminar sobre las obras de refacción de los denominados Colegios Emblemáticos en el gobierno aprista.
 

En el documento, al que La República tuvo acceso, se responsabiliza al ex ministro de Educación y actual rector de la USMP, José A. Chang, y otros seis funcionarios del sector, de  presuntos delitos de omisión de funciones, malversación de fondos, entre otros. Además, se recomienda ampliar el plazo de investigación para un examen especial a la Universidad San Martín de Porres.
 

El informe preliminar que será sometido a votación el jueves para su aprobación comienza sus conclusiones señalando las irregularidades cometidas mediante el Decreto de Urgencia N° 004-2009, el cual –se indica– permitió la ejecución de 77 obras a nivel nacional mediante contratación directa para la elaboración de expedientes técnicos, supervisión y ejecución de obras por el monto de S/. 1 251,203,350.70. 
 

“Estos decretos fueron emitidos sin cumplir con disposiciones legales y constitucionales, específicamente sin atender lo dispuesto en el inciso 19) del artículo 118 de la Constitución”, agregan.
 

Los cargos
 

En otro punto, se determina que algunas instituciones educativas han sido consideradas como emblemáticas a pesar de no serlo, lo que habría ocasionado perjuicio económico al erario nacional por S/. 45’922,498.15 en cinco obras ejecutadas, al no respetar los importes considerados en estudios, expedientes y códigos SNIP al haberse contratado y pagado mayores montos.
 

Según el informe, habría presunta concertación de funcionarios del Ministerio de Educación que intervenieron, como Asabedo Fernández Carretero (secretario general), Luis Huaylinos Maraví (jefe de OINFE),  Jorge Guevara Zapata ( jefe de la  Oficina General de Administración y encargado de Abastecimientos); y de igual modo alcanza responsabilidad a José A. Chang Escobedo, por haber sido titular del Pliego. 
 

Todo ellos estarían presuntamente inmersos en  los ilícitos penales, relacionados con Delitos Cometidos Por Funcionarios Públicos, en la modalidad de Malversación de fondos  y Colusión tipificados en los artículos 389º y 384  del Código Penal respectivamente, por que habrían beneficiado a los proveedores como ejecutores 

de obra de las empresas.
 

El informe determina, además, “presunta intervención  del  ex ministro José A. Chang, al permitir que empresas relacionadas a su entorno, tales como Corporación Ejecutora de Obras SAC (CEDOSA), Pérgola SAC y Building SAC e Instituto de Vivienda  Urbanismos y Construcción – IVUC, participen en contrataciones con el Estado en el Sector Educación que dirigía, por lo que habría incurrido presuntamente en Delitos Cometidos Por Funcionarios Públicos en la Modalidad de Abuso de Autoridad previsto y penado en el artículo 376º del Código Penal, al haber actuado con la clara intención de sacar ventaja y provecho en perjuicio de los fondos del Estado”. 
 

Por ejemplo, el arquitecto proyectista Vicente Rojas Rosalino, quien trabajó en Building SAC entre octubre del 2000 y julio del 2008, y luego el 2010 y 2011, consigna como experiencia en la actividad haber participado en el diseño de diferentes obras al interior de la citada universidad. Además de la “remodelación del departamento del Ing. Chang en La Molina, la casa de Guevara en Chosica, la casa playa de Bao y la casa de García, en La Molina”, según sus propias palabras  citadas en el informe.
 

Es por ello que en las recomendaciones del mismo se pide a la Unidad de Inteligencia Financiera para que investigue a la Universidad San Martín de Porres. Asimismo, se solicita al Pleno del Congreso pedir una amplición del plazo de investigación para realizar un “examen especial” a las empresas que habrían tenido relación entre el Ministerio de Educación y el ente universitario.
 

El informe cita el análisis de los Estados Financieros de la Universidad, que obra en el portal de la Superintendencia de Mercado de Valores, donde se analiza la existencia de un incremento en el patrimonio neto de dicha entidad. Esto respecto al periodo 2011 con S/. 206’552,000.00, en relación al año próximo anterior 2010 que en la misma cuenta presentaba el monto de S/. 31’027,000.00. ❧

Alan García: “Que investiguen, pero si no es cierto… que renuncien”
 

El ex presidente Alan García desafió a los miembros de la megacomisión que investiga la construcción de colegios emblemáticos en su gestión.
 

“Estoy dispuesto a ser investigado y ser acusado de lo que sea pero si se descubre que eso no es cierto, que los que acusaron renuncien públicamente. Yo los desafío. Ese es mi punto de vista”, manifestó. 
 

Más temprano, el congresista Javier Velásquez se presentó sin aviso a la ‘Megacomisión’ que presentaba el informe preliminar y dijo que no iba en nombre del ex ministro José A. Chang, sino por toda la gestión aprista y sobre la investigación a la USMP dijo que algunos congresistas piensan que pueden investigar lo que quieran. “La Constitución es el límite y la comisión está facultada para investigar el manejo de los recursos públicos”, apuntó.
 

Agregó que el hecho de que una autoridad universitaria haya sido funcionario del gobierno no implica que el Congreso pueda investigarlo. “Mercedes Aráoz ha sido ministra de Economía y no vamos a cometer el error de investigar a la Universidad del Pacífico”, acotó.
 

El presidente de la Megacomisión, Sergio Tejada, precisó que si existe corrupción en el Estado vinculada a empresas privadas tienen el derecho de investigarlas. 

Conclusiones
 

exoneraciones. Se señala un perjuicio económico de S/. 7’659,677.63 por haber cambiado los términos de referencia para favorecer a las empresas contratistas en las exoneraciones de procesos en cuatro colegios emblemáticos. Se acusa a Jorge Luis Guevara Zapata, Asabedo Fernández Carretero, Luis Huaylinos Maraví, Pedro Morales y César Escate por malversación de fondos y colusión.
 

penalidades. A Guevara, Morales y Huaylinos también se les imputa no cautelar los intereses del Estado al haber efectuado el cálculo por penalidad a contratistas en menor monto del que correspondía. Se dejó de cobrar S/. 2’187,942.50.
 

Los cheques. La investigación también indica que habría indicios suficientes para investigar a Luis Huaylinos por las transacciones que superarían los $150 mil dólares en octubre del 2009, en dos bancos peruanos.  De igual forma a Pedro Morales por la transacción financiera de S/. 234,067.35; así como a los familiares directos del funcionario Asabedo Fernández por la transacción financiera superior a los $45,500.00 durante el mes de junio de 2010.

Tenía solo 16 años.

Melissa Bassi tenía 16 años cuando murió. Ella se encontraba en en el colegio femeninoFrancesca Morvillo Falcone, localidad de Brindisi (Italia), donde ocurrió un atentado que también dejó a otras siete estudiantes heridas. El atentado consistió en la explosión de balones de unos balones de gas butano apoyadas en un muro del centro educativo.

La víctima acababa de descender del autobús escolar hacia las 7:45 a.m. cuando la explosión la alcanzó de lleno, explicaron fuentes de la investigación. Entre los heridos se encuentra otra adolescente, Veronica Capodieci (16), quien tiene quemaduras en todo el cuerpo y de un trauma torácico abdominal.

Bassi falleció en una ambulancia cuando era conducida al hospital local, mientras que dos de las estudiantes heridas sufrieron quemaduras en el 40 por ciento del cuerpo. La explosión fue tan potente que destruyó todos los cristales del colegio así como los de los edificios colindantes, en un radio de 200 metros.

De momento se cree que los balones fueron detonados a distancia cuando el grupo de chicas que llegaron en autobús desde la localidad de Mesagne se dirigían al colegio.

El atentado ha enlutado a Italia, cuyo primer ministro, Mario Monti, dijo sentirse “horrorizado”, mientras que el Vaticano calificó el atentado de “horrible y vil”.

Los investigadores no descartan ninguna posibilidad e hicieron notar la relación de la cercanía del 20 aniversario de la muerte de Giovanni Falcone y Francesca Morivillo (juez antimafia y su esposa) con el atentado de hoy (murieron el 23 de mayo de 1992), aunque tampoco descartan que sea obra de un desequilibrado. (Con información de EFE)

Atestado policial la responsabiliza por los delitos contra la fe pública : falsedad ideológica y falsa certificación médica.

Caso Ciro Castillo. La Policía de Estafas de la Dinincri determinó que Rosario Poncepresentó un certificado médico de contenido falso, con el propósito para no estar presente en una diligencia de la Fiscalía Corporativa de Arequipa, que la citó en julio del año pasado cuando todavía no encontraban a Ciro.

Este hecho responsabiliza a la estudiante por los delitos contra la fe pública en la modalidad de falsedad ideológica y falsa certificación médica. El atestado policial con estas conclusiones ya fue entregado a la 24 Fiscalía Provincial Penal de Lima.

La Policía presentó varias pruebas como certificados médicos de medicina legal, testigos y un video donde se aprecia a la estudiante divirtiéndose en un pasacalle, los mismos días que decía estar mal y no poder ir hasta Arequipa.

El certificado médico de Rosario señalaba que presentaba estrés post traumático por la dramática experiencia que vivió en el Colca y fue presentado a la Fiscalía de Arequipa para justificar su inasistencia a la reconstrucción que se dio el 21 de julio del 2011, que se consideraba necesaria para que se determine por dónde estuvo Ciro.

“Esto demuestra que la imputada no ha colaborado con las diligencias de la Fiscalía y tendrá que afrontar la denuncia”, señaló Juan Medina, el abogado de la familia  Castillo Rojo. (Con información de El Popular)