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JNE propone aplicar el procedimiento de flagrancia a los casos de dádivas en la campaña electoral

Los Tejos

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), doctor Víctor Ticona Postigo, solicitó al Congreso de la República tomar en cuenta la propuesta de la institución para aplicar el procedimiento de flagrancia a los casos de dádivas en la campaña electoral, procedimiento que determinará con prontitud si procede la exclusión de candidatos mediante una sentencia judicial.

 Recordó que el Código Penal, en su artículo 356,  reconoce  hace varios años el delito de “inducción al voto”, por lo que, paralelamente al procedimiento administrativo en la ONPE, los casos de quienes incurran en esta situación se remitirían al Ministerio Público para que proceda conforme a sus atribuciones.

 “El fiscal podrá determinar si hay suficientes pruebas de la comisión del delito y solicitar su juzgamiento mediante proceso inmediato. La exclusión del aspirante en campaña se produciría como consecuencia de una sentencia condenatoria”, precisó.

 El doctor Ticona refirió que el proyecto de Código Electoral que presentó al Legislativo, en abril pasado, propone modificar el artículo 42 de la Ley de Organizaciones Políticas para que este delito sea tramitado a través de un proceso inmediato que se resuelva en horas o en escasos días.

 El documento, remarcó, también recomienda que las multas por entrega de dádivas sean entre 10 y 100 unidades impositivas tributarias (UIT), dependiendo de la gravedad y alcance del hecho. En una situación agravante, cuando la conducta prohibida se realiza ante varias personas, la multa se fijaría entre 80 y 100 UIT.

Dijo que también se plantea la responsabilidad solidaria entre el candidato y la organización política para el pago de la multa, figura que actualmente no contempla la legislación electoral.

 El titular del JNE subrayó que dichas propuestas están orientadas a evitar que se genere un ambiente de incertidumbre en el país, así como a facilitar la labor de los organismos electorales, sobre todo en las próximas Elecciones Regionales y Municipales de 2018, en el que participarían 115 mil candidatos.

 El dictamen aprobado en primera votación por el pleno del Congreso determina la gradualidad de la infracción. En un primer momento, el infractor se hace acreedor a una multa y, en caso de reincidencia, procede su exclusión, situación que  genera carga procesal e incertidumbre en la definición de candidaturas.

 Lima, 9 de octubre de 2017

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